José María Ruiz-Mateos presentará una nueva demanda contra el Gobierno por el despojo de sus bienes

El ex presidente de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, presentará en los próximos días, ante el Juzgado de Guardia de Madrid, una nueva demanda interdictal contra el Gobierno por el despojo de sus bienes. Esta segunda demanda, de mayor contenido que la primera, responde, según los abogados de Ruiz-Mateos, a la petición del propio juez, expresada cuando no admitió a trámite el primer interdicto la semana pasada. El juez lo rechazó porque no quedaba probado el despojo de tales bienes, al no demostrar suficientemente la posesión anterior de las acciones del grupo Rumasa por los seis hermanos Ruiz-Mateos.

La nueva demanda, de semejante extensión aunque de mayor contenido que la primera, añade información sobre la posesión de acciones y sobre el despojo, realizado por el Gobierno mediante la expropiación, e incluye los nombres de varios testigos a los que el juez puede citar para que digan si les consta que la familia Ruiz-Mateos era propietaria o no de Rumasa.Fuentes de la defensa de Ruiz-Mateos, que ultiman algunos detalles de esta segunda demanda por despojo, consideran que el Gobierno deja indefenso a su cliente por no facilitarle los documentos que precisamente pide el juez para demostrar la posesión anterior de las acciones de Rumasa. Con los documentos pedidos sin éxito al director general del Patrimonio del Estado, Javier del Moral, mediante dos requerimientos notariales, los abogados consideran que el juez no habría podido rechazar el primer interdicto.

Por otra parte, la defensa de Ruiz-Mateos estima que la querella presentada por el fiscal y admitida por el nuevo juez especial de delitos monetarios, que tomó posesión precisamente el mismo día de la citada querella, "no parece suficientemente fundamentada". Los representantes de fundador de Rumasa insisten en la segunda demanda, al igual que en la primera, en que la intervención del Estado no ha tenido por objeto evitar la quiebra o suspensión de pagos del grupo y que de los datos aportados por el Gobierno no se desprende ninguna razón para expropiar Rumasa

La demanda de juicio interdictal contra el Estado español, para recobrar la posesión de Rumasa, señala que el decreto del 24 de febrero pasado, por el que se expropiaron las propiedades de Ruiz-Mateos viola el artículo 86.1 de la Constitución, al no haber existido la necesidad para proceder a la expropiación. De todos los datos que el Gobierno ha dado desde el día de la expropiación de Rumasa, SA y su grupo de empresas, hasta la fecha (6 de abril pasado), "todavía no se conoce cuál es la razón que le llevó a tomar la medida que se combate".

La expropiación, lo mismo que cualquier otra medidal hubiera estado justificada, desde los planteamientos del ministro, como sanción contra una conducta del presunto incumplidor. Pero hasta ahora era desconocida en el ordenamiento jurídico una medida de tan gravísimas consecuencias, fundamentada en una sanción que se ha impuesto sin oír ni siquiera al interesado.

El Consejo de Estado

La prueba de que no había ninguna necesidad de aplicar esta medida, es que el Gobierno, al pedir dictamen al Consejo de Estado para la tramitación por vía del real decreto ley, ha recibido la siguiente respuesta del mismo: "En una estimación previa que no prejuzga la cuestión, cabe decir que no hay en el expediente suficientes elémentos de juicio para que el Consejo de Estado se pronuncie de un modo concluyente sobre si está justificada o no la expropiación".

Para los autores del interdicto, del expediente enviado al Consejo de Estado no se deducen las razones de necesidad o utilidad para la expropiación. "Púdicamente, el Consejo de Estado dice que no se puede pronunciar de modo concluyente, actitud que no significa más que una velada confesión de su inexistencia".

Otra demostración palpable de la inexistencia de causa expropiandi es la propia declaración de Boyer en el Congreso: "Aún se está investigando", dice el ministro, "pero no corresponde a las cifras que se han dicho. Les puedo decir que el coste es muy pequeño". "Si el coste de la operación es muy pequeño", dice el documento, "es que la situación patrimonial del grupo expropiado no era ni tan desesperada ni tan necesitada de urgente cambio de titularidad como se alegó para expropiar". ¿Qué otro sentido puede tener la frase del ministro?

La demanda afirma, por otro lado, que los hermanos Ruiz- Mateos son los únicos propietarios de las acciones al portador representativas del capital social de Rumasa, SA, aunque ninguno de ellos tiene en su poder justificante alguno demostrativo de esas propiedades en pleno dominio; en la ocupación que ha acompañado a la expropiación, la Dirección General del Patrimonio del Estado tiene en su poder los documentos necesarios para probar la posesión de los Ruiz-Mateos sobre sus acciones. Sin embargo, los Ruiz-Mateos tienen en su poder la hoja registral en donde se recogen nominalmente algunos desembolsos pasivos posteriores a las ampliaciones de capital que se han producido en Rumasa. De esta hoja se deduce que José María Ruiz-Mateos suscribe desde un incierto momento el 50% de las acciones emitidas y que los cinco hermanos de José María suscriben cada uno de ellos el 10%, lo que completa el 100% del capital emitido.

El despojo

Además, los Ruiz-Mateos poseían a título particular el 2,5% del capital social de Ballestero y Cía. (lsidoro Ruiz-Mateos), el 2,5% de Ballestero y Cía., el 2,64% del Banco Comercial de Cataluña, el 10,64% del Banco de Jerez y el 5,39% de Viñedos Españoles (Zoilo Ruiz-Mateos).

Por otra parte, Rumasa es propietaria, directa o indirectamente, del 100% de las entidades relacionadas en el anexo del decreto de expropiación, exceptuando las pequeñas participaciones que están en manos de terceros en las sociedades que a continuación se detallan: Ballestero y Cía., SL, 5% del capital social en manos de terceros, Banco Atlántico, SA, 44%, Banco Comercial de Cataluña, SA, 19,82%, Banco Condal, SA, 42,36%, Banco Industrial del Sur, SA, 3,16%, Banco General, SA, 29,66%, Banco Latino, SA, 0,64%, Banco del Norte, SA, 0,01%, Banco del Noroeste, SA, 9,34%, Banco Peninsular, SA, 0,13%, Bodegas Franco Españolas, SA, 0,06%, Bodegas Internacionales, SA, 5,74%, Calmante Vitaminado, SA, 50%, Fénix Peninsular, SA, 50%, Fontecelta, SA, 0,01%, Galerías Preciados, SA, 21,38%, Internacional de Alimentos, SA, 30%, Instituto Español, SA, 0,09%, Leasing Internacional, SA, 2,88%, Loewe, SA, 33,45%, Minerva, SA, 1,26%, Rumasina, SA, 9,83%, Rumasinver, SA, 1,97%, Viajes Internacional Expresso, SA, 0,17%, Viñedos Españoles, SA, 7,7%. Por último, la participación directa de Rumasa, SA, en el capital social de las entidades relacionadas en el anexo del real decreto ley de expropiación de 24 de febrero pasado (en tantos por 100) y número de acciones, es la que se detalla en el cuadro adjunto.