200 jefes y oficiales de la Policía Nacional se suman a la querella contra la USP

Cerca de 200 jefes y oficiales destinados en la Policía Nacional se han sumado a la querella criminal interpuesta contra los dirigentes de la Unión Sindical de Policías, a quienes piden una fianza de 100 millones de pesetas "para asegurar las responsabilidades pecunarias que en definitiva se decretaren", según se indica en el propio texto de la denuncia. La querella se interpuso después de que la USP difundiera el 18 de febrero pasado un comunicado en el que, entre otras cosas, se afirmaba que los jefes y oficiales del Ejército destinados en la Policía Nacional "son los primeros en tratar indignamente a los policías".

Siete dirigentes de la USP, entre ellos su secretario general, Modesto García, han prestado declaración estos últimos días ante el Juzgado de Instrucción número seis de Madrid, y se han ratificado en los términos del comunicado, pero han precisado que la difusión del mismo no tenía la intención de injuriar a la institución militar. Sin embargo, en el texto de la querella, que fue encabezada por el coronel jurídico de la Policía Nacional Juan Cortés, se afirma que el contenido del comunicado puede tipificarse "como injurias graves a clases o cuerpos determinados del Ejército".En el mismo texto se indica que el comunicado de la USP "es injurioso para el Ejército en general", y se precisa que el comunicado de la USP "no sólo es injurioso, pues entraña una expresión proferida en deshonra, descrédito y menosprecio de un grupo de personas, sino que, además, es calumnioso, pues atribuye a los jefes y oficiales del Ejército una conducta penalmente reprochable cuando se dice que ordenan misiones a los policías, impropias de sus fimciones, vejatoria para su dignidad y contrarias a su cometido profesional".

Añaden los querellantes, que han utilizado el mismo texto para adherirse a la querella, que el presunto delito puede revestir mayor gravedad si se considera que sus autores son funcionarios públicos, en este caso miembros del Cuerpo Superior de Policía.

'Espíritu antimilitarista'

En otro punto de la querella, se señala que el comunicado de la USP "no tiene más finalidad que la de poner en entredicho al Ejército en general, aunque se utilice el cauce de injuriar a un determinado grupo de pertenecientes al mismo". "No se trata de una defensa de intereses profesionales, se trata de poner en tela de juicio la actuación de unos jefes y oficiales, dando publicidad a ello para desprestigiar a una institución que es fundamental para el país, con misiones específicas reconocidas en la Constitución. En el fondo del comunicado no late más que un espíritu antimilitarista que, sin duda, embarga y ciega a sus autores".

Finalmente, los querellantes piden el procesamiento de los autores del comunicado, "y que presten fianza en cuantía de 100 millones de pesetas, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva se decretaren".

El comunicado de la USP fue difundido por la agencia de noticias Europa Press, poco después de que en los distintos medios de comunicación se comentara que algunos jefes y oficiales del Ejército destinados en la Policía Nacional habían amenazado con abandonar el Cuerpo si no era anulada una orden de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, según la cual los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía debían dirigir, planificar y coordinar el servicio del 091. Muchos militares interpretaron que esa orden relegaba a los jefes de la Policía Nacional a simples transmisores de las directrices de los inspectores.

Los militares que se han sumado a la querella están destinados en diferentes unidades de diversas provincias. Inicialmente, también quisieron sumarse grupos de militares no destinados en la Policía Nacional, pero se les comunicó que convenía que sólo lo hicieran los militares del cuerpo policial. Se da la circunstancia de que el general inspector de la Policía Nacional, general de brigada Félix Alcalá-Galiano Pérez, no se ha sumado a la querella por motivos no revelados. Los abogados defensores en la causa que se instruye son, por parte de los jefes y oficiales, el militar retirado José Antonio Suárez de la Dehesa, y, por la USP, José María Mohedano.