El sector de la construcción barcelonés se opone a la desaparición de los controladores de empleo
La comisión de intrusismo del sector de la construcción de Barcelona, en la que participan, desde 1981, la patronal y los sindicatos mayoritarios, ha dirigido en los últimos meses diversas protestas a la Dirección Provincial de Trabajo de Barcelona por la reciente reestructuración de las funciones de los controladores de empleo y su desvinculación de la Inspección de Trabajo. La citada comisión ha realizado en los últimos años una importante tarea contra el fraude al desempleo en la construcción y la proliferación de contratos irregulares de autónomos. Esta labor, según fuentes vinculadas a la comisión, experimenta ya retrocesos por el traspaso funcional de los controladores de empleo al Instituto Nacional de Empleo, su desvinculación de la Inspección de Trabajo y el cese en acciones directas sobre el fraude al desempleo.
La proyectada reestructuración del Instituto Nacional de Empleo y la vinculación a las oficinas de empleo de los controladores, dedicados desde hace dos años a tareas de inspección directa contra el fraude al desempleo, ha originado ya desde hace un mes y medio la paralización de, las tareas hasta ahora realizadas. A las protestas de la comisión de intrusismo de la construcción se han sumado en las últimas semanas las del cuerpo de controladores con destino en Barcelona, que han elaborado un documento en el que ponen de manifiesto las desventajas de la citada reestructuración.Los objetivos de la nueva planificación del INEM en Barcelona se inscriben en la intensificación del control de los contratos al amparo de ayudas de fomento al empleo.
También se intensifica a corto plazo el control indirecto sobre el fraude al desempleo, a la par que se disminuye el control directo del mismo a las empresas en los propios centros de trabajo y se acerca progresivamente a las oficinas de empleo al controlador de empleo, para su reconversión en técnicos de empleo.
Entre las argumentaciones contrarias al proyecto esgrimidas por los controladores destaca la enumeración de consecuencias . económicas y sociales provocadas por la desvinculación de la Inspección de Trabajo y del proyecto tendente a suprimir el control de empleo. Ello provocará irremediablemente, según los controladores, la falta de recursos imprescindibles para realizar las labores de vigilancia y control, tanto en materia de empleo como de seguridad social.
Aseguran asimismo los controladores que la proyectada ausencia del controlador de empleo en los centros de trabajo anula el efecto disuasorio que originaba la actuación de campo de los controladores. Las citadas medidas, según las mismas fuentes, provocarán el aumento del mercado negro de trabajo y de la competencia desleal entre empresas que utilizan aquél.
Los controladores de empleo, a requerimiento de la comisión de intrusismo, de actuación propia o de otras denuncias, efectuaron, durante 1982, 7.559 inspecciones, de las que 1.694 correspondían a irregularidades en materia de empleo y bonificación y otras 1.230 a infracciones de seguridad social.
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