El fiscal general del Estado pide el ingreso en prisión de los dos jueces de Barcelona acusados de cohecho

El Fiscal General del Estado, Luis Antonio Burón Barba, ha solicitado la detención y la prisión provisional de los jueces de Barcelona Carlos Lorenzo-Penalva Vega y Joaquín García Lavernia, así como la de los otros seis profesionales del Derecho, contra los que instó el pasado 20 de mayo una querella por presuntos delitos de cohecho. Esta petición aparece especificada en el sexto folio de la querella, a la que ha tenido acceso este periódico. El fiscal solicita textualmente que "se proceda a la detención y prisión provisional de los querellados, hasta que presten la fianza que la sala determine".

El Fiscal General del Estado, Luis Antonio Burón Barba, asegura en el texto de la querella criminal que los dos magistrados jueces de Barcelona se concertaron con Luis Lorenzo-Penalva Vega y Pedro Truyas "para proceder a nombrar a dichos querellados o a sus colaboradores de despacho Juan Magri, Fernando Sánchez y Gloria Viñals, como interventores, comisarios o depositarios de los procedimientos de suspensión de pagos o quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias que de tales nombramientos pudieran producirse".A renglón seguido -en el folio segundo y tercero de la querella- el fiscal cita un total de 13 procedimientos de suspensiones de pagos y 7 quiebras que deben ser objeto de investigación. Entre las suspensiones motivo de investigación se encuentran la de Mundo Ediciones e Inmobiliaria Grupo Mundo, vinculadas al huido Sebastián Auger y a las empresas editoras de los diarios Tele / Express, Mundo Diario y Catalunya Express, así como a la Editorial Mundo. También están en este capítulo las suspensiones de Hilaturas del Sureste; Esmaltes Pinturas Barnices, S A, y Electrónica, Publitel y Construcciones Coronado.

Entre los procedimientos de quiebra citados en la querella están la de Juan Carlos Muntadas, la de la editorial Gassó Hermanos, la de Este Holding, S A, y Editorial Eco.

El ministerio público asegura que ambos jueces, a raíz de estas supuestas designaciones irregulares, recibieron entre junio de 1982 y julio del mismo año cantidades que ascienden a un total de 9.377.468 pesetas, que fueron ingresadas en una cuenta corriente del Banco de Santander en ocho talones.

En este capítulo, después de una lectura minuciosa de la querella, se observa un error mecanográfico, ya que se asegura que uno de los pagos se realizó el 30 de junio de 1983, cuando seguramente debiera indicar 1982.

Diez diligencias

A raíz de estos hechos, el acusador público reclama del instructor de la causa que se realicen diez diligencias diferentes, entre las que se encuentra la declaración de los querellados, el testimonio de las resoluciones judiciales efectuando los nombramientos de los procedimientos de quiebras y suspensión de pagos, así como las investigaciones de diversas cuentas corrientes de los magistrados jueces.

El ministerio público en un afán de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, recaba también la colaboración de la Guardia Civil y de la Jefatura Superior de Policía para que investiguen el hecho. Pide el acusador que la Guardia Civil amplie la información confidencial que se acompaña en la querella. A continuación solicita a la Policía que efectúe "una amplia investigación" sobre los hechos, los implicados y las conexiones con terceras personas. No descarta el querellante la posibilidad de investigar los pagos realizados a funcionarios de los dos juzgados.

Por último, el Fiscal General recaba que, junto a los informes de la Guardia Civil y de la Policía, se adjunten al sumario las diligencias instruidas por la Sección Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial y el informe elaborado por el Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona. Como conclusión de la querella, y tras reclamar la detención, prisión provisional y procesamiento de los ocho implicados, el querellante reclama que se solicite de cada uno de los inculpados 15 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del caso. Reclama también el fiscal que se decomisen las cantidades supuestamente recibidas.

Intervenciones telefónicas

El texto de la querella, por el momento, ha sido comunicado oficialmente a los dos magistrados jueces y a la letrada Gloria Viñals, de la que el querellante asegura que "mantiene relaciones estrechas con Carlos Lorenzo-Penalva".

Mientras se ultiman los detalles burocráticos relacionados con la instrucción de la causa, se ha abierto una polémica en el seno de la Administración de Justicia de Barcelona, provocada por varios letrados y procuradores, que han asegurado reiteradamente que en los últimos meses se habían intervenido policialmente diversos teléfonos de despachos profesionales. Esta queja motivó que el decano de los Juzgados de Instrucción de Barcelona, en nombre de la Audiencia Territorial, enviase a los juzgados de instrucción una nota en la que rogaba que se informara de las intervenciones telefónicas realizadas en las últimas semanas. El ruego del decano, al parecer, ha sido desestimado por varios jueces instructores de Barcelona, por considerarlo una ingerencia en sus tareas.