Plan de estabilización 'versus' ajustes selectivos
La autora reflexiona sobre la conveniencia de aplicar una política de ajustes selectivos como alternativa al plan de estabilización que diversos sectores de la vida económica española están pidiendo, como política económica básica para salir de la crisis.
Desde distintos sectores de opinión se viene propiciando la adopción en nuestro país de aquel conjunto de medidas de política económica que integran un plan de estabilización.Cabe afirmar que parte de esas medidas han sido ya adoptadas, en lo que se refiere a los tipos de cambio y de interés. Serios esfuerzos se han realizado ya en el ámbito fiscal, donde se ha estabilizado el ritmo de crecimiento del déficit público, si bien en este campo cabrían, evidentemente, más fuertes ajustes. Restaría por utilizar la política de rentas.
Un plan de estabilización consiste en la adopción de una serie de medidas macroeconómicas cuya incidencia sobre el sistema económico es, necesariamente, genérica, no discriminatoria. El sistema en su conjunto recibe un tratamiento no diferenciado, de forma que las disfunciones que se registran en el mismo, los desequilibrios básicos persisten, bien que atenuados por el rigor de las medidas adoptadas. Ello puede dar lugar, en el corto y medio plazo, a una aligeración de los desequilibrios que permita creer que los mismos han sido eliminados. Sin embargo, éstos, en su mayor parte, persisten y mostrarán de nuevo su profundidad en la medida en que las restricciones den paso a medidas de carácter más expansivo.
La exportación, inelástica
La exportación no se muestra elástica a la depreciación del tipo de cambio, y ello cabe más atribuirlo a la atonía del comercio mundial que al impacto compensador que de la devaluación puedan estar teniendo las alzas salariales. De hecho, la política de tipo de cambio practicada viene permitiendo la depreciación de la peseta en cuantía suficiente para compensar el diferencial de la inflación entre nuestro país y los países desarrollados, de forma que los productos españoles de exportación han venido manteniendo su competitividad frente a los de tal conjunto de países.
Cabe pensar en medidas de fomento a la exportación, campo en el que indudablemente queda mucho por hacer. Es preciso recordar que el esfuerzo realizado en términos de apoyos financieros es ya muy importante, si se considera que en 1982 un 41% del crédito oficial se destinó a este fin.
En tal contexto no se ve cómo una política salarial restrictiva pudiera tener efectos relevantes sobre la exportación, cuando además una parte importante del coste de tales productos resultaría encarecida, dada la elevada proporción de productos importados que los productos españoles de exportación incorporan y del encarecimiento sufrido por los bienes de importación como consecuencia de la devaluación.
Medidas estabilizadoras de carácter fiscal repercutirían negativamente sobre la demanda interna. Y ello sería así aun cuando se contemplase únicamente la reducción del gasto público y no el incremento de los ingresos fiscales, como se razona a continuación. La demanda pública de consumo e inversión ha sido en los últimos años determinante del crecimiento de la demanda interior, siendo el bajo crecimiento de ésta causado por la baja pulsación de la demanda de consumo e inversión privados. Procede destacar, además, la positiva incidencia que en la demanda privada han tenido las cuantiosas transferencias públicas.
Es conocida la polémica suscitada en torno a que ha sido precisamente la expansión de la demanda pública la causante del bajo crecimiento de la demanda privada de inversión, en la medida en que -se afirma- la necesidad de financiar el déficit ha expulsado al sector privado de sus fuentes tradicionales de financiación. Pues bien, el crédito facilitado por el sistema crediticio al sector privado ha venido creciendo durante los últimos años -una vez ajustado de evolución del tipo de cambio, financiación a no residentes y editada la financiación vía mercado de letras y otras modalidades intermedias por el sistema bancario del orden de un 3% en términos reales.
