El abogado de la familia Prado no duda de la fiabilidad de la información publicada en EL PAÍS sobre el rescate

Marcial Fernández Montes, abogado de Diego Prado, manifestó ayer en Madrid que no se podía dudar de la fiabilidad de las fuentes citadas por este periódico, según las cuales, ETA pide un rescate de 1.300 millones de pesetas por la libertad de Diego Prado. El abogado de la familia hizo esta declaración a la salida del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, adonde había acudido para acompañar a un hijo del secuestrado, quien ratificó ante el juez la declaración efectuada ante la policía sobre el secuestro de su padre, el pasado 25 de marzo.

Según un despacho de la agencia Efe y otro casi idéntico distribuido por Europa Press, Marcial Fernández manifestó textualmente: "No podemos dudar de la fiabilidad de las fuentes que cita hoy un periódico de Madrid, que aseguran que ETA Militar pide un rescate de 1.300 millones de pesetas por la liberación de Diego Prado. Lo que sí puedo asegurar es que la familia no ha establecido ningún contacto con los secuestradores y está deseando poder hacerlo". El abogado definió la situación como "cada vez más angustiosa e inexplicable".La información publicada ayer por EL PAÍS sobre el espectacular montante del rescate, 1.300 millones de pesetas, jamás pedido en ningún secuestro por ETA, provenía de dos fuentes distintas, una política y otra policial, de comprobada solvencia. La primera noticia sobre la cuantía del rescate obraba en poder de un redactor de este periódico desde hace cinco días. En la comprobación de este dato trabajaron durante días otros redactores.

Juan Roldán, que ha mantenido conversaciones periódicas con Manuel Prado sobre el desarrollo del secuestro, la noche del lunes se puso de nuevo en contacto con el portavoz de la familia, quien, ante el anuncio de que este periódico iba a publicar la información sobre el rescate, declaró que la familia no había recibido ninguna petición formal por parte de ETA. (Véase EL PAÍS de ayer, primera página). En contra de la afirmado ayer por Manuel Prado a TVE el citado periodista en ningún momento violó la elemental regla profesional, protegida por la Constitución, de reservarse las fuentes. La acusación formulada por Manuel Prado al PSOE es, por tanto, gratuita.

Venta de bienes

Esa misma noche llamaría a la sección de España de este periódico un portavoz gubernamental, que había sido advertido de la información que poseía EL PAÍS, para transmitir la opinión de la familia Prado de que la publicación de la noticia podía entrañar riesgo para el secuestrado.El portavoz de Interior no puso en duda la información que poseía este periódico. Por otra parte, el día anterior, el titular del departamento, José Barrionuevo, había declarado a Diario 16 que no tenía por qué no creer a la familia Prado cuando niega haber tenido contacto con los secuestradores. "Lo que la policía sí tiene", declaró el ministro de Interior, "son indicios suficientes para considerar que los móviles del secuestro han sido exclusivamente económicos".

Sobre el móvil económico de esta acción terrorista se viene especulando en medios periodísticos desde hace bastantes días, y la policía así lo ha admitido.

Manuel Prado manifestó el pasado 5 de abril que no había vendido ninguno de sus bienes con vistas al pago de un hipotético rescate, pero reconoció que había iniciado una serie de acciones tanto para buscar compradores de algunas de sus propiedades como para buscar posible financiación en diversas entidades. Todo ello, manifestó, "con vistas a saber qué valgo, cuánto podría yo aportar en caso de un hipotético diálogo. Venderé e hipotecaré todos los bienes que de mí dependan para ayudar a mi hermano".

Encuanto a la actuación policial sobre el secuestro no se ha producido novedad alguna en los últimos días. En Interior se sigue en la convicción de que Diego de Prado está en la zona norte de Madrid.