La Seguridad Social espera que se acojan a la moratoria casi 300.000 millones de pesetas en deudas acumuladas

El aplazamiento y fraccionamiento de deudas a la Seguridad Social servirá para regularizar cerca de 300.000 millones de pesetas, sobre una cifra histórica de morosos próxima a 800.000 millones, según estimaciones oficiales. Algo más de la tercera parte -unos 100.000 millones- procederá del sector público, al que el Gobierno ha dado Instrucciones de que todas las empresas y organismos se acojan a esta posibilidad de pagar a partir del próximo año y en un plazo de hasta 36 meses, con sólo el 8% de interés. Para los débitos restantes -otro medio billón de pesetas- hay previsto un seguimiento más ágil y duro. Pero oficiosamente se habla de la imposibilidad de recuperar al menos 300.000 millones, por corresponder a empresas desaparecidas o insolventes desde hace tiempo.

Las cifras sobre solicitudes registradas hasta finales de mayo -3.348 empresas, con una deuda total de 27.000 millones- son algo inferiores a las esperadas inicialmente por altos cargos de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, tras considerar que puede haber tenido algún efecto el anuncio de la ampliación de plazo desde finales de mayo a finales de junio, han ratificado sus estimaciones iniciales. Otro elemento de confianza ha sido el apoyo social recibido.Según fuentes de la Seguridad Social, los sindicatos mayoritarios y la patronal CEOE han respondido favorablemente a la operación, recomendando a las empresas que la secunden. Después de unas reservas iniciales, la cúpula empresarial ha aconsejado a todas sus organizaciones provinciales que las empresas afiliadas se acojan.

La ampliación del tiempo de solicitud ha sido razonada, precisamente, en la necesidad de que todas las empresas, y en especial las pequeñas y medianas, hayan podido informarse sobre las ventajas e inconvenientes de la medida. Ahora, una vez que se extinga con este mes el plazo definitivo, la Tesorería General de la Seguridad Social dispondrá durante todo julio para señalar posibles defectos o denegar el acceso a los beneficios del aplazamiento y fraccionamiento.

Los responsables de la Seguridad Social, según fuentes informadas, piensan aplicar amplitud de criterios para otorgar tales beneficios a las empresas que cumplan los requisitos del decreto, que apareció el pasado 30 de marzo en el Boletín Oficial del Estado. Todas aquellas sociedades que no hayan recibido notificación en contrario antes de que termine julio gozarán de los beneficios, salvo que no cumplan con el requisito de pagar las cuotas ordinarias devengadas desde principios de 1983 o si la compañía deja de cumplir cualquiera de los plazos fijados para la deuda.

Sector público

Para el sector público se han dado instrucciones en el sentido de que ninguna empresa u organismo deje de ponerse al corriente. Sin contar a las corporaciones locales, que disfrutan de autonomía respecto a las directrices impartidas, el conjunto de dicho sector absorbe un 14% de las deudas totales.

Algo más de la mitad del total, en concreto un 8% sobre los impagados históricos a la Seguridad Social, corresponde a las sociedades del Instituto Nacional de Industria, que adeudan entre 60.000 y 65.000 millones de pesetas.

Otro de los grandes deudores actualmente en el sector público es el grupo de empresas de Rumasa. En principio se estima que las sociedades del holding de la abeja tendrán que pagar más de 11.000 millones de pesetas por atrasos. Pese a la instrucción general, ya prestaron en las últimas semanas los avales bancarios necesarios para formalizar la solicitud.

Con todo, a los 100.000 millones que se estima supondrá la regularización de deudas del sector público se suma casi otro tanto de empresas privadas, para las que se han manejado estimaciones de nuevas solicitudes de aplazamiento que van desde los 50.000 a los 100.000 millones, inclinándose más por la segunda cifra. Pero hay otra partida, cercana también a los 100.000 millones, de operaciones de moratoria realizadas en los últimos años. El decreto prevé que éstas pueden incorporarse a la actual. Lo hagan o no las empresas, esa masa de 100.000 millones quedará incorporada a la regularizada dentro de los 800.000 totales, pues seguirán vigentes las moratorias pactadas en su día.

Para los 200.000 millones de pesetas que la Administración considera recuperables, una vez descontados 300.000 millones correspondientes a empresas que entraron en situación de insolvencia hace años, las condiciones de recuperación han sido endurecidas o lo serán todavía más en los próximos meses.

Mayor agilidad en los ejecutivos

Gracias a un reciente acuerdo entre la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General del Tesoro, los órganos de recaudación del Ministerio de Economía y Hacienda se encargarán del cobro en vía ejecutiva de las deudas contraídas por las empresas con la Seguridad Social. La agilización de cobros por esta vía permitirá llegar al embargo en un plazo de un año, frente al de cinco habitualmente alcanzado hasta ahora. Asimismo, la informatización de la red permitirá enviar los requerimientos previos en un mes, cuando antes a veces tardaban años.

No obstante, las magistraturas de Trabajo seguirán también ocupándose de los ejecutivos, con facultad para llegar a su vez a acuerdos sobre aplazamientos que eviten el embargo. Por todas estas medidas, fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han indicado que las recaudaciones mantendrán durante el presente año una evolución excelente. De los 20.000 millones de pesetas que se espera conseguir por mejora de gestión, la mayor parte procederá de la puesta al día obligada por el aplazamiento y de la mayor celeridad en los cobros ejecutivos.