Expreso de medianoche

LA DEGRADACIÓN e inhumanidad de las cárceles españolas, cuya falta de seguridad interior se, ve acompañada por quiebras de la seguridad exterior y fugas de presos, debe llamar a la sensibilidad de nuestros ciudadanos. Más de 20 presos han sido asesinados, durante los últimos cinco meses, en las cárceles españolas, escenario también de plantes violentos, secuestros de funcionarios y suicidios de reclusos.Los proyectos reformistas del nuevo director general de Instituciones Penitenciarias no bastan para solucionar esos graves problemas. El Defensor del Pueblo y las Cortes Generales, legitimadas para nombrar comisiones de encuesta, tienen la obligación política y moral de ayudar a la Administración pública en la tarea. También son necesarias la contribución de la sociedad y la participación ciudadana en el control de las instituciones carcelarias. En el Reino Unido, organizaciones cívicas, confesiones religiosas y asistentes sociales colaboran, en las juntas de prisión, para mejorar la suerte de los presos.

Los planes puestos en marcha por el director general, Juan José Martínez Zato, tropiezan con un doble desafío. La falta de colaboración de un sector de los funcionarios amenaza con crear un vacío de poder, cuyo doble efecto sería el reforzamiento del crimen organizado dentro de las prisiones, por un lado, y la justificación para un retorno a los aborrecibles métodos disciplinarios del pasado, por otro. La resistencia a la reforma de sectores de funcionarios, para quienes la aplicación de los nuevos procedimientos contradice sus experiencias anteriores, y el control por las mafias del universo penitenciaria, dominado por la brutalidad y la corrupción que una minoría de reclusos impone al resto de los presos, cierran dramáticamente el círculo infernal de un mundo de pesadilla.

La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal aliviará, pero no resolverá, el hacinamiento de unas cárceles cuya capacidad está ampliamente excedida. La agilización de los procedimientos judiciales debería acortar sensiblemente la estancia en prisión de los procesados pendientes de juicio. Pese a las dificultades creadas por el déficit público, resulta urgente el acondicionamiento y mejora de los centros existentes y la construcción de nuevas prisiones, alejadas de la gigantomaquia de los viejos edificios y preparadas para llevar a cabo esa labor de "reeducación y reinserción social" que la Constitución ordena. Según el artículo 25 de nuestra norma fundamental, el condenado, además de conservar todos los derechos fundamentales que no hayan sido limitados o suspendidos por la sentencia, la pena o la ley penitenciaria, "tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".

Las perspectivas de libertad provisional, como consecuencia de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, y las mejoras en las comunicaciones con el exterior, la comida y el funcionamiento de los economatos han producido un ligero descenso de la crispación en la población penal preventiva. Es necesario establecer una completa separación entre condenados y preventivos, así como dar un tratamiento especial a los reclusos jóvenes. La atención psiquiátrica debe sustituir la dureza con que suelen ser reprimidas las reacciones imprevisibles e incontrolables de los psicóticos. La protección de los presos no sólo prohíbe los malos tratos o las condiciones degradantes de vida sino que también exige una respuesta inteligente en las cárceles -como fuera de ellas- al problema de la droga, ya que la lucha par su comercialización y control es causante de buena parte de los asesinatos y secuestros producidos en el último período.

Las experiencias realizadas en otros países -sobre todo Holanda- para convertir en excepcionales las penas de privación de libertad, sustituidas por otras sanciones, deben ser seguidas con atención. Quienes se escandalicen de las nuevas concepciones de la criminología en las naciones civilizadas harán bien en recordar que la tortura funcionó como pena, al igual que la privación de libertad, antes de la reforma de la Ilustración. Es preciso romper la impermeabilidad del universo carcelario respecto al mundo situado mas allá de los altos muros de las prisiones. Y para tratar de contrarrestar la reproducción tanto del modelo autoritario de los guardianes como del modelo de comportamiento asocial de la delincuencia profesional, es necesario tratar de que los valores de una comunidad democrática basada en el trabajo y en las libertades penetren dentro de los recintos penitenciarios. Si el Gobierno del cambio no acomete cuanto antes estas reformas, una parcela sensible de los derechos humanos seguirá siendo pisoteada en nuestro país y nuestras cárceles seguirán pareciéndose al expreso de medianoche que la película del mismo nombre describiera magistralmente.