El Banco de España aconsejó, previamente a la expropiación de Rumasa, la toma de control del grupo por parte del Estado

La toma de control por parte del Estado del grupo Rumasa fue una de las alternativas ofrecidas al ministro de Economía y Hacienda en un informe presentado por el Banco de España dos semanas antes de que el Gobierno decidiese la expropiación. La excesiva concentración del riesgo de la división bancaria en las empresas del grupo, la ocultación de información, la falta de claridad contable y el incumplimiento de la normativa vigente son algunas de las razones aducidas por el banco emisor. En el documento se señala también la posibilidad de que las pérdidas registradas arrojen cifras negativas en su balance patrimonial y se desvelan las irregularidades contables que representan algunas revalorizaciones de activos llevadas a cabo. El compromiso de suspender la actividad inversora, adquirido por Ruiz-Mateos según el informe, no se cumple, como lo demuestra la adquisición de Sears y el precontrato de compra del Banco de Levante.

"La preocupación del Banco de España por las situaciones de dominio de una empresa o grupo económico y financiero sobre entidades bancarias se remonta a los años en que empieza a constituirse el grupo bancario Rumasa, y comienzan a apuntar los problemas de concentración de riesgos que tal situación de dominio trae de modo inevitable, dado que los bancos son adquiridos precisamente para aportar financiación al grupo económico". Con esta frase se inicia el anexo 1 sobre las actuaciones que el Banco de España había venido desarrollando en relación con el caso Rumasa, que con fecha 10 de febrero pasado fue remitido al ministro de Economía y Hacienda y que anteayer tuvo entrada en el Congreso de los Diputados para atender la petición de diversos parlamentarios de la oposición.En el pleno del Congreso en que resultó derrotada la enmienda a la totalidad de la disposición expropiatoria del holding de la abeja, presentada por el Grupo Popular, varios diputados denunciaron el incumplimiento de la promesa gubernamental de facilitar este informe, y el presidente de la Cámara, Gregorio Peces Barba, insistió en que inmediatamente después de que llegase la misma tendría conocimiento del texto íntegro la Junta de Portavoces.

A lo largo de los 77 folios de los que consta el informe del banco emisor se narra el desarrollo de sus relaciones con los 18 bancos que componían la correspondiente división de Rumasa y, a modo de epílogo, establece tres supuestos de actuación para frenar una situación crítica, puesto que se deduce a la vista de "los resultados de las inspecciones llevadas a cabo recientemente y los datos parciales suministrados por las auditorías indican, mas allá de cualquier duda razonable, que el grupo está experimentando unas pérdidas tan importantes que muy probablemente su patrimonio neto o es negativo o lo será en un futuro inmediato.

Tres alternativas

La primera de estas tres alternativas de actuación propone la continuación del procedimiento sancionador de cada uno de los bancos en los que la inspección del Banco de España detecte anomalías, mediante el correspondiente expediente al Banco y a sus responsables. Sin embargo, y a renglón seguido, se observa que esta estrategia presenta la desventaja de que no se podrían adoptar medidas globales para el conjunto del grupo, ya que se transferirían, como estaba ocurriendo, los problemas de los bancos sancionados a los restantes, aunque se reconoce que tendría la ventaja de evitar el riesgo de provocar una crisis de confianza repentina en el conjunto de las sociedades del holding.

La segunda alternativa propuesta en el informe del banco emisor contempla la posibilidad de realizar una intervención como tal o relevo de la Administración (vía decreto-ley 5/1978) en cada banco que la inspección vaya comprobando la existencia de anomalías graves, circunstancia que podría darse en cuatro o cinco bancos en el primer trimestre de 1983. Entre las ventajas que representaría una actuación de este tipo se señala la interrupción que se provocaría en las anomalías detectadas en los bancos intervenidos.

En cuanto a los inconvenientes, se señala de nuevo que el resto de los bancos del grupo mantendrían e incluso acentuarían su heterodoxia operativa, y aparte se podría desencadenar inmediatamente una crisis de confianza en el conjunto del grupo que provocase una salida de depósitos que, de poducirse en igual proporción que en el Grupo Catalana, podría llegar a representar una cifra del orden de los 150.000 o 200.000 millones de pesetas. Además se insiste en el hecho de que no se tendría el control genérico del grupo y en cualquier caso no se garantizaría su continuidad.

