El Gobierno enviará al fiscal del Estado la información sobre irregularidades en la gestión de Banca Catalana

"El Gobierno tiene indicios de irregularidades graves en Banca Catalana y por ello solicitó el pasado 19 de mayo al Banco de España que le remitiera toda la información para la posible depuración de responsabilidades de los antiguos administradores de la entidad", declaró Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, en su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso para explicar por qué el Gobierno decidió no ejercitar el derecho de adquisición preferente. Los representantes de los grupos de la oposición coincidieron y felicitaron al ministro de Economía por la decisión tomada.

Miguel Boyer dijo que el Gobierno tiene indicios de irregularidades graves en la gestión de Banca Catalana y que, desgraciadamente, estas irregularidades no son muy diferentes a las descubiertas en otras entidades financieras en crisis. La peculiaridad, afirmó, se encuentra en que el grupo Catalana era muy grande y por ello las irregularidades son mayores. Cuando el Gobierno comunicó al Banco de España su decisión de no ejercitar el derecho de adquisición preferente de las acciones de Banca Catalana en poder del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el 19 de mayo, le solicitó al tiempo que le remitiera la información que pudiera recabar para, a su vez, remitirla a la fiscalía del Estado por si hubiera que depurar responsabilidades de cualquier índole.El Banco de España, por su lado, que remitió un primer informe al Gobierno el pasado día 24 de mayo, abrirá expediente de responsabilidades administrativas a los anteriores gestores de Catalana. En medios oficiales se considera que dichos expedientes traerán como consecuencia mínima la expulsión del registro de bancos y banqueros de los principales gestores de la etapa anterior de Catalana.

El ministro de Economía y Hacienda hizo una exposición de la situación de Banca Catalana desde que a finales de 1981 se inicia una inspección por parte del Banco de España y se descubren una pérdidas corrientes de 6.000 millones de pesetas y unos quebrantos en el activo de Banca Catalana y del Banco Industrial de Cataluña de, al menos 30.000 millones de pesetas. En ese momento el Banco Industrial del Mediterráneo solicita la ampliación de las ayudas concedidas para su reflotamiento y se descubre que el 20% de las inversiones .realizadas por el Banco de Crédito e Inversiones, otra entidad del grupo, se encuentra concentrado en empresas del grupo.

En el mes de septiembre el entonces presidente de Catalana, Eusebi Díaz-Morera, reconoce la existencia de unas pérdidas en el grupo de 110.000 millones de pesetas y 28.000 millones en activos improductivos. El plan de saneamiento que se propone pasa por la compra de activos por valor de 70.000 millones de pesetas y un préstamo de 60.000 millones de pesetas a largo plazo y sin tipo de interés. La reducción de capital se propone que no sea total y que, en cualquier caso, el nuevo capital con el que se amplíe obtenga una retribución del 8%.

Dos meses después, y ante la continua retirada de depósitos, el FGD anuncia la intervención de Catalana. las ayudas recibidas hasta entonces por parte del Banco de España suman 125.000 millones de pesetas. Una junta extraordinaria de accionistas aprueba la reducción de capital a una peseta por acción y una posterior ampliación hasta 15.000 millones. La ampliación es cubierta en un 4% por particulares, un 7% por la Caixa, y el resto por el FGD. A partir de ese momento se pone en marcha un nuevo plan de saneamiento con la compra de 88.422 millones de pesetas en activos por parte del FGD y la asunción de pérdidas por valor de 7.927 millones.

La búsqueda de una solución catalana a esta entidad pasó por invitar al Banco de Sabadell, al consorcio de cajas catalanas y a la Caixa a que se hicieran cargo de la entidad. La Caixa presentó una oferta en la que se solicitaba que el FGD asumiera pérdidas adicionales por valor de 10.000 millones de pesetas, la compra de valores industriales por 8.700 millones, garantías sobre créditos a empresas del grupo y avales por valor de 51.000 millones de pesetas, o un préstamo alternativo de 30.000 millones de pesetas sobre el que se pudiera cargar los morosos. La oferta se consideró tan cara que era imposible aceptarla sin que hubiera una verdadera subasta, en palabras de Miguel Boyer. Por ello se comunicó a la banca que se abría el concurso y se formo el pool que acudió a la misma.

El 16 de mayo se cerró el plazo de admisión de ofertas y la comisión ejecutiva del FGD estimó que era mejor la de los bancos por varios motivos. La Caixa pedía la realización de una nueva auditoría, que podía arrojar pérdidas mayores que las ya contabilizadas, mientras que los bancos aceptaban como buenas las cifras presentadas por las autoridades. Además, aunque tanto los bancos como la caja de ahorros aceptaban correr con el 11% de los posibles morosos existentes entre los 51.000 millones de pesetas prestados y avalados a empresas del grupo, la propuesta de la banca era, mejor, ya que se comprometía a esta cifra considerando de forma individual cada crédito, mientras que la Caixa quería garantías sobre la cifra total. Tanto el informe del Banco de España como el propio Gobierno, según el ministro de Economía, han considerado que en la situación actual, la iniciativa privada era capaz de gestionar mejor el cobro de los 51.000 millones de pesetas de lo que lo pudiera hacer la Administración; al tiempo se dejaban de asumir ,pérdidas por valor de 41.000 millones de pesetas.

El ministro de Economía señaló al final de su intervención las condiciones concretas de los créditos concedidos por el banco de España y el IFGD, así como las del pago de las acciones. Los 125.000 millones de pesetas del crédito del Banco de España se devolverán en ocho años, con cinco de carencia y los pagos serán crecientes. El préstamo del FGD se devolverá en 10 años. Los pagos por las acciones serán escalonados en siete años. La exención de coeficientes será total en los próximos cinco años y se escalonará en los tres siguientes.