El Ministerio de Hacienda introduce modificaciones económicas en el proyecto de ley de educación

El artículo relativo a la intervención del Estado en los convenios colectivos entre los empleados de la enseñanza privada y los titulares de los centros, redactado en el borrador de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), ha sido suprimido en el texto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado miércoles, día 29. Esta modificación se ha producido, según informaron fuentes económicas gubernamentales, a petición del titular de Hacienda, Miguel Boyer, que en la reunión ministerial mencionada mostró su desacuerdo con algunos aspectos económicos de la LODE.

El apartado del proyecto de ley que regula los aspectos económicos de la concertación entre el Estado y los titulares de los centros de enseñanza privada figuraba redactado en el borrador de la siguiente manera: "Los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados comprenderán las cantidades siguientes: las retribuciones del personal docente del centro, incluidas las cargas sociales; los gastos de funcionamiento del centro docente". "Las retribuciones del personal docente serán abonadas por la Administración al profesorado, por orden de la entidad titular del centro. A tal fin, el titular del centro facilitará a la Administración las relaciones del personal correspondiente, así como sus eventuales modificaciones"."La Administración del Estado", proseguía la redacción textual, ahora suprimida, Intervendrá en la negociación colectiva del convenio de la enseñanza entre profesores y titulares de centros concertados a los efectos de asegurar que la cuantía total de la masa salarial se ajuste a las previsiones presupuestarias correspondientes".

Ayer no fue posible conocer las diferencias exactas entre el borrador y el texto finalmente aprobado por el Gobierno por dos razones: de un lado, el ministerio de Educación sólo ha facilitado un resumen del proyecto de ley, el mismo resumen que se repartió a los informadores el pasado miércoles cuando el ministro José María Maravall compareció a la conferencia de prensa, con el portavoz Eduardo Sotillos, para dar cuenta del contenido del proyecto aprobado; y por otro lado, fuentes solventes han asegurado a EL PAÍS que hasta ayer mismo el texto ha sufrido nuevas modificaciones, en su apartado económico, debido a la oposición que mostró el ministro de Hacienda, Miguel Boyer.

El pago directo por parte del Estado a los profesores de la enseñanza privada, establecido en el borrador y reafirmado en el texto aprobado, a juzgar por las declaraciones de Maravall, choca directamente con el interés de Boyer de reducir el gasto público. Boyer teme, asimismo, no poder satisfacer las demandas de los profesores de la enseñanza privada de equiparar sus salarios con los percibidos por los profesores de la escuela pública, ya que existe una diferencia salarial de alrededor del 16% en favor de los enseñantes en las escuelas del Estado.

Los sindicatos del sector privado de la enseñanza, por otro lado, están planteando la posibilidad de exigir a la Administración del Estado dicha equiparación salarial, ya que, a fin de cuentas es el Estado quien, según la LODE, les paga. Esta circunstancia es contemplada con especial cautela por el ministro Boyer, quien teme tener que disparar el presupuesto publico si se quieren atender las demandas de los trabajadores, extremo éste al que no parece dispuesto por su ya conocida política de reducción del gasto publico. Así las cosas, desde que el Gobierno aprobó el proyecto de la LODE hasta ayer mismo han continuado las negociaciones entre representantes de Educación y Hacienda para lograr armonizar las tesis de los dos ministros implicados. Tanto fuentes de Hacienda como de Educación insistieron, no obstante, en que éstas han sido las únicas diferencias, y que no ha habido enfrentamientos a causa del fondo de la ley.

Por lo demás, el artículo del borrador de la LODE en el que se especificaba la participación del Estado en la negociación de los convenios colectivos ha sido suprimido, entre otras razones, "para no interferir en una contratación que es privada", ya que, aunque pague el Estado, es el titular del centro quien firma el contrato con los profesores o lo rescinde, llegado el caso.

Tan delicada fórmula podría plantear problemas jurídicos, de carácter laboral, a pesar de que existe una salvaguarda en la LODE para el Estado: "Las retribuciones del personal docente serán abonadas por la Administración al profesorado, por orden, de la entidad titular", dice el proyecto. En Educación se piensa que con esta frase, el Estado no tiene que responder ante un conflicto laboral, pero en Hacienda se han exigido más garantías que fueron incorporadas ayer a la LODE, después de la reunión del Consejo de Ministros.