Debe destacarse, además, que con crecimientos del crédito al sector privado del 3%, la formación bruta de capital del sector privado ha venido arrojando tasas reales negativas de crecimiento en los últimos ejercicios, 1982 incluido, salvo que se confirmen para este último año las estimaciones apuntadas por el profesor Julio Alcaide en el diario Cinco Días. Ello no sólo corrobora que el crédito del sistema crediticio al sector privado ha sido destinado a gasto corriente por las empresas privadas (pago de nóminas, gastos financieros, etc.) al menos en igual proporción en que el gasto público ha sido gasto corriente -aspecto este tan denostado-, sino que, en defecto de los niveles conocidos de déficit e inversión pública, la actividad económica de este país hubiera entrado en clara recesión.
Ni la devaluación, ni la reducción de déficit per se, ni el incremento de los tipos de interés, ni la adopción conjunta de estas tres medidas tendrá los efectos esperados en términos de la recuperación de un nivel adecuado de actividad. Los beneficios de añadir a ese paquete de medidas una política salaríal restrictiva tendría una incidencia positiva sobre el nivel de inflación, siempre que la misma no fuese absorbida por los mayores costes financieros. La desaceleración del ritmo de inflación no garantizaría el relanzamiento de las exportaciones en cuantía suficiente para compensar la depresión de la demanda interior, obtenida vía caída de la renta disponible de los asalariados y de la inversión pública. Ello deterioraría las expectativas empresariales, gravadas además por los mayores niveles de tipo de interés, niveles que sólo se adecuarían a los menores ritmos de inflación a más largo plazo y siempre que la evolución de la balanza de pagos lo permitiese.
Aumento de los tipos de interés
Del incremento de los tipos de interés, medida integrante del paquete de disposiciones de una estabilización, cabe esperar, a través del menor crecimiento de las disponibilidades líquidas, un efecto positivo sobre el nivel de inflación. Se produciría, no obstante, una incidencia negativa sobre la demanda de inversión, hoy fuertemente condicionada por los costes financieros dada la deficiente estructura financiera de nuestras empresas. Nada se lograría, por el contrario, en el campo de los eifectos beneficiosos que una economía de mercado supuestamente tiene. En teoría, la asignación de recursos mediante mecanismos de mercado propiciaría el saneamiento de nuestra economía. La empresa marginal, inviable, no competitiva, no tendría acceso a la financiación por ser su rendimiento interno inferior al coste de los recursos financieros, con lo que estaría abocada a desaparecer. Los recursos financieros existentes, siempre escasos, se asignarían, dado su elevado coste, a proyectos de alta rentabilidad, propiciándose vía tipos de interés la necesaria reestructuración de los procesos productivos.
La realidad es muy otra. En parte porque la dependencia económica que la empresa tiene del capital ajeno hace que la retirada de éste ponga en peligro su supervivencia, encontrándose el prestamista motivado -en orden tanto a consideraciones laborales como de recuperabílidad de los antiguos créditos, cuando no coexisten otros intereses por tratarse de empresas vinculadas a la entidad financiera de una u otra forma- a proceder a renovaciones sucesivas a tipos de interés inferiores a los de mercado. Y, en parte, también debido a la debilidad de la demanda que se ha dado en llamar solvente de crédito por el sector privado, lo que inhibe al prestamista de reasignar fondos desde las empresas no competitivas hacia las actividades de futuro, de alto riesgo.
Es evidente que en este orden de ideas, diversas medidas pueden y deben ser abordadas, tales como la prohibición de prácticas discriminatorias de acceso al crédito y de concesión de préstamos a tipos inferiores a los de mercado o preferenciales. Medidas puntuales de reducción de la concentración de riesgos y de limitación de prácticas de renovación sucesiva de los instrumentos en que se materializan los fondos cedidos. La incorporación decidida de los intermediarios financieros al proceso de reindustrialización debe ser propiciada mediante el establecimiento de figuras de crédito que permitan canalizar fondos que por sus condiciones de plazo y retributivas puedan ser asociados a los fondos propios, lo que contribuirá a la mejora de la estructura financiera de las empresas. La batalla frontal, no obstante, deberá darse en el terreno de la diversificación y mutualización del riesgo. Abandonar viejos esquemas productivos, para adentrarse en los nuevos procesos de producción que dotarán a las empresas españolas de los niveles de productividad y competitividad necesarios a fin de recuperar los equilibrios básicos de nuestra economía es una tarea que por su magnitud incorporá un elevado nivel de riesgo, riesgo que, evidentemente, no puede asumir aisladamente la iniciativa privada.