Enlazando con esta posible solución, y para evitar la situación que plantearía la salida de depósitos, el Banco de España proponía dos alternativas concretas. La primera de ellas planteaba la posibilidad de proceder a una intervención de todos los bancos del grupo, con apoyo financiero del banco emisor. La segunda proponía una suspensión de pagos genérica de los bancos de Rumasa, lo que a su vez permitiría el control de los mismos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

A esta posibilidad, el citado informe le reconoce las ventajas de su ejemplaridad y respeto al juego del mercado, pero le atribuye desventajas tales como situaciones de indefensión de otras entidades de depósito que precisarían de la ayuda del Banco de España para superar las dificultades de tesorería a las que tendrían que enfrentarse, psicosis general de crisis a nivel nacional con probable inhabilitación para el futuro de los procedimienos de reflotamiento de entidades bancarias que están siendo utilizadas, crisis de confianza internacional respecto a la banca española y posible suspensión de pagos de numerosas empresas participadas que se verían privadas de su fuente de financiación.

Control por el Estado

Por último se proponía como tercera solución alternativa la toma de control del grupo en su conjunto por parte de la Administración. En el documento se le reconocían los inconvenientes de la crisis de confianza comunes a cualquiera de las otras fórmulas. Sin embargo, se le otorgaba la ventaja de asegurar, por la vía de una gestión adecuada, el saneamiento y la continuidad del grupo en su conjunto, al permitir controlar el capital y la gestión de todos los bancos y empresas simultáneamente. No obstante, esta fórmula, según el Banco de España, tenía el riesgo de constituir un precedente político a considerar, por apartarse de las actuaciones que tiene establecida la normativa bancaria.Así, desde los primeros días del mes de febrero, casi dos semanas antes de producirse la decisión expropiatoria del Gobierno, Miguel Boyer y su equipo tenían información bastante exacta de la comprometida situación que atravesaban las empresas conocidas de Rumasa, además de la existencia de otro grupo de entidades sumergidas cuyo volumen era prácticamente imposible determinar sin penetrar en los entresijos del holding.

La ocultación de datos y la elusión de las normas legales establecidas en la operativa bancaria por parte de los responsables de Rumasa constituyen un elemento ampliamente tratado a lo largo del informe. De este hecho parte la convicción de que resulta muy difícil evaluar la situación real del grupo, aunque no cabe duda de su situación comprometida. Se señala que "por su propia naturaleza y sus prácticas contables, el grupo puede siempre ocultar su verdadera situación económica, mediante procedimientos tales como la continuada activación del pago de intereses o las ventas internas de activos a unos precios fuera de mercado que permiten a la sociedad en pérdidas cubrirlos por la plusvalía generada en la operación. A los mismos resultados lleva la simple regularización de los valores de activos recientemente adquiridos, como de hecho ha ocurrido recientemente con Galerías Preciados".

En relación con Galerías Preciados, el documento precisa que las acciones de esta sociedad fueron revalorizadas en la contabilidad de Rumasa en 11.576 millones de pesetas inmediatamente después de su compra.

Irregularidades contables

En el informe de auditoría de Rumasa y sociedades de cartera se apunta que "de 86.375 millones en créditos bancarios que tienen en su pasivo, 54.992 millones figuran en los bancos concedidos a nombre de otro titular. Es frecuente que los balances de estos últimos titulares no reflejen tales créditos, porque se consideran simple soporte instrumental de este tipo de operaciones".La existencia de un grupo de empresas paralelas también estaban detectadas por el banco emisor, que en su informe señala que "se ha venido observando la existencia de otras sociedades sobre las que existen indicios muy claros de que forman parte de un grupo paralelo, destinado precisamente a ocultar al Banco de España la vedadera naturaleza de algunas operaciones de los bancos o ciertas compras del grupo de algunas empresas, desoyendo los requerimientos del Banco de que no continuase absorbiendo nuevas sociedades. Se tienen detectadas 85 sociedades con riesgos de 42.861 millones en los bancos del grupo, que representan el 19,3% del total de riesgos de los bancos del grupo".