Fernando Suárez denuncia falta de respuestas e intereses personales en la LRU
El Pleno del Congreso dedicó la mayor parte de la sesión vespertina de ayer al estudio de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Reforma Universitaria. El máximo ataque al proyecto gubernamental estuvo protagonizado por el diputado del Grupo Popular Fernando Suárez, quien aseguro que el problema del proyecto de ley no es que sus respuestas no satisfagan, sino que "no contiene respuestas a los problemas de la Universidad". Asimismo denunció intereses personales de los socialistas. El ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, afirmó que a través de esta reforma la universidad pasa a ser de todos los ciudadanos.
La sesión plenaria, reanudada solo diez horas después de que concluyera el debate presupuetarío, se inició con la votación de las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley orgánica de reforma parcial y urgente del Código Penal.Seguidamente se celebró el debate de totalidad sobre el proyecto de ley de organización de la Administración central del Estado. La enmienda de totalidad, con petición de devolución al Gobierno, formulada por el Grupo Popular, fue rechazada tras su defensa por Juan Luis de la Vallina, quien señaló entre otros defectos del proyecto de ley que desconoce el proceso de reestructuración de la Adminstración central del Estado derivado del hecho autonómico y que institucionaliza la actual vicepresidencia del Gobierno, atribuyéndole funciones en relación con el Ministerio de la Presidencia.
A continuación se inició el debate sobre las cuatro enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Reforma Universitaria. Tres de ellas, las del Grupo Popular, el PNV y Juan María Bandrés, sólo solicitaban la devolución del proyecto al Gobierno, mientras que la del PCE ofrecía un texto alternativo.
El ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, presentó el proyecto de ley ante la Cámara y destacó que, tras una espera de muchos años, se pasará de una universidad provinciana a una universidad de masas y se dará cumplimiento a un doble mandato constitucional: el que establece la autonomía para las universidades, y el que determina las competencias de las comunidades autónomas en materia universitaria. Maravall destacó del proyecto de ley a debate la autonomía de las universidades en materia estatutaria, académica, económica y en cuanto a la selección del profesorado.
Resaltó la nueva visión de la Universidad como institución de todos los ciudadanos y no sólo de los universitarios y resaltó, a este respecto, el papel del Consejo Social de cada universidad. Asimismo, señaló las modificaciones que se introducen en la carrera docente, cuyos distintos estamentos se unifican.
El diputado del Grupo Popular Fernando Suárez criticó la urgencia y precipitación con que se tramitaba el proyecto de ley cuya devolución al Gobierno solicitó para su mejor estudio. Suárez se mostró comprensivo con el ministro y coincidió con su diagnóstico sobre los males de la universidad, pero echó de menos que el Gobierno socialista no aprovechara el amplio respaldo parlamentario para solucionarlos a fondo.
Fernando Suárez aseguró que no se trataba de defender intereses creados, sino de oponerse a los intereses que se quieren crear". Añadió que "esta ley tiene nombres y apellidos y favorece a distintos miembros de esta Cámara y personalidades de la Administración que han tenido directa participacion en la elaboración de este proyecto de ley". El vicepresidente de la Cámara, Leopoldo Torres, que presidía la sesión, ante la gravedad de la denuncia, instó al diputado a que pusiera "en conocimiento de la Mesa cualquier hecho que pueda ir en desdoro de la Cámara o de cualquiera de sus miembros". Tras otra intervención de Fernando Suárez, sin concretar sus denuncias, desde los escaños socialistas Pablo Castellano exclamó: "Y de los nombres, ¿qué?".
El diputado socialista Alfonso Lazo negó que el enmendante contara con razones para oponerse al proyecto de ley y le acusó de haber desviado la atención hacia cuestiones reglamentarias o jurídicas. Entre las respuestas concretas ofrecidas por la reforma, señaló la de la igualación entre los profesores que cumplen funciones iguales, acabando con los privilegios de unos pocos. Lazo atribuyó posiciones corporativistas al Grupo Popular, olvidando que la universidad es un servicio público que se debe a la sociedad "de la que vive".
En la réplica, Fernando Suárez consideré "casi calumnioso" afirmar que él no fuera partidario de la autonomía universitaria, e insistió en la falta de claridad y en la confusión del proyecto de ley.
Los 'nombres y apellidos' de Fernando Suárez.
Terminado el pleno del Congreso, EL PAIS preguntó a Fernando Suárez la identidad de las personas a las que se refirió durante el debate de la Ley de Reforma Universitaria como beneficiarias de la misma, cuando hablé de que la ley tenía "nombres y apellidos". Suárez se remitió a un artículo publicado ayer un matutino madrileño y señaló que las personas mencio nadas en dicho artículo pasarán automáticamente, en virtud de la ley, desde su actual cargo de profesores agregados al de catedráticos
En concreto, se trata de Gregorio Peces Barba, presidente del Congreso y profesor agregado de Filosofía del Derecho; Javier Solana, ministro de Cultura y profeso de Física del estado sólido, y Emilio Lamo de Espinosa, profesor de Sociología del conocimiento. Fernando Suárez añadió que no había querido mencionar a estas personas durante la sesión, especialmente en consideración a la ausencia del presidente de la Cámara, de viaje en Francia.
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