Ligero avance en la negociación para la venta de Banca Catalana
Las negociaciones entre el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y La Caixa, para la venta a esta última entidad del paquete mayoritario que el Fondo ostenta en el grupo Banca Catalana, han registrado una ligera aproximación de posturas, si bien el afianzamiento de los créditos dudosos que solicita mediante una u otra fórmula la entidad de ahorro sigue constituyendo el escollo fundamental.Las negociaciones partieron de una oferta en firme hecha por el Fondo en marzo pasado, a la que siguió, el 7 de abril, un pliego de condiciones de La Caixa formulado por su consejo de administración. Estas condiciones consistían, en síntesis, en la ampliación de algunas ayudas financieras ya prestadas al grupo bancario y en el afianzamiento de los créditos que la entidad de ahorro reputaba de dudoso cobro, en divergencia de criterios con los actuales administradores del grupo.
La respuesta a la primera contraoferta de La Caixa fue negativa en casi todos los renglones, a excepción del alargamiento del plazo de los créditos del Banco de España -por valor de 120.000 millones, al 8% y a cinco años-; del plazo de exención del coeficiente de caja; y de la compra de buena -parte de la cartera industrial del grupo bancario. Reestudiado el asunto por la autoridad monetaria y la ejecutiva del Fondo de Garantía, éste ha realizado una nueva oferta, ya en la senda de afianzar, por vía indirecta, los créditos dudosos (unos 32.000 millones), mediante la concesión de un crédito sin interés de 7.000 millones y a cinco años.
Otros aspectos de la segunda oferta oficial son la aceptación del escalonamiento solicitado por La Caixa para la supresión de la exención de coeficientes; la formalización de la propuesta de ampliar a seis años el préstamo de 120.000 millones del Banco de España; y el escalonamiento durante cinco años en el traspaso del capital (casi 14.000 millones). La segunda contraoferta de La Caixa reclama mayores plazos en estos últimos aspectos, pero se centra fundamentalmente en solicitar un crédito superior a los 7.000 millones para compensar los créditos dudosos.
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