La reconversión industrial exigirá reducciones de plantilla y un mayor compromiso de las empresas

El Consejo de Ministros analizó ayer casi monográficamente el llamado Libro Blanco para la reconversión y reindustrialización del país que ha elaborado un equipo de expertos del Ministerio de Industria y Energía. El citado libro, facilitado a este periódico por fuentes no oficiales, establece las líneas básicas del programa que dicho ministerio llevará a cabo en materia de reindustrialización con el pretendido fin de poner cotas a la crisis industrial que atraviesa España.

El documento contiene una fuerte crítica de los planes de reconversión realizados anteriormente, de su desarrollo y coste; anticipa que la instrumentación del programa supondrá fuertes reducciones de las plantillas, un ajuste a la baja de la capacidad productiva de los sectores y un mayor compromiso económico, gerencial y financiero para las empresas implicadas; y concede a la empresa pública un doble papel preponderante en el proceso del reindustrialización.Del documento, que se expone en algo más de 250 páginas, aunque con los anexos llega a las 452, se deduce que será necesaria, con anterioridad a la entrada en vigor del programa, la elaboración de una ley de reconversión, que redefina la política de reestructuración interna de los sectores de reconversión integrándola en un esquema mucho mas amplio que contemple una política de promoción industrial ambiciosa. Al mismo tiempo, el texto definitivo del libro, una vez que ayer fuera estudiado por el Gabinete, incorporará aportaciones de los distintos ministerios que pueden, incluso, variar el contenido final y la instrumentación del proceso definitivo de reconversión que aparecerá en la ley.

En cualquier caso, la nueva instrumentación de reconversión contemplado en el libro prevé, en lo que califica como criterios rígidos, que, en el proceso de determinación de sectores en crisis, podrán acogerse a los beneficios sociales, económicos y financieros que establecerá la ley las empresas pertenecientes a "sectores de interés estratégico e importancia económica a nivel nacional", "aquellas que presenten una estructura empresarial manifiestamente inadecuada" o aquellas "que para su supervivencia requieran un cambio tecnológico profundo".

Independientemente, los responsables del ministerio podrán decidir, en algunos casos individuales, aquellas empresas que, sin estar englobadas en estos tres capítulos, puedan acceder a la reconversión por consideraciones de balanza de pagos, comercio exterior, generación de empleo, etcétera.

Posteriormente, será el Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y tras informe previo realizado por el Ministerio de Industria, quien conceda, sin embargo, el calificativo de empresa en reconversión. Una vez obtenida la calificación, será un llamado Órgano Rector Provisional (ORP) quien convoque a las partes sociales implicadas (centrales, empresa y órganos adecuados de las administraciones central y autonómas) para ponerlos de acuerdo en la elaboración de un plan concreto. Pero en caso de desacuerdo en un plazo fijado, será el propio ORP el que procederá a elaborarlo y presentarlo para su aceptación a la Comisión Delegada del Gobierno.

La dirección y gestión del plan quedará en manos de un nuevo órgano rector del plan y de otro órgano de gestión específico, que podrá ser una denominada sociedad en reconversión, y que estará bajo supervisión de otra comisión de seguimiento en la que participarán las centrales sindicales.

Sacrificios para todos

Las empresas acogidas al plan de reconversión se verán forzadas a aceptar el plan que se elabore bajo el amparo o aprobación del ORP, que podrá exigir cambios gerenciales y previsiblemente accionariales durante y después del proceso de reconversión, según se deduce en el Libro Blanco.En cuanto a la financiación específica de los planes de reconversión, el libro reconoce la dificultad de obtener recursos para unas empresas encuadradas en lo que se llamaría prestatarios de poca calidad. En este sentido, se señala que ante una previsible política de las instituciones financieras de guiarse según criterios de optiniación individual, "es necesario buscar un mecanismo que facilite la contribución conjunta del sistema financiero, tanto público como privado". Para este propósito, el Libro Blanco ofrece distintas alternativas, entre ellas la creación de "un nuevo coeficiente de inversión, en el que fuese computable exclusivamente la financiación otorgada a las SFRI" (sociedades financieras para la reconversión industrial), la sustitución de alguno de los coeficientes ya existentes o la concertación con las entidades financieras de créditos sindicados destinados a estas empresas.

El Libro Blanco admite la posibilidad de sentar a representantes bancarios en las empresas encargadas de la administración de los recursos financieros disponibles, "aunque respetando el pnincipio de la mayoría pública en, sus órganos decisorios, y tarnbién la de establecer una serie de incentivos importantes que contribuyan a canalizar el ahorro privado hacia las empresas en reconversión.

Respectoa las medidas sociolaborales, el libro, que reconoce la necesidad de reducir plantillas y adecuar la capacidad productiva de las empresas y los sectores a la nueva situación creada por la crisis mundial, señala dos tipos de actuaciones. Por un lado, las englobadas dentro del actual orden jurídico y otras que implicarán modificaciones para potenciar una mayor protección a los trabajadores excedentarios.

Por último, el documento que será presentado, hoy por el ministro de Industria y Energía habla de las medidas de promoción industrial (un concepto filosófico no muy lejano de aquellas interpretaciones previas de reindustrialización del país), básicamente por la creación de nuevas empresas y de la instrumentalización de mejoras tecnológicas.

Asimismo, el libro dedica un capítulo a la empresa pública y al doble papel que debe desempeñar como instrumento para la recolocación de los excedentes de mano de obra y como reconversión propiamente dicha, ya que la mayor parte de las empresas que necesitan reconversión están en estos momentos en el sector público.