Los periódicos del Estado pasarán a los trabajadores o a los particulares en mayo de 1984

La liquidación de la cadena de periódicos del Estado y la supresión del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) se producirá el 17 de mayo de 1984, según fija un decreto aprobado por el Gobierno el pasado miércoles, en el que se fijan las condiciones para la enajenación de los periódicos, mediante subasta o adquisición preferente por parte de los trabajadores. En la presentación del citado decreto, el ministro de Cultura, Javier Solana, resaltó que la Prensa pública "no es del gusto del actual Gobierno", que conecta así con "el clamor" existente en igual sentido, según dijo, en la sociedad.Solana recordó que el anterior Gobierno no había sido capaz de dar un paso que el Gabinete socialista ha acometido, "a pesar de la complejidad del problema que nos habían dejado". Entre otras cosas, el decreto publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado, salva el problema de la paralización de los procesos de enajenación a causa de los litigios planteados por los trabajadores.

En cuanto a las condiciones para la "devolución a la sociedad" de los 22 periódicos del Estado, el decreto, que desarrolla la ley de 13 de abril de 1982 sobre supresión del organismo autónomo MCSE, establece como sistema ordinario el de la venta mediante subasta y regula también el derecho de adquisición preferente por parte de los trabajadores, a través de cooperativas o de sociedades anónimas laborales, durante el mes anterior a la realización de la primera convocatoria de subasta.

El ministro de Cultura destacó las novedades introducidas en relación con la sociedad anónima laboral, para cuya constitución se exigirá desembolsar solamente el 35% del capital, en lugar del 50%, como es habitual en este tipo de sociedades. Junto a los trabajadores podrán participar en estas sociedades personas naturales, en proporción no superior al 5% del capital social; entidades financieras cuya participación no podrá superar el 30% del capital social, y personas jurídico-privadas constituídas por particulares.

Aunque no se establece limitación para estas personas jurídicas -excepto la que se deriva del 35% mínimo de participación de los trabajadores-, Solana destacó que la estructura de la sociedad anónima laboral incluirá un Consejo de Dirección, en el que los trabajadores-socios contarán con la mitad de los puestos aunque no pasen del 35% del capital, sin perjuicio de superar dicha proporción si su participación social abarca más del 50%. El Consejo de Dirección será el órgano encargado de aprobar los planes de inversión, proyectos de actuación y directrices en materia de personal.

Previamente a la iniciación de los procedimientos de enajenación, los MCSE realizarán una valoración de los periódicos, más alta que la de la anterior Administración, que en opinión de Javier Solana no tuvo en cuenta el importe potencial de algunas cabeceras. En cuanto al actual proceso de saneamiento económico, consideró que no era preciso prolongarlo más allá del plazo señalado. Los periódicos que no fueran enajenados pasarían al patrimonio del Estado y sus trabajadores se convertirían en funcionarios.

El diario Pueblo, excluído de este proceso de enajenación, según el decreto, por la especial situación jurídica de los bienes muebles e inmuebles que actualmente tiene adscritos, y según Solana, por su origen ligado al patrimonio sindical, será enajenado "en el marco de las conversaciones que en este momento celebra el Ministerio de Trabajo con las centrales sindícales para la devolución de dicho patrimonio".

La liquidación de la cadena de periódicos del Estado y la supresión del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) se producirá el 17 de mayo de 1984, según fija un decreto aprobado por el Gobierno el pasado miércoles, en el que se fijan las condiciones para la enajenación de los periódicos, mediante subasta o adquisición preferente por parte de los trabajadores. En la presentación del citado decreto, el ministro de Cultura, Javier Solana, resaltó que la Prensa pública "no es del gusto del actual Gobierno", que conecta así con "el clamor" existente en igual sentido, según dijo, en la sociedad.

Solana recordó que el anterior Gobierno no había sido capaz de dar un paso que el Gabinete socialista ha acometido, "a pesar de la complejidad del problema que nos habían dejado". Entre otras cosas, el decreto publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado, salva el problema de la paralización de los procesos de enajenación a causa de los litigios planteados por los trabajadores.

En cuanto a las condiciones para la "devolución a la sociedad" de los 22 periódicos del Estado, el decreto, que desarrolla la ley de 13 de abril de 1982 sobre supresión del organismo autónomo MCSE, establece como sistema ordinario el de la venta mediante subasta y regula también el derecho de adquisición preferente por parte de los trabajadores, a través de cooperativas o de sociedades anónimas laborales, durante el mes anterior a la realización de la primera convocatoria de subasta.

El ministro de Cultura destacó las novedades introducidas en relación con la sociedad anónima laboral, para cuya constitución se exigirá desembolsar solamente el 35% del capital, en lugar del 50%, como es habitual en este tipo de sociedades. Junto a los trabajadores podrán participar en estas sociedades personas naturales, en proporción no superior al 5% del capital social; entidades financieras cuya participación no podrá superar el 30% del capital social, y personas jurídico-privadas constituídas por particulares.

Aunque no se establece limitación para estas personas jurídicas -excepto la que se deriva del 35% mínimo de participación de los trabajadores-, Solana destacó que la estructura de la sociedad anónima laboral incluirá un Consejo de Dirección, en el que los trabajadores-socios contarán con la mitad de los puestos aunque no pasen del 35% del capital, sin perjuicio de superar dicha proporción si su participación social abarca más del 50%. El Consejo de Dirección será el órgano encargado de aprobar los planes de inversión, proyectos de actuación y directrices en materia de personal.

Previamente a la iniciación de los procedimientos de enajenación, los MCSE realizarán una valoración de los periódicos, más alta que la de la anterior Administración, que en opinión de Javier Solana no tuvo en cuenta el importe potencial de algunas cabeceras. En cuanto al actual proceso de saneamiento económico, consideró que no era preciso prolongarlo más allá del plazo señalado. Los periódicos que no fueran enajenados pasarían al patrimonio del Estado y sus trabajadores se convertirían en funcionarios.

El diario Pueblo, excluído de este proceso de enajenación, según el decreto, por la especial situación jurídica de los bienes muebles e inmuebles que actualmente tiene adscritos, y según Solana, por su origen ligado al patrimonio sindical, será enajenado "en el marco de las conversaciones que en este momento celebra el Ministerio de Trabajo con las centrales sindícales para la devolución de dicho patrimonio".