La Delegación de Obras Públicas comprueba que 26 pisos de construcción oficial fueron vendidos ilegalmente

Santiago de la Fuente, delegado provincial del Ministerio de Obras Pública y Urbanismo en Madrid, organismo que está investigando en profundidad todos los aspectos relacionados con el mercado negro de viviendas oficiales, ha declarado que se han obtenido ya los primeros resultados concretos: están comprobadas 26 compraventas ilegales y constatados 45 casos de viviendas no ocupadas y tres de doble adjudicación. La delegación ha abierto los correspondientes expedientes sancionadores.

Por su parte, la asociación de vecinos de Reyes Católicos -una colonia de Alcalá de Henares construida por el antiguo Ministerio de la Vivienda-, que hace meses sacó a la luz pública la extendida práctica fraudulenta de compraventa de viviendas oficiales, ha denunciado ahora el hecho de que los compradores pudieran conseguir las correspondientes cédulas de habitabilidad firmadas por anteriores delegados provinciales.La asociación de vecinos de Reyes Católicos fue la primera en tirar de la manta de una práctica habitual en Madrid, conocida por todo el mundo, pero a la que nadie se atrevió a poner remedio: la compraventa de vivienda! construidas por los organismos oficiales. Viviendas que, obviamente, eran adjudicadas a personas que no las necesitaban y que especulaban con ellas, vendiéndolas a familias necesitadas -tampoco en todos los casos- por precios que podían oscilar mucho, pero que han llegado a superar el millón de pesetas, precio lógicamente superior al fijado inicialmente en la primera venta.

Las pesquisas de los miembros de la asociación permitieron conocer que la principal marchante de la compraventa de viviendas era, presuntamente, una viuda domiciliada en San Blas, Dolores Romero, que cobraba comisiones sustanciosas por poner en contacto a vendedores y compradores, comisiones nunca inferiores a las 100.000 pesetas y que podían llegar a las 300.000. Dolores Romero alega que lo único que hace es presentar a una persona que busca piso y a otra que quiere venderlo. "Intento ayudar a la gente, y si alguien me da 2.000 pesetas de propina, las cojo", explicó.

Para tranquilizar la inquietud de los compradores, conscientes de que lo que estaban haciendo era ilegal -las viviendas oficiales no pueden ser vendidas, alquiladas ni ocupadas por otras personas que no sean los adjudicatarios-, Dolores Romero les aseguraba, al parecer, que no podía pasar nada porque tenía mano en el ministerio, afirmaciones avaladas por el hecho cierto de que hasta hace poco nadie se había molestado en controlar ese mercado negro, del que aún sólo se conoce la punta del iceberg. Asimismo, comprador y vendedor firmaban un contraro de cesión en presencia de notario, contrato que no tiene ningún valor legal, pero que servía también para tranquilizar los ánimos de los compradores.

Santiago de la Fuente, delegado provincial de Obras Públicas, anunció ya (véase EL PAÍS del pasado 21 de marzo) que su departamento era consciente de la gravedad de los hechos, por cuanto suponen, por un lado, defraudar las esperanzas de las familias realmente necesitadas de disfrutar de una vivienda digna y, por otro, una verdadera estafa al Estado por parte de los particulares que especulan con bienes construidos con fondos públicos. De la Fuente aseguró que sólo se legalizaría la situación de aquellos compradores que pudieran, demostrar, al margen del medio utilizado para conseguir la vivienda, que la necesitaban de verdad.

Desde entonces, varias decenas de vecinos de Reyes Católicos, que habían conseguido sus pisos comprándoselos a los beneficiarios, se pusieron en contacto con la asociación. De entre ellos, hay que destacar que en nueve casos los compradores habían conseguido la cédula de habitabilidad extendida al nombre de la persona en cuestión, a la que conceptúa como propietario, y que iban firmadas por el jefe de sección y el delegado provincial y con el sello ministerial. La pregunta surge inmediatamente: ¿qué tipo de control sobre las viviendas se ejerce en el ministerio cuando se extienden cédulas de habitabilidad a personas que no figuran en las listas de adjudicatarios?

Controles casi nulos

Santiago de la Fuente reconoció que los controles ministeriales han sido hasta hace muy poco tiempo casi nulos, lo que resulta agravado por el hecho de que todavía no existe una relación única y centralizada de las viviendas que forman el patrimonio ministerial. De la Fuente añadió que, en todo caso, la cédula no confiere derecho de titularidad, puesto que es un documento que se limita a certificar que la vivienda en cuestión es habitable.Otros datos comprobados por la asociación de vecinos y corroborados inicialmente por la delegación es que una buena parte -hasta que no se haya recogido más información no se pueden hacer afirmaciones tajantes- de los contratos de cesiones de pisos se firman en una notaría madrileña de la calle de Serrano, cuando en la misma ciudad de Alcalá existen tres notarías. Muchos de esos mismos contratos se prepar an para su firma en un bufete concreto de abogados. Fuentes de la asociación declararon que "aunque tal vez no se pueda hablar de una verdadera organización dedicada a la compraventa de pisos oficiales, es evidente que hay demasiada gente que tiene la manga ancha". De la Fuente precisó que está en estudio la posibilidad de enviar un escrito al Colegio de Notarios en el que se pida a sus asociados un mayor rigor legal a la hora de actuar como testigos en operaciones sobre las que haya dudas legales.

El delegado provincial aseguró, preguntado sobre estas cuestiones, que ya ha sido comprobada, y abierto el correspondiente expediente sancionador, la existencia de 26 compraventas de viviendas en los barrios de la Meseta de Orcasitas, Arroyo Fontarrón y Marquesa de Amboage. En dos de ellas, la persona intermediaria fue la misma Dolores Romero, que monopoliza, por otro lado, el negocio en Alcalá. Funcionarios de la delegación se han entrevistado ya con todos los compradores para determinar sus características y su grado de necesidad. Al mismo tiempo, se está intentando localizar a los vendedores, sobre los que puede caer una sanción de hasta un millón de pesetas. Dado que de ninguno de ellos se conoce su domicilio actual, el Boletín Oficial de la Provincia publicará esta misma semana sendos edictos solicitando que se presenten ante las autoridades ministeriales.

En cualquier caso, De la Fuente se quejó de la complejidad de los trámites que hay que cumplimentar para conseguir que una vivienda que haya sido objeto de irregularidades revierta al ministerio para una nueva adjudicación. En el caso de aquellos compradores que no puedan demostrar la necesidad del acceso a la vivienda -en muchos casos se adquirieron preventivamente, para cuando un hijo se casara o por motivos similares, difícilmente suficientes como justificación-, éstas serán entregadas a familias más adecuadas.

Viviendas no ocupadas

Se han detectado también 45 casos de viviendas que aún no han sido ocupadas por sus adjudicatarios, lo que implica que fueron beneficiarios de un bien que no les era preciso, al menos con urgencia. La actuación aquí es más fácil, aunque también complicada, puesto que el hecho de no ocupar un piso en un plazo indicado es motivo suficiente para que revierta al ministerio. Algunos de los expedientes abiertos por este motivo ya están terminados, y se espera que seis de las viviendas sean recuperadas en el plazo de dos semanas. Aun así, la delegación provincial está preparando un informe, que habrá que someter a la consideración de la secretaría general técnica del ministerio, para modificar la ley de Viviendas de Protección Oficial de forma que la recuperación sea inmediata y automática pasado un mes desde la adjudicación y no ocupación.Por último, la delegación ha descubierto tres casos en que a las mismas personas se les adjudicaron dos viviendas diferentes. También en este caso la recuperación de al menos una de las dos es más fácil.