Miles de millones de pesetas se evaden anualmente de España para pagar el contrabando de tabaco rubio

Los contrabandistas del tabaco evaden cada año miles de millones de pesetas en concepto de pago de la mercancía a proveedores extranjeros, abonado generalmente en divisas fuertes. El monto de esta evasión oscila entre los 9.000 y los 12.500 millones de pesetas, según el sistema que se emplee para calcular las entradas de tabaco clandestino, más modestas según la casa fabricante de Winston -principal marca del mercado de contrabando- que las estimaciones oficiosas de Tabacalera. La investigación de las autoridades sobre los traficantes ilegales prosigue con Intensidad, mientras existen indicios de que los más importantes han reducido temporalmente su actividad.

El contrabando de divisas es el corolario de unas "operaciones comerciales" con intermediarios que prefieren el pago en dólares norteamericanos, marcos alemanes o francos suizos, y además de forma inmediata. Las autoridades no descartan la posibilidad de que mafias dedicadas hasta ahora al tabaco reestructuren su negocio hacia actividades más peligrosas, pero todavía más lucrativas, si se ven muy acosadas.La expansión del tabaco rubio en los últimos años, en coincidencia con la permisividad de las autoridades hacia el contrabando, fue la gran. oportunidad de las organizaciones clandestinas. Hace sólo cinco años, el mercado legal vendía un 18% de tabaco rubio y un 82% de negro; desde entonces se ha reducido la distancia, hasta el punto de que las previsiones para 1983 están situadas en un 42% de rubio y un 58%. de negro. Pese a la diferencia de precios, fruto de los mayores impuestos que pesan sobre el rubio, este último ha penetrado rápidamente en los gustos de los españoles de la mano de dos marcas líderes: Fortuna entre las nacionales, y Winston, entre las extranjeras.

100 millones de dólares

Según fuentes de Tabacalera anualmente entran en España entre 250 y 300 millones de cajetillas ilegales de tabaco rubio. Tomando la estimación más baja de las ofrecidas, puede calcularse en 12.500 millones de pesetas el dinero que los contrabandistas pagan por disponer de la mercancía. Al cambio esa cifra se aproxima a los 100 millones de dólares, que no es una cantidad ¡impresionante desde el punto de vista económico, pero añade gravedad al problema en un país con déficit crónico en su balanza comercial.

La casa R. J. Reynolds, fabricante de la marca Winston, estima inferiores las entradas de tabaco ilegal: unos 150 millones de cajetillas de su marca y pequeñas cantidades de las demás. Pero la mayor discrepancia en los datos manejados por ambas entidades reside en la participación de dicha marca en el mercado legal y en el ¡legal. Según el monopolio de tabacos, en 1982 se vendieron 210 millones de cajetillas de la marca citada he chas en España -diferenciada por el sello marrón de los paquetes- y otras tantas del fabricado en Norteamérica e importado ilegalmente. En cambio, para R. J. Reynolds las ventas clandestinas de su marca suponen sólo un tercio del total.

A mayor abundamiento, el grupo norteamericano gana menos dinero con el tabaco de su marca hecho en España que con el vendido a otros intermediarios e introducido ilegalmente en nuestro país.

La multinacional y el Estado

Diputados socialistas y directivos de Tabacalera afirman, en privado, que la Reynolds no hace todo lo que puede para controlar el contrabando, y que en el fondo obtiene mayores beneficios de los que parece con el comercio ilegal. Entre otras razones, mencionan la enorme presencia de la marca mencionada en los alijos de contrabando y lo "increíble" de la versión ofrecida por dicha casa, en el sentido de que no puede hacer más para controlar el contrabando, pese a tratarse de una poderosa compañía.

Por su parte, medios vinculados a la Reynolds alegan, también en privado, que su posición en contra del comercio ilegal es indudable, pero que el control del contrabando corresponde a las autoridades gubernativas y no a una compañía comercial. Tras indicar que el Gobierno actual está aplicando precisamente los métodos aconsejados en su día por la multinacional, y que son los utilizados en otros países afectados por ese problema, los mismos medios añaden que sería "poco inteligente" tratar de obtener beneficios del comercio ¡legal, arriesgando con ello nuevos contratos, limitaciones de publicidad o progresos en otros terrenos dentro de nuestro país.

Frente a la velada amenaza de políticos socialistas y de directivos de Tabacalera, en el sentido de que si la multinacional no coopera más eficazmente podría llegarse a la ruptura del acuerdo para la distribución legal de su tabaco en España, los medios vinculados a esta compañía no dejan de mencionar que tal vez perdiera en ello más España que la multinacional y sugieren que los rumores existentes podrían obedecer a presiones para mejorar las posiciones de Tabacalera en las negociaciones en curso con la Reynolds.

El Estado ha acentuado la lucha contra el contrabando por varios motivos, entre los cuales ya se ha mencionado la necesidad de poner fin a una puerta de entrada ilegal al país. Una de esas razones es de política económica y social: no se trata tanto de reducir una agresión grave a nuestra economía como de poner fin a la impunidad del fraude, generadora de resistencias a otros proyectos de saneamiento social.

Pero incluso los motivos económicos no son nada despreciables. La Hacienda Pública pierde entre 25.000 y 30.000 millones de pesetas por año en virtud de los impuestos que dejan de recaudarse por el tabaco vendido ¡legalmente. Estas pérdidas se suman a la evasión de divisas, cuantificada entre 9.000 y 12.500 millones de pesetas por el pago de la mercancía, amén de cantidades más difíciles de evaluar en concepto de beneficios que salen del país o que ni siquiera llegan a entrar.

'Contribución' obligada

Es decir, a cada español le sale por un pico el negocio que otros hacen con el comercio ilegal de tabaco: es como si cada contribuyente tuviera que destinar, anualmente, unos miles de pesetas al conjunto de los contrabandistas, tanto si fuma como si no.

Nadie ignora que los consumidores pagan por el tabaco un precio muy superior al coste real del mismo: con este producto, la Hacienda española, y la de otros muchos países, recaudan una parte de los ingresos públicos. En concreto, la fiscalidad del rubio supera ampliamente el 50% del precio de una cajetilla. Para el consumidor individual puede ser poco divertido que los veinte cigarrillos del paquete normal lleguen envueltos en tantos impuestos, pero tampoco ahorra mucho si los adquiere en el comercio ilegal. Los contrabandistas -principalmente el importador, y en menor medida los escalones de distribución- se quedan más o menos, con la parte que en el comercio legal correspondería, al Estado.

Por otro lado, el negocio del contrabando se desenvuelve en condiciones muy especiales. Las gentes dedicadas a ello están obligadas a pagar con rapidez en condiciones tanto o más leoninas cuanto más pequeño es el tamaño de la empresa. Y los grandes importadores operan en divisas fuertes, con lo cual añaden un tráfico ilegal de moneda a lo que ya supone, de por sí, la introducción y distribución masiva de mercancía clandestina en nuestro país.