La ejecutiva de la central UGT critica la exención de incompatibilidades al personal de las Cortes

La comisión ejecutiva confederal de UGT, que se reunió ayer en Madrid, ha criticado duramente la exención de los funcionarios de las Cortes del régimen de incompatibilidades, mediante su Estatuto de Personal, recientemente aprobado, y ha dicho que "es un atentado contra la moral pública tolerar situaciones de privilegio a costa del dinero de todos".La ejecutiva del sindicato socialista, después de manifestar su actitud contraria a "cualquier excepcionalidad en las incompatibilidades de los funcionarios", ha pedido al PSOE que "exija de sus cargos públicos el cumplimiento de la letra y el espíritu del programa que presentó al electorado con motivo de las pasadas elecciones legislativas", al tiempo que solicita una tramitación rápida del proyecto de ley de incompatibilidades.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sáenz Cosculluela, hizo público ayer un comunicado en el que dice que el Estatuto del Personal de las Cortes constituye "la culminación de un esfuerzo hecho en esta legislatura por organizar y racionalizar los servicios de las Cámaras, que hasta la fecha carecían de normas precisas y de regulación normativa suficiente".

Cosculluela dice "que este esfuerzo normativo consolida la creación de nuevos servicios de asesoramiento y cobertura al parlamentarismo español, por los que vienen esforzándose las Mesas de las Cámaras, para superar la escasez de apoyos técnicos adecuados que sufrían los parlamentarios", y que el Estatuto del Personal de las Cortes "establece mecanismos de control presupuestario y de gestión que van a introducir un mayor orden en la gestión administrativa y económica que se venía desarrollando en las Cortes Generales".

"El Estatuto y las disposiciones de la Mesa", sigue Cosculluela, "han tratado de implantar progresivamente, mediante el reconocimiento de la dedicación exclusiva, situaciones de incompatibilidad que antes no se producían, lo cual supone un importante progreso respecto a la situación de la anterior legislatura. Ni el grupo socialista, tan exigente al imponerse a sí mismo incompatibilidades no ex¡gidas por la ley, ni las mesas del Congreso y del Senado pueden imponer incompatibilidades generales no establecidas por ley, por lo que el Estatuto del Personal avanza en una dirección que solamente podrá culminar en la exigencia generalizada de incompatibilidades cuando éstas se regulen con carácter general por ley para el ámbito de la función pública. Ese es el momento adecuado para que el Estatuto del Personal de las Cortes contemple mecanismos que hoy no es posible imponer".

Cosculluela añade que no hay, por lo anterior, contradicción entre las Mesas parlamentarias y la voluntad política del Grupo Socialista, que no puede aceptar como verdadera o cierta la imagen de enfrentamiento institucional. "Ambos, Mesas y grupo", termina Sáenz Cosculluela, "seguirán trabajando compenetradamente para que, lo antes posible, sea aprobada una ley de incompatibilidades de la función pública que permita aplicar sus principios a otros ámbitos funcionariales".