50 reclusos y 40 exiliados

Medio centenar de presos, con penas de hasta treinta años, y cerca, de 40 exiliados se han beneficiado, hasta este momento, de la negociación emprendida hace un año entre Euskadiko Ezkerra y el Ministerio del Interior.El proceso ha quedado cerrado, en cuanto a presos se refiere, con la puesta en libertad, hace dos días, de Manuel Aramendi Alberro y Jacinto Mújica Oyarbide, ambos condenados a 12 años de prisión, que abandonaron la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca tras ser indultados en el último Consejo de Ministros.

En cuanto a los exiliados en Francia, son 40 los que han atravesado la frontera desde el pasado mes de septiembre para volver a sus domicilios. Todos ellos se encontraban reclamados por la policía, pero sin responsabilidades penales pendientes. Otros cinco miembros de la autodisuelta ETApm VII Asamblea que se hallan en esta misma situación les seguirán en breve, según señaló su abogado, el diputado de Euskadiko Ezkerra en el Parlamento vasco, Juan Infante.

Una vez culminada esta primera fase, quedarán pendientes una treintena de casos, estos ya procesados en diversos sumarios. La fórmula que para ellos está prevista es la concesión de libertades provisionales y posteriores indultos.

En esta situación se encuentran, entre otros, los ex dirigentes de distintos grupos de ETA, Goiburu Mendizábal, López Castillo, Lara Fernández y Aulestia Urrutia, este último con 13 sumarios pendientes.

El inicio de este proceso que ahora culmina se remonta a febrero de 1981, cuando ETA Político-Militar declaró una tregua, a la que siguieron unos primeros contactos entre el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, y el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón.

A esta tregua sucederían, en el plazo de unos meses, los conflictos en el seno de aquella organización, que culminaron con una escisión en febrero del año siguiente, entre los partidarios de mantener el grupo y quienes deseaban su disolución, habida cuenta de que renunciaban a la lucha armada. Los últimos, convertidos en ETA VII Asamblea, disolvían su organización, haciendo pública su renuncia a las armas el 30 de septiembre de 1982. La otra facción, denominada los octavos, amenazó a los primeros, acusándoles de chivatos.