Lo anteriormente expuesto desaconseja la opción de la estabilización strictu senso, sin perjuicio de que se persevere en el control de los instrumentos que la definen y se apliquen las medidas de carácter general más arriba apuntadas.
La reestructuración de los procesos productivos nacionales debe producirse, no obstante, por vía de lo que he denominado ajustes selectivos.
La política de ajustes selectivos debe contemplar dos campos diferenciados. Debe someter a reconsideración, por una parte, la viabilidad de los sectores productivos existentes. Primero, como tales sectores, globalmente considerados. Y, en segundo lugar, a nivel microeconómico, de cada empresa integrante del sector. El principio a establecer es muy simple: no sólo los fondos públicos destinados a la reconversión de los sectores industriales deben ser optimizados. También deben serio los fondos privados, habida cuenta de que unos y otros integran la masa total de recursos prestables de la economía, hoy tan escasos cuando la participación del ahorro en la renta nacional sigue en descenso.
Debe integrar el conjunto de medidas destinadas a fomentar la aparición de nuevos empresarios, de empresas, en aquellos sectores industriales que por incorporar una tecnología adecuada, y/o atender a aspectos tales como capacidad exportadora, generación de empleo y contribución al desarrollo regional puedan merecer el calificativo de sectores punta de la actividad económica nacional.
Es evidente que los amantes de la mano invisible del mercado ven con prevención las actuaciones puntuales sobre la economía. Se prefiere desde tal posición la implementación de medidas genéricas, no arbitrarias, entendidas como no intervencionistas, tales como las que conforman un plan de estabilización. Y ello con independencia de que la realidad permita constatar que todo el peso del ajuste acaba recayendo finalmente sobre los tipos de interés, lo cual no contribuye a la recuperación de la actividad económica.
Debe además señalarse que, incluso en la opción estabilizadora, no cabe hacer exclusión de la adopción de medidas concretas. Éstas, no obstante, faltas de un esquema coherente de referencia, se adoptan en forma precipitada y en respuesta a la presión ejercida por los intereses sectoriales, lo que impide el ejercicio de una auténtica política industrial. Se registran así disfunciones graves, como -a título de ejemplo- las que se producen cuando una empresa perteneciente a un sector en reconversión queda libre de acogerse al plan o no, pudiendo, en el segundo caso, dirigirse al sistema financiero para obtener los fondos con los que financiar proyectos que, desde la perspectiva de la reconversión del sector, son indeseables.
Para terminar, concretaré diciendo que un plan de estabilización, lejos de contribuir al proceso de reformas estructurales que necesita nuestro país, sumiría la economía en una profunda depresión. Que tales reformas estructurales deben ser abordadas con medidas decididas de carácter puntual y sectorial. Y, finalmente, que este país sólo se incorporará al tren de la recuperación de las economías occidentales si procede previamente a realizar las reformas estructurales pertinentes, reformas que esos países han ido abordando durante los años de la crisis y que España, en su dificil transición política, no pudo hacer. El momento actual se muestra, por lo demás, claramente propicio a la adopción de este tipo de medidas de saneamiento económico. El capital político que reúne el Gobierno y la oportunidad que da la elaboración del plan económico y social de corresponsabilizar en el diseño de las líneas de actuación a las fuerzas sociales del país, avalan suficientemente tal política. Generar expectativas de recuperación inducida por el relanzamiento de las economías occidentales es alentar la falta de consenso social para asumir los costes del saneamiento y sería un error político y económico de graves dimensiones precisamente en estos momentos, cuando EE UU pretende obtener de la cumbre de Williamsburg "el reconocimiento de que la recuperación depende de las políticas individuales de cada país y no de un plan global de expansión".
es economista.
