¿Para qué sirven los jueces?

LA AUDIENCIA Provincial de Madrid ha condenado a Rafael Escobedo a 53 años de cárcel por considerarle autor del asesinato de sus suegros, los marqueses de Urquijo. Dada la alta probabilidad de que ese fallo sea recurrido ante el Tribunal Supremo, el caso, sin embargo, no ha quedado cerrado. Mientras no exista sentencia firme, el proceso seguirá abierto, y tanto la acusación como la defensa podrán argumentar en favor de sus tesis y aportar, en caso de prosperar los recursos, nuevos testigos y pruebas acusatorios o exculpatorios.La enorme expectación popular despertada por el juicio de los marqueses de Urquijo ha creado una demanda informativa cuya insaciabilidad puede dar lugar a formas degeneradas de oferta periodística. Ahora bien, tan rechazable sería transformar conjeturas en afirmaciones, convicciones morales en hechos ciertos o intuiciones en dogmas como ocultar pruebas, que deberían ser entregadas a los tribunales, a fin de utilizarlas en una especie de juicio paralelo para dejar en ridículo a los jueces. Cualquiera de los dos supuestos sería inadmisible, sin que la libertad de expresión pueda ser esgrimida como coartada de la flagrante violación de otros bienes igualmente amparados por la Constitución. Tal ha ocurrido, sin embargo, con el reportaje publicado por un semanario de gran difusión, que ha sentado en el banquillo y condenado por su cuenta, como autores, cómplices o encubridores del asesinato de los marqueses de Urquijo, no sólo a Rafael Escobedo, sino también a otras cinco personas que ni siquiera han sido procesadas. Para mayor perplejidad, los supuestos hechos son oficiosamente atribuidos a un funcionario del Cuerpo Superior de Policía que investigó el caso. Y para mayor audacia, el reportaje fue publicado en vísperas de que la Audiencia Provincial dictase sentencia.

Una de dos: o bien el reportaje descansa sobre pruebas ciertas, en cuyo caso sus autores deberían haberlas entregado a la justicia en lugar de secuestrarlas hasta que la vista oral concluyera, o bien esa reconstrucción hipotética de los hechos no tiene otro soporte que la imaginación fabuladora y una azarosa lógica, en cuyo caso carece de todo valor procesal y entraría de lleno en el campo de la calumnia. No se puede defender, en cualquier caso, que la información aparecida en ese semanario ayude en lo mas mínimo a que la justicia resplandezca, las instituciones del Estado sean respetadas, la Prensa gane en credibilidad y la sociedad española progrese por el difícil camino del aprendizaje de los valores democráticos. Frecuentemente se pasa en este país de una ciega adoración por las instituciones, rémora de un pasado en el que aparecían como becerros de oro, a estos desafueros particulares que, pretendiendo operar como supuestas instancias paralelas, desprecian con bochornosa arrogancia los elementos constitutivos de un Estado.

Desconocemos cuál pueda ser la cobertura probatoria de esas afirmaciones que implican en el doble crimen no sólo al condenado, sino también a su padre, al hijo de las víctimas y a otras tres personas. Pero parece evidente que, de existir tales evidencias acusatorias, deberían haber sido aportadas al sumario y no utilizadas al margen y como ingredientes para nutrir un sensacionalismo periodístico que con su misma alharaca parece querer atribuirse la voz más rotunda y justiciera en este pleito. Porque, efectivamente, si esa historia truculenta fuera sólo fruto de la mente de un lector de novelas policiacas o de un policía deseoso de ser leído como protagonista de una novela, el perjuicio causado al prestigio del poder judicial con la difusión de esa explicación alternativa sería tan difícil de reparar como el daño inferido a las cinco personas mencionadas en el reportaje. Lo que finalmente ha quedado demostrado en el juicio de Escobedo es la falta de profesionalidad de unos policías acostumbrados a trabajar a base de hábiles interrogatorios e incapaces las más de las veces de presentar pruebas. Pruebas, y no conjeturas, es lo que los jueces de un Estado de Derecho necesitan para condenar a los culpables. Pero habrá que volver sobre un caso como este, que ha puesto en evidencia, todo a un tiempo, la endeblez de una gran cantidad de instituciones: policía, judicatura y Prensa, entre ellas.