42 abogados valencianos se suman a la acción popular por la muerte de un preso

Un total de 42 abogados, todos ellos colegiados en Valencia han solicitado sumarse a la acción popular ejercitada por otros dos colegas suyos en torno a la muerte por ahorcamiento del recluso Juan Antonio García Acién, de 17 años. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Francisco Martínez Muñoz, confirmó ayer el procesamiento del ex director de la cárcel Modelo de Valencia, Armando Flors, y otros dos funcionarios, al desestimar los recursos de reformas presentados tanto por ellos como por la acusación popular, que pedía más procesamientos.

La madre de García Acién ha solicitado del juzgado que se le nombre abogado y procurador de oficio, como paso previo para personarse en el sumario que se instruye.De los 42 abogados que desean sumarse a la acción popular, algo más de la mitad son hombres, y el resto, mujeres; en su mayor parte pertenecen a las últimas promociones. Con el personamiento en el sumario pretenden, al parecer, reforzar la postura de la acusación popular y conferirle un carácter más colectivo. No se descarta que haya nuevos personamientos de abogados en los próximos días.

El juez no ha resuelto hasta el momento, en virtud de un defecto de forma en la solicitud, que ha pedido se subsane. Se trata de que los 42 abogados no especificaban a quién. correspondería la dirección letrada. Se espera que, al igual que lo fueron los dos abogados que constituyen en este momento la acusación popular, sean admitidos y se les fije una fianza tan simbólica como en el caso de aquéllos, que fue de 500 pesetas a cada uno.

Como ha venido informando este diario, Juan Antonio García Acién, que cumplía condena de dos años por robo en el Instituto Penitenciario de Liria, de régimen abierto, falleció el pasado 31 de octubre en una celda de aislamiento de la cárcel Modelo, de las llamadas negras o ciegas, por carecer de luz y ventilación. García Acién fue encontrado por un funcionario colgado con un jirón de la manta de la cancela interior de la celda. La noche anterior había sido trasladado desde el establecimiento de Liria a la cárcel Modelo de Valencia.

Los dos abogados ejercitaron la acción popular prevista en la Constitución para que se investigasen judicialmente las circunstancias de la muerte del preso. Posteriormente el juez ordenó la clausura de las dos celdas negras que hay en la Modelo y finalmente dictó auto, de procesamiento contra Armando Flores Matéu y los funcionarios José Ignacio Hermógenes Martínez del Buey y Juan Fernando Díaz Rodríguez, como presuntos autores de un delito de auxilio al suicidio por imprudencia.

La acusación popular había pedido el procesamiento de los tres funcionarios citados y también del director del Instituto Penitenciario de Liria, Ramón Cánovas Calatrava, como presuntos autores de un delito de homicidio por imprudencia profesional.

Igualmente pedía que se procesase a otros cuatro funcionarios por diferentes causas, entre ellas la posible existencia de malos tratos.