La 'solución Catalana'

La racionalidad de la solución encontrada para el caso de Banca Catalana compensa, en buena medida, el dilatado plazo de tiempo transcurrido desde que se inició el problema hasta que se encontró una fórmula para intentar una safida no sólo a la más grave crisis bancaria de la historia financiera española, sino también a sus inseparables connotaciones polítícas y psicológicas.Que el Gobierno se haya inhibido en el ejercicio de su derecho de tanteo a favor del Estado en condiciones similares a las ofertadas por el pool de bancos finalmente adjudicatarios es una prueba de sensatez y equilibrio político, y no, como pretenden algunos, una debilidad por temor a una presencia excesiva del sector público en la banca. Si algún Gobierno puede permitirse toda la firmeza jugando incluso a favor de corriente, ése es precisamente el actual equipo del PSOE en el ejecutivo español. Si la misma firmeza se ampliase a áreas de actuación en las que su postura es discutible y discutida -política exterior, TVE, relaciones con los sindicatos y las patronales-, el elogio a una decisión como la adoptada en el affaire Banca Catalana no sería un caso aislado, sino una escalada de res paldos políticos desde áreas ideo lógicas muy variadas.

Ha habido también racionalidad y eficacia en los hombres del Banco de España que han gestionado Catalana en los últimos meses y han propiciado la elección de la alterntiva finalmente adoptada.Y ha habido, igualmente, comprensión, tacto y capacidad de coordinación en el grupo de bancos que presentó la oferta de compra de Banca Catalana, que fue, finalmente, la aceptada por el Fondo de Garantía de Depósitos. En cierto modo, también la sensatez y la lógica han estado presentes en la actitud de La Caixa, sorprendida entre los dos fuegos de su prepotencia y catalanidad frente a las limitaciones de la legislación sobre cajas de ahorro y las exigencias de mantener su equilibrio, estructura y eficiencia interna. Donde ya no cabe hablar de virtudes, sino de serios defectos -cuando no de incomprensibles aberraciones- es en otras actítudes y conductas. Pretender el mantenimiento de la catalanidad de Banca Catalana, cuando en el propio territorio de la Generalitat no ha habido accionistas capaces de asumir el compromiso de la ampliación de capital que hubiera garantizado esa solución, raya los límites de la incongruencia. Parece como si hubieran pensado, al unísono, que para salvar esa catalanidad ellos tenían todos los derechos y ninguna de las obligaciones. Derechos que incluian el boicoteo a soluciones no catalanistas, y obligaciones que, obviamente, excluían cualquier aportación política o económica para propiciar la fórmula de solución que deseaban. Escasa racionalidad ha habido también -y, por tanto, inadecua da reacción a la fórmula finalmente adoptada para el reflotamiento del grupo- en los depositantes y clientes de Banca Catalana que han retirado sus depósitos, agravando insensatamente la situación mientras pensaban "que saneen ellos y luego volveremos nosotros", y; eso sí, que todo quede en casa.Y más incomprensible aún es la actitud de los trabajadores afectados, que piden su nacionalización para garantizarse sus sueldos, no con su competencia y su esfuerzo, sino con el dinero de todos los españoles.

Que los socialistas catalanes, por su parte, critiquen la decisión final con el único argumento de la aparente "contradicción" de esta medida con un programa económico socialista, o que el sindicato de Banca de UGT estatal -frente a la postura contraria de su rama catalana- hable del "atentado" y "despilfarro inútil" no añade a sus posturas sobre este tema más que ribetes de demagogia, personalismos heridos e inconsecuencias producidas por la difícil práctica de repicar y estar en la procesión.

, 20 de mayo.