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El Gobierno Civil estudia posibles multas por una manifestación ilegal en Villa del Prado

El Gobernador Civil de Madrid, José María Rodríguez Colorado, declaró ayer que tiene en estudio la imposición de multas a una veintena de personas que participaron en una manifestación, no autorizada, de 40 vecinos de Villa del Prado. Los manifestantes protestaban por la elección del nuevo alcalde, miembro de Alianza Popular, que fue votado para presidir la corporación por los tres concejales del PSOE y el del PCE, además de los cuatro ediles de su propio partido.

Villa del Prado tiene 2.800 habitantes y está situada a 62 kilómetros de Madrid, al sur de la provincia, en el partido judicial de Navalcarnero. José Luis Perlado fue el alcalde de la localidad durante los últimos 13 años. En 1979 se presentó en la candidatura de UCD y obtuvo la alcaldía nuevamente. En marzo de 1980, a raíz de un incidente en el que se agredieron un concejal de UCD y otro del PSOE decidió celebrar los plenos a puerta cerrada, "para evitar roces".En junio de 1982, los servicios urbanísticos de la Diputación Provincial descubren la existencia de una urbanización supuestamente ilegal en la localidad, favorecida por el propio alcalde, quien considera que las edificaciones serán granjas y por tanto no es necesario recalificar un terreno rústico que es uno de los encinares más frondosos y ricos de Madrid.

Tras cuatro años de gestión en los que la oposición le critica por falta de transparencia y de no admitir la democratización, en las pasadas elecciones de mayo Perlado, encabezando una candidatura de independientes, obtiene cuatro concejales; Coalición Popular, 3 ediles, los mismos que el PSOE; y el PCE mantuvo su concejal anterior. El pasado 23 de mayo, comunistas y socialistas deciden votar a Coalición Popular para evitar que Perlado vuelva a ser alcalde. Victoriano García, concejal socialista, explica que les costó mucho tomar la decisión de apoyar al candidato de la coalición, "pero nos pudo más la responsabilidad de que no siguiera como alcalde un hombre que ha sido causa de que la democracia no llegue a este municipio, y que celebraba los plenos a puerta cerrada o los convocaba a unas horas en las que no podía ir, nadie". La elección del nuevo alcalde, Carlos González Redondo, exaspera a unos 40 vecinos, que, sin contar con autorización del Gobierno Civil, se manifiestan ante el ayuntamiento e insultan a sus contrincantes políticos. El gobernador solicitó después al sargento de la Guardia Civil que le, enviara una relación de personas identificadas como manifestantes, y actualmente estudia las posibles multas a aplicar.

Sanción de 10.000 pesetas

Según Rodríguez Colorado, es posible que, conforme a la Ley de Régimen Local, se les impongan sanciones, de 10.000 pesetas a cada participante. La Ley de Orden Público permite sanciones mayores, peroel gobernador prefiere no aplicarla.Por su parte, el ex alcalde Jose Luis Perlado manifestó ayer que lá, concentración fue "muy pacífica", y que en efla participaron también miembros del PSOE y del PCE descontentos por el hecho de que los concejales de estos partidos votaran al candidato de Coalición Popular. Perlado señaló que no le gustó la manifestación pero que no hay motivos para sancionar a los manifestantes, «porque no alteraron el orden público".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de junio de 1983

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