La batalla jurídica contra el contrabando se presenta más difícil que la policial y fiscal
La gran batida policial y fiscal contra el comercio ilegal, cuyo escenario principal es actualmente el sur de Galicia, ha de tener su consecuencia lógica en la batalla jurídica ante los tribunales. No resulta fácil obtener pruebas para juzgar a los presuntos implicados, y la calidad de la asesoría legal con que cuentan estos últimos hace pensar que la batalla legal va a ser compleja.
Cuando se visita las instalaciones judiciales de Pontevedra y se observa, aunque sea de forma somera, los medios con que cuentan, es fácil hacerse una idea de los problemas que aguardan a la investigación. Jueces obligados a intervenir en decenas de asuntos cotidianos tienen que atender, además, a los sumarios abiertos por asuntos en los que la complejidad técnica se une a las dificultades esencialmente jurídicas. Y aunque los titulares de los juzgados mantienen al respecto una gran reserva, otros sectores implicados en la investigación no ocultan su preocupación.A ello se añade el hecho de que los detenidos por presunta relación con delitos de contrabando cuentan con un buen asesoramiento legal. Uno de los abogados que se dedican a ello declara: "Mis clientes me pagan muy bien; ¿por qué no voy a hacerme cargo de su defensa?" Hay quien sospecha que este asesoramiento es la razón de que personas investigadas por asuntos relativos al contrabando se declaren insolventes y de que muchos de los coches o lanchas aprehendidos aparezcan como de alquiler, entre otros recursos
Uno de los sumarios más importantes, entre los ya abiertos, es el que se refiere a la captura, a finales de mayo, de los barcos mercantes Cedar y Tessa, de bandera panameña, que llevaban el más importante alijo de tabaco aprehendido hasta ahora en Europa. La operación permitió detener y procesar a 19 tripulantes, aunque dos de ellos consiguieron escapar y no han sido hallados. El gobernador civil de Pontevedra ha puesto este caso como ejemplo de las consecuencias negativas de la falta de coordinación: la autoridad gubernativa fue advertida excesivamente tarde.
Posición de los barcos
Un letrado de Villagarcía se ha hecho cargo de las primeras actuaciones, esencialmente referidas a una rebaja de las fianzas establecidas por el juez instructor para conceder a los procesados la libertad provisional, que se elevan, en conjunto, a cerca de 1.000 millones de pesetas. Aunque el citado ahogado espera la llegada de varios colegas extranjeros para llevar la defensa, el planteamiento está esbozado: los letrados orientarán su tarea a demostrar que los dos mercantes, sobre todo el de mayor tonelaje, estaban en movimiento cuando fueron apresados, y en que no hay pruebas de su supuesta conexión con embarcaciones menores para el tráfico ilegal; mientras, los servicios estatales que intervinieron en la aprehensión han aportado informes sobre la evidencia de esa conexión, amén de fotografías realizadas desde el avión del servicio aduanero. Estas imágenes, cuya nitidez no es buena, han sido incorporadas al sumario y es probable que sobre ellas gire buena parte de la polémica legal.Hasta la entrada en vigor de la ley anticontrabando, que fue promulgada en julio de 1982, las autoridades no tenían capacidad para apresar barcos cargados con mercancía clandestina mientras éstos se situaran fuera de las aguas jurisdiccionales españolas. Dicho procedimiento permitía: situar toneladas de tabaco a 12 millas de nuestras costas con absoluta impunidad; todo era cuestión de enviar a tierra los cargamentos a través de lanchas rápidas, cuyos tripulantes no arriesgaban en ningún caso la cárcel, también debido al vacío legal.
En la actualidad, el delito de contrabando está penado con prisión menor (de seis meses a seis años) cuando la mercancía aprehendida supera el millón de pesetas, así como en los casos en que se demuestra que el delito ha sido cometido por una organización. Esta última circunstancia hace que las autoridades traten de probar la conexión entre el barco en alta mar y las lanchas que se dirigen a tierra.
