El Gobierno socialista portugués negocia con el FMI la obtención de un crédito de 300 millones de dólares

Las autoridades portuguesas comenzaron ayer negociaciones en Lisboa con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo stand by (de disposición inmediata), al fin de obtener un préstamo de 300 millones de dólares (unos 45.000 millones de pesetas). El Gobierno de Mario Soares ya se ha adelantado en la aplicación de algunas de las medidas típicas de los saneamientos. que impone el FMI a condición de conceder sus créditos: devaluación de la moneda y fuertes incrementos en los precios de algunos bienes de consumo muy significativos.

Por otra parte, y como se esperaba, con ocasión de su primera visita a París, en calidad de ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno presidido por Mario Soares, el socialista Jaime Gama recordó a su homólogo francés declaraciones hechas por el presidente Mitterrand al inicio de su mandato: las adhesiones de Portugal y España al Mercado Común son casos distintos, que merecen tratamientos diferenciados, y, sobre todo, Portugal, que plantea a los diez dificultades de adaptación mucho menores que la integración española, no "debe ser castigado por el atraso de las negociaciones con Madrid".Para Mario Soares, que inició en 1976 el proceso de adhesión de Portugal a la CEE, se trata más bien de una cuestión simbólica, de principio, ya que Jaime Gama insistió en que Portugal aceptaría que la integración de pleno derecho, y la ratificación de todos los instrumentos de adhesión, sea ya simultánea con la de España en 1986. Los temas europeos fueron los dominantes en esta primera visita oficial del nuevo jefe de la diplomacia portuguesa, pero las relaciones bilaterales merecieron también sus atenciones. El Gobierno de Lisboa está preocupado con la situación de cerca de un millón de portugueses residentes en Francia y con los rumores insistentes acerca de eventuales limitaciones del Gobierno francés sobre las transferencias de divisas de los emigrantes hacia sus países de origen.

Georgina Dufoi, secretaria de Estado para la Emigración, que asistió el pasado día 11 al almuerzo de trabajo de Cheysson y Gama, ha reafirmado pública mente que los trabajadores extranjeros seguirían autorizados a portar, sin limitaciones, el valor de sus salarios, pero existen problemas al margen de los mecanismos legales.

Remesas de divisas

Se sabe, en Lisboa, que los emigrantes transfieren para Portugal mucho más que el valor de sus ingresos declarados en Francia, y que una parte sustancial de este dinero no transita legalmente a través de los bancos franceses y portugueses.

Este dinero entrado clandestinamente, a salto alimenta en proporción importante el tráfico de divisas y el contrabando, que el nuevo Gobierno de Lisboa se propone controlar.

Un más apretado control de los movimientos de fondo entre los dos países puede ser, en este momento, del interés de los Gobierno de Lisboa y París, siempre que no perjudique una de las más importantes fuentes portuguesas de divisas extranjeras.

Finalmente, Jaime Gama abordó con Claude Cheysson el tema de la renegociación del acuerdo sobre utilización de la base de las Flores, por Francia. En la isla situada al extremo occidental del archipiélago de Azores, los franceses han instalado una base de telecomunicaciones y rastreo de satélites. La posición estratégica de la isla y la importancia de la estación, en el contexto, por ejemplo, del programa de exploración del cohete europeo Arianne, llevan al Gobierno portugués a juzgar necesaria una revisión del acuerdo firmado en 1977.

Por último, y en relación también con Portugal, el ministro del Mar, Carlos Melancia, expondrá públicamente el próximo día 27 la posición del Gobierno de Lisboa en lo que concierne a las líneas fundamentales de su departamento, a las que habrá de acomodarse la posición negociadora ante España.

Carlos Melancia responderá, según informa la agencia Efe, a la última propuesta del secretario español de Pesca, Miguel Oliver, en el sentido de habilitar lo antes posible un acuerdo de corta duración y carácter provisional para que se reanude la actividad pesquera.