La campaña contra el contrabando alcanza a los propietarios de las embarcaciones

El propietario de una de las lanchas apresadas en los últimos días por los servicios aduaneros ha sido detenido y la policía realiza gestiones para localizar a los titulares de otras embarcaciones. Con frecuencia, la documentación de estos barcos ha sido alterada o se encuentran a nombre de supuestas compañías de alquiler, a fin de dificultar la atribución concreta de responsabilidades. Por otra parte, el juez competente en las investigaciones de El Grove ha ampliado a otra persona más las diligencias abiertas por diversos delitos relacionados con el contrabando.Con las nuevas personas que han pasado a disposición gubernativa o judicial, según los casos, así como la puesta en libertad de algunos retenidos por la Guardia Civil, el total de personas detenidas o procesadas en la operación anticontrabando continúa en torno a las 70. El bloque principal está compuesto por guardias civiles (27) y tripulantes de barcos apresados (24, dos de ellos en rebeldía). A ello hay que sumar los seis vecinos de El Grove ingresados en prisión, un número indeterminado de retenidos por la Guardia Civil -entre dos y cuatro, según las diversas fuentes- y el propietario mencionado. Otras 11 personas están procesadas a raíz de casos anteriores: un atentado a la Guardia Civil en Villagarcía de Arosa, por una parte, y la introducción forzada de un ciudadano en una instalación frigorífica, por otra.

El número total de detenidos y procesados podría incrementarse muy pronto, según impresiones recogidas en medios oficiosos. El gobernador civil de Pontevedra, Virginio Fuentes, se ha limitado a expresar su confianza de que en pocas semanas puedan producirse avances sustanciales" en la lucha contra la mafia.

Los responsables de la operación han pedido a la comisión de subsecretarios que revise las normas sobre el uso de embarcaciones deportivas para impedir que lanchas de este tipo se utilicen en el transporte de mercancías y con potencia desproporcionada al porte y funciones legales de la embarcación. Asimismo han pedido una dotación extraordinaria de combustible y medios técnicos: cada salida nocturna de la patrulla aduanera, por ejemplo, puede costar entre las 25.000 y las 50.000 pesetas, mientras la Guardia Civil tenía limitados, hasta fecha muy reciente, los kilómetros que podía recorrer mensualmente.

Las autoridades de la zona han solicitado también la cooperación de la Armada. Además de la ayuda directa de sus barcos, han pedido personal técnico y medios en materia de transmisiones. Los helicópteros del Dédalo y barcos de guerra han cooperado algunas veces en apresamientos de buques mercantes, pero el coste que supone mover los medios de la Marina de guerra es tan elevado que su intervención se limita a las grandes operaciones.