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Los encierros del Cuerpo Especial de Prisiones tratan de evitar los relevos de directores, según la Administración

Varios centenares de funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones, encuadrados en la asociación de igual nombre, mantuvieron ayer, al igual que el pasado lunes, encierros en numerosas cárceles españolas, para protestar por la inseguridad y la escalada de muertes que se producen en las mismas. Sin embargo, tanto el inspector general de Instituciones Penitenciarias Angel Lara, como Francisco Guerra, dirigente del Sindicato Democrático de Prisiones (SDP), coinciden en afirmar que estos actos van destinados a presionar contra los ceses de directores de prisiones afiliados a la citada asociación, y a prevenir las inminentes destituciones de otros cargos de prisiones.Según los organizadores hay 800 funcionarios encerrados, en los que se incluirían 17 directores de prisiones, 17 subdirectores, 50 administradores y 130 jefes de servicios. Los encierros afectarían a 63 prisiones. Según Lara, sólo un total de 250 funcionarios se encuentran encerrados, en 25 cárceles. Coinciden unos y otros en que dichos encierros no han afectado al funcionamiento de las prisiones. Según Lara, los centros donde se han producido encierros de funcionarios, francos de servicio, son los siguientes: Algeciras (Cádiz) donde se han autorectuido 11 funcionarios del cuerpo citado; Bilbao (17); Cádiz (9); Castellón (8); Ceuta (9); Cuenca (5); Carabanchel (8); Melilla (8); Murcia (4); San Sebastián (1); Sevilla (2); Alicante (24); Burgos (21); Cáceres 1 (1) Cádiz (14); Cartagena (5); Córdoba (16); Santander (10); Herrera de la Mancha (25); Jaén (8); Puerto de Santa María (19); Santa Cruz de Tenerife (12); Zamora (9), y Huesca (9).

Según José Luis Folgado, presidente de la asociación del citado cuerpo, amén de solicitar que se proteja la vida de los interno y los funcionarios en las prisiones, dicha asociación pide "que la Dirección nos haga caso"; participar activamente en la elaboración de la reforma del reglamento penitenciario; y protestar contra la política de nombramientos, "aunque es lo menos importante, porque los nombramientos se están realizan do a dedo, sin tener en cuenta la experiencia y la profesionalidad de los funcionarios".

Folgado criticó, así, los ceses de Ricardo Pérez, Fernando Valbuena, Virgilio Lucías y Manuel Guerrero, todos ellos miembros de la citada asociación, como directores de las prisiones de San Sebastián, Málaga, Castellón y Vigo. Folgado manifestó que la política de nombramientos no respeta los trámites seguidos incluso durante la dictadura franquista, y afirmó que la mayoría de los nuevos directores carecían de experiencia de mando y estaban afiliados al SDP. Fuentes de la asociación manifestaron su intención de pedir la la dimisión de todo el equipo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y de realizar una huelga el próximo día 23, si ésta no negocia con ellos.

Francisco Guerra acusó a la anterior asociación de tener una escasa legitimidad para protestar, ya que los directores cesados fueron igualmente nombrados a dedo en su día, y durante su mandato no fomentaron la creación de mayor número de prisiones, lo que hubiera evitado la concentración y subsiguiente violencia actuales, y resaltó la vinculación de dicha asociación con la línea dura de funcionarios.

Así, según dichas fuentes, Melchor Touriño, actual director de la prisión de Zamora, y uno de los inspiradores de la protesta, ocupaba la subdirección del penal de Herrera de la Mancha, cuando en 1979 saltaron a la luz denuncias de malos tratos en la misma.

El secretario general de la asociación de funcionarios del cuerpo especial es Domingo Díaz Mayordomo, que ha pasado de dirigir la prisión del Dueso (Santander) a regir una oficina del Psiquiátrico penitenciario de la prisión madrileña de Carabanchel.

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