El fin de las noticias sobre el mundo

Viene de la primera página

Pero estas cuestiones palidecen si se analiza la declaración de Felipe González respecto a su comprensión y solidaridad con la decisión de la Alianza Atlántica de instalar cohetes de alcance medio en Europa Occidental. Ésta constituye, hasta el momento, la toma de postura más importante del Gobierno socialista en política exterior, abre la puerta a una eventual revisión de la desnucle ariz ación de España y alinea hoy por hoy al Gobierno de Madrid con la política rearmamentista de Reagan, que es apoyada por los Gobiernos de la OTAN, pero severamente criticada por amplios sectores de opinión de los ciudadanos que les eligieron. Por lo demás, sus efectos resultan incongruentes con la postura -más que nada simbólica- de no integración en el aparato militar de la Alianza y con las otras cautelas de ese género adoptadas por el Gabinete González.

El debate de los euromisiles, en el contexto de las relaciones Este-Oeste, constituye, hoy por hoy, la piedra angular de los problemas internacionales. Junto con él, la situación económica, caracterizada por una muy grave recesión del comercio mundial, un aumento insidioso del proteccionismo, un crecimiento incontrolado del paro en los países desarrollados y una crisis financiera de características descomunales, compendian el universo de preocupaciones esenciales de los poderosos de la Tierra. Éste es el contexto global en el que se produjeron las declaraciones de González en Bonn, que, ni fueron un desliz ni constituyeron un error de interpretación: respondían a un viraje indubitable de la política exterior española y se había elegido el momento y el lugar para hacer el anuncio. Este viraje ofrece novedades sustanciales respecto a las posiciones defendidas por el PSOE a lo largo de la campaña electoral y en las tomas de posición habituales de sus dirigentes:

Por una parte, liga, por vez primera, el futuro de las negociaciones de España con la Comunidad Económica Europea, al de sus relaciones con la Alianza Atlántica. Es decir, condiciona una de las respuestas esenciales a nuestra crisis económica respecto de la política a adoptar en seguridad y defensa.

Por otra, abre serios interrogantes sobre el futuro de nuestra relación con el arma nuclear, toda vez que es difícilmente sostenible la postura de quien apoya la instalación de cohetes de alcance medio en los países vecinos y amigos, como método de defensa común, pero se niega, en cambio, a situarlos en su propio territorio.

Cada día que pasa crece el convencimiento en Europa de que la decisión de instalar los misiles Pershing ha sido ya tomada de forma prácticamente unilateral por el Gobierno de Washington, que sólo pide de sus aliados solidaridad y comprensión -las dos cosas que el Gobierno del PSOE ya ha ofertado-. No es esto tampoco algo que imputar de manera exclusiva a la responsabilidad de Reagan, pues fue la anterior Administración americana la que preparó el despliegue, como contestación a la amenaza soviética de los SS-20. Desde que se dieron los primeros pasos en este sentido hasta la actual primavera, la mayoría de los Gobiernos de la Alianza han cambiado de amo e incluso de significado ideológico. Pero la decisión sigue siendo la misma. Ni siquiera el relevo de Breznev por Andropov en la Unión Soviética ha podido ser aprovechado por los occidentales para en contrar una vía de diálogo que ofreciera una esperanza significativa en cuanto al desarme. Y hoy, ya nadie duda de que los cohetes van a ser instalados, incluso si se obtienen progresos sustanciales en las conversaciones de Ginebra respecto al número de ellos y de las cabezas nucleares, y que la moratoria que algunos partidos socialistas eu ropeos solicitan no va a ser a apoyada por la izquierda allí donde la izquierda tiene el poder. La actitud del Gobierno de Madrid ha echado por tierra la última de las ilusiones en este sentido.

El despliegue de los Pershing en Europa será probablemente contestado por la Unión Soviética con la instalación de nuevos S S-20 en la República Democrática Alemana y en la zona nororiental de la propia URSS -apuntando a la costa oeste de Canadá y Estados Unidos-. Todo ello devendrá en una carrera armamentista de incalculables consecuencias para la economía de los dos bloques, primero, y para la supervivencia misma de la humanidad después. Las protestas de los obispos y de los congresistas demócratas norteamericanos, las de numerosos partidos en la oposición de los países de Europa occidental, tratan de influir en los dirigentes para que un nuevo sentido moral ilumine sus opciones. Pero quienes predicen una ruptura interna de la Alianza Atlántica a partir de la instalación de los Pershing en la República Federal de Alemania probablemente se equivocan. La maquinaria del poder burocrático-militar es por hoy más fuerte que los impulsos intelectuales de los gobernantes.

Mientras tanto, los expertos del palacio de la Moncloa han leído con atención un estudio de varios cientes de fólios hecho por un coronel del Ejército americano sobre la contribución de España a la OTAN. Dos párrafos resultan de sobresaliente interés. Uno, el que define la utilidad cierta de nuestra incorporación a la Alianza: ésta gana una profundidad territorial que aumentará de manera extraordinaria su capacidad de reagrupamiento de tropas y almacenamiento de armas. ¿Por qué no nucleares?, se preguntarán muchos. El otro, el que señala que la existencia de un régimen dictatorial en el seno de la Alianza, como es Turquía, no ha generado mayores protestas ni problemas con los otros socios europeos, y sugiere una hipótesis semejante para nuestro país, si necesario fuera. Este estudio estaba redactado antes de las elecciones del pasado mes de octubre, y alternativas de ese género parecen descartadas por el momento. A condición de que el Gobierno de Madrid entre en el mundo de las realidades: el poder nuclear no le pertenece y la doctrina sobre la soberanía quedó abrasada entre las cenizas de Hiroshima. Hay por eso decisiones básicas, lo mismo sobre nuestra economía que sobre nuestra defensa y seguridad, que se toman fuera de nuestras fronteras, a veces sin escucharnos, pero a veces sin preguntarnos siquiera.

El peor de los inveritos recientes que el hombre ha dado a la luz se llama geoestrategia. Hoy, los pueblos y sus gobernantes son presos de las estadísticas, que nos hablan del número de veces infinito que puede ser destruida nuestra Tierra por la utilización masiva de lo que popularmente se llama aún "la bomba atómica". El Gobierno del cambio en Madrid ha sido víctima de esta realidad inevitable, que es precisamente más inevitable cuantas más gentes están dispuestas a reconocerlo así. Quizá, el universo de la utopía les está vedado a los líderes cuando llegan a ministros y Felipe González habrá comprobado ya que un mayor nivel de información no supone siempre y necesariamente un mayor poder. Si no, a veces, el conocimiento exacto y puntual de lo limitado del poder que se ejerce.

La cuestión final está en preguntarse por qué si el Gobierno ha escogido ya, probablemente con tristeza y con un cierto sentido de la inevitabilidad, el camino de los señores de la guerra, no tiene el coraje de explicarlo ante el Parlamento y la opinión pública. Los miles de manifestantes por la paz que ovacionaron hace ahora un año a Felipe González en la Ciudad Universitaria de Madrid, los cientos de miles o quizá millones de votantes del PSOE que acudieron a las urnas a apoyar en él una determinada opción moral contra la violencia, tienen derecho a que se les diga que entre dos militarismos ha elegido finalmente elque le parecía menos malo y con menor incidencia a corto plazo sobre la vida y la felicidad de las gentes. Pues si hemos de vivir, nosotros también, algún día el fin de las noticias sobre el munido, un mínimo deber de cortesía le obliga al Gobierno a comentárnoslo.