El Ejecutivo, preocupado por las alteraciones laborales

El Gobierno dedicó gran parte de la reunión del Consejo de Ministros de ayer al análisis de las posibles repercusiones que sobre la seguridad ciudadana pueden tener los anunciados conflictos laborales de la banca y de la policía. El mantenimiento de esta seguridad parece ser una de las máximas preocupaciones del Gabinete, según se desprende de las declaraciones del portavoz Eduardo Sotillos al término del Consejo. En relación indirecta con este tema, Sotillos indicó que "la intención del presidente González" parece ser participar en la concentración que el sindicato UGT realizará en Madrid el próximo día 1 de mayor.El ministro del Interior, José Barrionuevo, presentó un informe al Consejo, resaltando que se registra una disminución de la actividad terrorista.

Las alteraciones laborales constituyeron el punto central del informe que el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, presentó, a su vez, al Consejo; la conflictividad es aproximadamente igual que la registrada en las mismas fechas (período de negociación colectiva) del año pasado, aunque se han registrado brotes de preocupante significado social (Gijón, Sagunto, Vigo, Insalud, Banca ... ). Hasta el 22 de abril, los convenios firmados afectaban a 1.250.000 trabajadores, y el 90% de estos convenios se mantenían dentro de la banda establecida. Almunia subrayó también las ya conocidas cifras de descenso en la caída del desempleo, aunque "aún no se ha alcanzado el punto cero desde el que iniciar la curva de la recuperación", según la versión de Sotillos.

Educación compensatoria

También el titular de Educación, Jose María Maravall, presentó un informe, en el que se resaltaba la "escasa incidencia de la huelga de la enseñanza privada, excepto en las regiones de Murcia y Cantabria". A propuesta de este Departamento, el Consejo aprobó un Real Decreto sobre educación compensatoria, "que garantice unos niveles mínimos de prestaciones educativas en todo el territorio nacional", creándose para ello cien equipos especiales, dotados con dos mil millones de pesetas.En Asuntos Exteriores, el Consejo aprobó la adhesión de España a vanos acuerdos internacionales en materia penal y de la Administración pública. En Defensa, se concluyó la prevista estructuración de la Dirección de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (DRISDE). En Cultura, se aprobó la regulación de salas especiales de exhibición cinematográfica, tanto por los que respecta a filmes pornográficos como a los de arte y ensayo; en el primer caso, las salas, que recibirán la calificación X, tendrán una regulación claramente limitativa y no podrán disfrutar de ninguna ayuda que el Estado conceda en materia de cuota de pantalla.

Por lo que se refiere a nombramientos, el Consejo de Ministros aprobó, como únicos destacados, los de Joaquín Ortega Costa como presidente del Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía, y Eduardo González Gómez como director técnico del Consejo de Seguridad Nuclear.