Desalojada parte de la sala en la última sesión del juicio por el asalto 'ultra' al bar San Bao

El juicio por el asalto al bar San Bao quedó ayer visto para sentencia tras los informes realizados por los letrados de la acusación particular y la defensa. En el transcurso de la sesión, que se inició una hora más tarde de la prevista, parte del público (dos bancos de los diez que tiene las sala) fue expulsado de la sala por alterar el orden en la misma, cuando la letrada de la acusación, Cristina Almeida, afirmaba que la Cruz de los Caídos no era propiedad de los procesados y que "ese momento lo reivindicamos todos, porque caídos hubo en todos los lados".

Las acusaciones elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicitaban 96 años de reclusión para Juan Domingo Martínez Lorenzo por asesinato consumado, tres asesinatos frustrados y amenazas, 85 años para Hurtado López y Minteguiaga por los mismos delitos y amenazas con armas; 85 años para Madrazo Herrero, Barranco López de Saa, Alcalá Neches, y García Calvo, y 56 años para Fernández de Landa, Ruíz Aguado y Navarrete. Las defensas pidieron la absolución.El juicio se reanudó a las 17.30, una hora más tarde de lo previsto debido a la ausencia de Joaquín Cabanillas, defensor de Alcalá y Barranco. Otro de los abogados, Gerardo Quintana, se hizo cargo temporalmente de su defensa. Las acusaciones, Pablo Catellanos, Cristina Almeida y Juan Francisco Martín de Aguilera, señalaron que el asalto al bar San Bao era un delito terrorista y que no se sentaban en el banquillo todos los que tenían que estar, mientras que había otros que no tenían que estar. Castellanos calificó de paradójico el que el partido al que pertenecen los acusados esté clamando por la muerte de guardias civiles en el País Vasco cuando en la sala de justicia se insulta a esos mismos guardias imputándoles la realización de malos tratos. Añadió que los hechos eran constitutivos de un delito de asesinato consumado y tres frustrados, así como de amenazas.

Imprudencia de Falange

Cristina Almeida afirmó que hubo imprudencia en la actuación de Falange Española y su jefe provincial Alonso Collar. Agregó que muchos de los procesados no están arrepentidos de los hechos, mientras que parece acreditado que Madrazo, García Calvo y Ruíz Aguado, ni siquiera entraron en el bar San bao.

Martín de Aguilera afirmó que los hechos tienen que atribuirse a Falange Española, pues esa organización fue la que puso todos los condicionantes para que ocurriera. Dijo también que no se pueden hacer discriminaciones en la conducta de los que concurrieron al bar San Bao, pues llevaban un mismo fin.

Los defensores solicitaren la absolución por entender que sus patrocinados no habían participado en los hechos que se les imputan. Añadieron que la prueba testifical río ha pasado de ser una pura anécdota, porque testigos que al día siguiente de los hechos no reconocían a nadie, pasados tres años reconocieron a los procesados con claridad meridiana.

Gerardo Quintana señaló que los argumentos de la acusación no tienen base jurídica y que hay un hueco en el banquillo de los acusados para que se siente Falange Española. Para mí, dijo, no hay juicios políticos, sino hechos, pruebas y piezas de convicción y no se ha probado que las pistolas que figuran en la vitrina fueran utilizadas en el asalto al bar San Bao.

Arturo Castillo y Juan Carlos Moraga, señalaron en brevísimos informes que sus patrocinados no habían participado en los hechos y que nadie había podido demostrar lo contrario. Los restantes defensores, Manuel Tuero y Joaquín Cabanillas, solicitaron igualmente la absolución de sus defendidos, argumentando que ninguno de los testigos había reconocido a los mismos sin ninguna duda y que debía aplicarse el principio de indubio pro reo.