La informática debe respetar los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas
"Los titulares, públicos y privados de bancos de datos informatizados deben asumir públicamente el compromiso de acomodar su utilización de manera que se ponga al servicio de los ciudadanos y respete sus derechos y libertades fundamentales". Esta es una de las conclusiones de las primeras Jornadas sobre Informática y Derechos Humanos que se han celebrado en el Centro de Estudios Constitucionales, en Madrid, patrocinadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
La introducción de la ponencia que presentó en la sesión de clausura el fiscal y vicepresidente de la asociación organizadora, José Antonio Martín Pallín, -Garantías de las libertades frente a la Informática- resume con precisión el problema debatido: "El control de la tecnología avanzada, propia de las sociedades desarrolladas", dijo, "proporciona a los poderes políticos y a los grupos de concentración económica un caudal de información sobre los ciudadanos teóricamente ilimitado, cuya utilización incontrolada puede poner en peligro el sistema de derechos y libertades".Entre las conclusiones adoptadas al fin de las jornadas destacan las siguientes:
"El control sobre el uso de la informática no puede estar en manos del poder ejecutivo ya que, la complejidad y repercusiones de su manejo exige la participación de distintos estatamentos, institucionales y sociales".
"La utilización de ficheros informatizados para los fines de la Defensa Nacional o de la Seguridad del Estado, sólo pueden llevarse a efecto" se afirma en otra conclusión, con "datos objetivamente necesarios para tales fines y, en ningún caso en base a presunciones de conducta o actitudes".
Sobre la concentración de poder informático, se concluye que su neutralización exige que "los archivos no puedan utlizar un número identificador único para cada ciudadano, debiendo diversificarse las claves identificadoras, según el contenido de las materias objeto de clasificación".
Otra cautela que estiman necesaria es que "los bancos informatizados deben reducirse a su contenido específico, prohibiéndose la intercomunícación de datos entre ellos, cuando estén destinados a ser acumulados en un sólo registro".
En las jornadas han participado, entre otros, José Luis López Aranguren, catedrático de Ética; Jesús Rodríguez Cortezo, Ingeniero Industrial y presidente de la empresa ERIA; Antonio E. Pérez Luño, catedrático de Filosofia del Derecho de la Universidad de Sevilla y Diego López Garrido, Letrado en Cortes.
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