El Gobierno ordena la inmediata entrega a los británicos del Harrier recogido por el 'Alraigo'

El Gobierno español ha ordenado la entrega inmediata a las autoridades británicas del avión Harrier que se encuentra a bordo del carguero español Alraigo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El gobernador civil de la provincia, que se entrevistó ayer con los representantes del Reino Unido, de la naviera propietaria del barco y de la tripulación, fijó un plazo, que expira a las 11 de la mañana de hoy, para que dichas partes se pongan de acuerdo sobre la devolución del avión de combate de la Royal Navy. En caso contrario, anunció que procederá a una evacuación forzosa del aparato mediante el uso de la fuerza pública.

Ayer fue un día en el que progresaron notablemente las negociaciones que se vienen desarrollando entre las partes implicadas desde que el carguero español atracó en la dársena comercial tinerfeña con la insólita carga de la aeronave inglesa. En el momento de iniciarse la citada reunión en el Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife finalizaba en Madrid un encuentro en la Embajada del Reino Unido entre representantes de dicho país y de la naviera García Miñaur, propietaria del barco. Después de cuatro días de bloqueo en las conversaciones se llegaba a un principio de acuerdo, a falta sólo de la conformidad de los tripulantes del carguero.

Arreglarlo en Londres

"Queremos un arreglo colectivo entre armador, tripulantes y autoridades británicas. En efecto, hemos discutido las líneas maestras de una posible solución", declaró a este periódico el abogado de la naviera, Fernando Meana. El acuerdo propuesto contempla, según se presume, la aceptación por la naviera de acudir al arbitraje de Londres, mediante la aplicación del procedimiento de open form (fórmula abierta), que conduce al cómite del Lloyd's, en dicha capital.Los representantes británicos habrían aportado a la compañía propietaria del barco una carta de garantía, que recoge dicho juicio arbitral, al tiempo que admite la calificación del hecho como salvamento y el compromiso de pagar la indemnización que se establezca Estas condiciones serían consideradas como suficientes por parte de la naviera, cuyo abogado viajó urgentemente a Tenerife para con seguir durante las primeras horas de la mañana de hoy el consentimiento de los tripulantes. De se así, el avión Sea Harrier, de la Armada británica, descendería hasta el puerto para pasear por última vez su figura hasta el petrolero Brtish Tay, que a poca distancia aguarda desde el lunes para regresar con el mismo al Reino Unido.

El gobernador civil Eligio Hernández Gutiérrez aludió en conferencia de prensa a esta aproximación en las negociaciones y justificó su plazo hasta hoy en el deseo de dar tiempo a que todas las partes puedan ratificar el acuerdo alcanzado en Madrid. Mostró un télex, recibido ayer, en el que el ministro español de Asuntos Exteriores ordena que se tomen las medidas pertinentes para realizar "entrega avión Harrier a las autoridades británicas competentes".

El Tribunal Marítimo Central había reafirmado la decisión de declarar al avión inglés como un bien de Estado no embargable, que no puede ser objeto de retención. Esta determinación, que había sido recurrida, tiene, según indicó el gobernador, carácter ejecutivo al provenir de una instancia administrativa.

La primera autoridad civil de la provincia dijo ahora que las salidas del tema son: "Si las partes llegan a un acuerdo y el capitán del barco autoriza la devolución del avión, ésta se efectuará de forma ordinaria y sin intervención del gobierno civil", dijo. "Pero si al final", añadió, "no hay una actitud conciliadora, recurriré a una entrega forzosa del Harrier a los británicos". Explicó que, en ese caso, mediará un requerimiento notarial del gobierne) civil al capitán del buque, para que facilite la devolución del aparato. Según dijo, si el capitán no obedece incurrirá en desobediencia grave a la autoridad gubernativa. "Estaríamos ante un delito de coacción o apropiación indebida por parte del armador", señaló. Indicó que solicitará a continuación el correspondiente mandamiento de la autoridad judicial para la entrada en el buque (que la ley considera como un domicilio privado) por parte de la fuerza pública, con el fin de efectuar el desalojo del Harrier.

El gobernador aclaró que la entrega del avión deja a salvo a los perjudicados para poder reclamar las indemnizaciones correspondientes. Citó el canje de notas diplomáticas entre la Embajada británica y el Ministerio español de Asuntos Exteriores, donde aquélla reconoce el salvamento marítimo y se compromete a pagar cualquier recompensa razonable.

Los representantes del Sindicato Libre de la Marina Mercante, que defiende los intereses de dos de los 14 tripulantes, habían anunciado su decepción por la actuación de las autoridades españolas en el asunto. Si los trabajadores portuarios se negasen a colaborar hoy en las tareas de desembarco del avión, el gobernador señaló que usaría el decreto de contratación de obreros no portuarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 14 de junio de 1983.

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