Rechazada la enmienda conservadora contra la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos

El Pleno del Congreso rechazó ayer por 177 votos a favor, 75 en contra y dos abstenciones la enmienda del Grupo Popular a la totalidad del proyecto de ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. El debate, protagonizado por el socialista Justo Zambrana y el popular Juan Ramón Muñoz-Calero, fue interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos y abucheos que los diputados de ambos grupos se dedicaban mutuamente. En poco más de una hora, el presidente de la Cámara, Gregorio Peces Barba, tuvo que llamar al orden una docena de veces, ante el recocijo de un grupo de escolares que estaba presenciando el pleno con aspecto de total aburrimiento.

Este proyecto de ley, elaborado por el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, está destinado, según detalla en la explicación de motivos, a evitar la colisión de intereses entre el sector público y el privado, garantizar la absoluta dedicación a sus funciones por parte de los altos cargos de la Administración, y moralizar la vida pública, ya que prohíbe cobrar más de un sueldo del Estado.El diputado del grupo Popular Muñoz Calero, en su defensa de la enmienda a la totalidad, dijo que debía existir una ley de incompatibilidades, entre otras razones porque compartía los criterios del Gobierno para elaborarla, a excepción del propósito de moralizarla vida pública, por entender el diputado que esa "es una frase apropiada para un mitin electoral, pero no para incluirla en la explicación de motivos de una ley".

Sin embargo, Muñoz-Calero considera que este proyecto de ley es totalmente innecesario y que sólo sirve "para dar trabajo en balde a esta Cámara", ya que, en su opinión, las incompatibilidades de altos cargos están perfectamente reguladas en un decreto-ley todavía vigente firmado en junio de 1955. La intervención de Muñoz-Calero fue una defensa firme y apasionada de las bondades de este decreto-ley de 1955, del que dijo, sobrepasaba en progresismo el actual proyecto, al incluir una disposición mediante la cual los que hayan sido presidente del Consejo de Ministros o ministros de Justicia no podrán ejercer, durante los dos años siguientes a su mandato en el Gobierno, ningún actividad relacionada con la abogacía. "Si esta disposición no figura en el proyecto de ley que ahora nos presenta el Gobierno", dijo el diputado popular, "será porque el presidente González y el ministro Ledesma tienen previsto abrir un bufete en el año 88", alusión que provocó las primeras protestas en los bancos socialistas.

Tras comparar artículo por artículo el contenido del decreto-ley de 1955 con el actual proyecto, Muñoz-Calero dijo que prácticamente no existían diferencias entre uno y otro y que, por lo que se refiere a las cuestiones técnicas, "ambos textos no resisten la comparación. El vigente es mil veces mejor que el que se nos presenta".

Muñoz-Calero concluyó alertando sobre el peligro que la .aprobación del proyecto de ley de incompatibilidades puede suponer "para crear una clase política profesional, con personas, que anteponen el mantener un puesto a la ideología, ya que necesitan el puesto para vivir porque no saben hacer otra cosa".

Corrupción absoluta

El socialista Justo Zambrano comenzó la réplica con un ataque sin contemplaciones: "me gustaría que el señor Muñoz-Calero explicase a esta Cámara cómo un decreto-ley (el del 55) tan cargado de perfecciones ha permitido la absoluta corrupción que se ha generado en la vida pública española, y cómo, si es tan bueno y tan estricto, ha consentido que un presidente de Gobierno haya ejercido como tal y haya seguido cobrando como funcionario". "También podría explicamos por qué tantos ministros recientes han seguido cobrando de sus otros empleos de la Administración Pública y por qué", añadió, "un ex ministro del antiguo régimen llegó a cobrar cada mes 14 sueldos de la Administración pública".Zambrano dijo que, puestos a preferir leyes del pasado, él se quedaba con las leyes de la República, "que por algo fueron abolidas en 1936". A partir de esta fecha, según el diputado socialista, "se creó tal caos y tanta corrupción que hubo que corregirlo con el decreto de 1955, si bien éste ni acabó con la corrupción ni acabó con el caos, porque nunca se tuvo voluntad política de aplicarlo".

Para Justo Zambrano, la moralización de la vida pública es absolutamente necesaria "porque", dijo, "nuestra clase dirigente y política ha estado sumida en tal grado de corrupción que la gente del pueblo siempre ha desconfiado de ella". Para terminar con esta situación, el proyecto de ley de Incompatibilidades de Altos Cargos es necesario, según puso de manifiesto Zambrano.

Esta apreciación del diputado socialista originó un oleada de aplausos por parte de los socialistas y un coro de abucheos por parte de los diputados del Grupo Popular. Muñoz-Calero replicó recomendándole que se inscribiera en el primer curso de la Facultad de Derecho, lo que provocó nuevamente los aplausos de sus compañeros y los abucheos de los contrarios.