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Las universidades privadas se regirán por sus normas específicas

La Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados terminó ayer el dictamen del proyecto de ley de Reforma Universitaria (LRU), que la semana próxima será debatido por el Pleno extraordinario de la Cámara. Ante las dudas suscitadas por la oposición sobre el alcance de la ley, el PSOE ratificó que la mayor parte de la LRU afecta a las universidades públicas, y sólo el título VIII y los principios generales contenidos en el preliminar a las universidades privadas. Para el caso de que estas universidades se financien con fondos públicos, será necesaria una ley que establezca su control social.

Esta última afirmación no figura en el texto de la futura ley, pero se desprende de la intervención realizada ayer por Luis Berenguer, en nombre del Grupo Socialista, y de las manifestaciones realizadas a este periódico por el mismo diputado y por el alto cargo de la Secretaría de Estado para Universidades, Alfredo Pérez Rubalcaba. Para ambos, el alcance que el PSOE ha querido dar a esta la ley ha estado claro desde el primer momento, a pesar de las "aparentes dudas" del Grupo Popular.Por lo demás, según afirmaron, el Gobierno no tiene voluntad de financiar universidades privadas y, en caso de hacerlo, de acuerdo con la Constitución, sería precisa una ley orgánica, en la que habría de constar el control y gestión social de las mismas. En todo caso, según se aprobó ayer, el Gobierno determinará con carácter general "el número de centros y las exigencias materiales y de personal mínimo necesarios que deberán reunir las universidades privadas para su reconocimiento". La homologación de los títulos expedidos por las universidades privadas corresponde también al Gobierno.

Sin perjuicio de estos condicionamientos, la LRU extiende la libertad de creación de centros docentes garantizada por el artículo 27.6 de la Constitución, al establecer que "comprende la libertad de creación de universidades y de centros docentes de enseñanza superior de titularidad privada". Y para que no queden dudas, se aprobó ayer a propuesta del PSOE un artículo nuevo, el 59, según el cual estos centros privados "se regirán por sus propias normas de organización y funcionamiento". Berenguer señaló al diputado del Grupo Popular, Manuel Díaz-Pinés, que esta puede ser la percha para que las universidades privadas incorporen a sus consejos sociales representantes de los colegios profesionales, como deseaba para las públicas.

Claustros no progresistas

Entre las enmiendas aceptadas a la Minoría Catalana -cuya actitud pragmática obtuvo más rendimiento que la testimonial de la Minoría Vasca-, figura la relativa a una disposición transitoria sobre la composición del claustro universitario constituyente. Algunos sectores socialistas habían planteado una composición tripartita y paritaria que asegurara el carácter progresista de dichos claustros, a los que compete la elección de rector y la elaboración de los primeros estatutos. Un 30% serían profesores numerarios, un 30 % profesores no numerarios, un 30% estudiantes y el 10% restante representantes de personal de administración y servicios. Frente a esta posición, se aprobó que un mínimo del 50% serán profesores doctores y que "deberá haber" representantes de los estudiantes y el personal citado.Además de confirmar la integración de los profesores agregados de Universidad en el cuerpo de catedráticos, por una nueva disposición introducida ayer, las universidades "podrán contratar con carácter permanente profesores asociados de nacionalidad extranjera, previo informe favorable del Consejo de Universidades".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de julio de 1983

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