El Gobierno propone a las empresas eléctricas un nuevo sistema de tarifas para sanear a medio plazo el sector

El Ministerio de Industria y Energía ha propuesto a las empresas eléctricas el estudio compartido de un nuevo sistema de tarifas que, teniendo en cuenta los costes reales de producción, transporte y financiación de su actividad, permita sanear a medio plazo el sector, previsiblemente a través de su incremento paulatino. Asimismo, el ministerio ha requerido a las empresas un detallado informe sobre la situación exacta en que se encuentra el programa nuclear, junto a un balance consolidado de sus cuentas financieras, con el propósito de instrumentar soluciones dentro de los trabajos en curso para la revisión del Plan Energético Nacional (PEN). La idea gubernamental es encontrar soluciones compartidas que, con el menor coste para el país, pase por una previsible subida de las tarifas y una reducción de los dividendos.

En el almuerzo que ayer ofreció el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, a los presidentes de las principales empresas eléctricas, fueron abordados estos problemas, aunque de una manera esquemática. El objetivo de este primer encuentro entre un miembro del Gobierno y el sector eléctrico era más facilitar información sobre el desarrollo de los trabajos de la revisión del PEN que plantear propuestas unilaterales. En cierto sentido, los comensales sólo pretendieron fijar posiciones y establecer un mecanismo de diálogo.Asistieron al encuentro, además del ministro, Julio Calleja, presidente de las empresas públicas Endesa y Enher; Manuel Gómez de Pablo, presidente de Iberduero; José María Oriol, presidente de Hidroeléctrica; Juan Alegre Marcet, presidente de Fecsa y Unesa, y Julio Hernández Rubio, presidente de Unión-Fenosa.

La información requerida sobre el plan nuclear y la situación financiera fue solicitada al presidente de Unesa en una comunicación escrita de Carmen Mestre, directora general de la Energía y secretaria de la comisiónque revisa el PEN. La misiva establecía de plazo hasta finales de abril, tras lo cual la información facilitada será auditada y pasará al análisis de los cinco sabios que componen la comisión. El objetivo de este grupo de trabajo es determinar si existe sobredimensionamiento en el sector y los costes que tendría de cumplirse a rajatabla el programa nuclear.Fuentes solventes señalan, sin embargo, que dado el confusionismo existente, incluso en el propio sector, sobre el estado actual del plan nuclear, "esta sobrecapacidad puede ser aparente", ya que se desconoce de una manera concreta la fecha en que muchas de las centrales nucleares podrán entrar teóricamente en funcionamiento. En el Ministerio de Industria se tiene la impresión que, si bien puede existir un exceso de capacidad instalada o prevista, el establecimiento de un timing apropiado en la conexión a la red de algunos grupos permitirá paliar muchos de los problemas que se podrían presentar si se dejan las cosas funcionar como hasta ahora.

Un alto funcionario admitía a este periódico que las declaraciones de la directora general de laEnergía, Carmen Mestre, en torno a una posible ralentización del plan nuclear, "han podido sorprender al sector, aunque quizá inexplicablemente". En su opinión, las declaraciones "no se han comprendido bien, ya que hasta que no concluyan los estudios no se sabrá con exactitud lo que va a pasar con el programa nuclear". "No cabe hablar de un parón del programa nuclear, porque al final puede que sean cinco, o incluso siete, los grupos que se enchufen a la red".El único principio que guía a los redactores del plan, según la misma fuente, es el del coste final que puede tener para el país la culminación, ralentización o el freno del programa y de las inversiones que exige. "Al final es hasta muy posible que la cifra de 7.500 megavatios, que el PSOE previa para la capacidad instalada a medio plazo de origen nuclear, no sea tan descabellada".

Aparte de la cuestión nuclear y la prevista nacionalización de la red en alta, en fuentes oficiales existe una apreciable preocupación por la situación financiera de las empresas eléctricas, especialmente a raíz de las repercusiones que sobre su endeudamiento exterior está teniendo la depreciación de la peseta. A este respecto, el ministerio se encuentra estudiando una sensible modificación del sistema tarifario, con el fin de permitir al sector buscar nuevos mecanismos para equilibrar sus cuentas. El nuevo sistema tarifario trataría de adaptar los ingresos a la nueva estructura de costes, con la vista puesta en la disminución de los financieros.

En medios oficiales también se desea que este tipo de soluciones sea concertado, es decir, que exija esfuerzos por todas las partes. Las fuentes consultadas estiman que las eléctricas, cuya delicada posición es evidente, deben abandonar determinadas prácticas que no están muy en consonancía con su situación financiera. La reciente reducción del dividendo distribuible por parte de Iberduero se considera como un paso positivo, aunque quizá todavía insuficiente. Una actuación más coherente sobre los fondos de regularización y otras prácticas contables que priman al capital se considera también necesaria y decisiva para proceder a un saneamiento compartido del sector.