Sólo el Grupo Popular se opone a la reducción de las penas para el tráfico de drogas y a la supresión del delito de tenencia

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso celebrará hoy y mañana sesiones de mañana y tarde, para concluir el dictamen de la reforma parcial y urgente del Código Penal, con objeto de que el Pleno de la Cámara pueda debatirla la próxima semana. Entre las novedades del proyecto gubernamental figura la drástica reducción del actual arbitrio judicial para imponer hasta 20 años de privación de libertad por tráfico de drogas. El Grupo Parlamentario Popular se opone a que queden excluidas del ámbito penal la elaboración y la mera tenencia de drogas tóxicas y a la rebaja de la sanción proyectada por el Gobierno para los casos en que los estupefacientes no causen grave daño a la salud.

El proyecto gubernamental aborda en profundidad la reforma del vigente artículo 344 del Código Penal, por estimar que existen en el mismo graves defectos, como son que las penas aplicables van desde seis meses a veinte años, sin indicación normativa suficiente y fiado al exclusivo arbitrio judicial. Según el texto vigente, los tribunales, "atendidas las circunstancias del culpable y del hecho", podrán imponer la pena inferior o superior en un grado a la normalmente prevista de prisión mayor -de seis años a doce años de cárcel-, por lo que, en caso de optar por la pena superior, se podría llegar hasta la reclusión menor, esto es, de doce a veinte años.Frente a esta situación, el Gobierno proyecta rebajar la pena normal por este delito a la prisión menor -de seis meses a seis años-, reducible a la de arresto mayor -de un mes a seis meses- cuando las sustancias objeto del tráfico "no causen un daño grave, inmediato y eventualmente irreversible". Una enmienda del Grupo Popular, que será presumiblemente derrotada tanto en la comisión como en el pleno, propone la supresión, de esta rebaja, por estimar que no es admisible -se explica en la justificación de la enmienda"la distinción que hace el proyecto entre sustancias que causen graves daños a la salud y sustancias que no causen un daño grave, inmediato y eventualmente irreversible.

En cuanto a la descripción del delito, el Gobierno ha modificado sustancialmente la tipificación actual, que castiga a "los que ilegítimamente ejecuten actos de cultivo, fabricación, elaboración, transporte, tenencia, venta, donación o tráfico en general, de drogas toxicas o estupefacientes o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten su uso". El nuevo Código Penal sancionará con la pena ya citada de prisión menor y multa de 30.000 pesetas a 1.500.000 pesetas a "los que promovieren, favorecieren o facilitaren el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas mediante actos de cultivo, fabricacion o tráfico, o las poseyeran con este último fin ( ... ), si se tratare de sustancias que causen grave dañoa a la salud."

El Grupo Parlamentario Popular, además de pedir la supresión ya citada de la rebaja de la pena para aquellos casos en que no se cause tal daño "grave, inmediato y eventua Imente irreversible", ha enmendado la descripción del delito, por entender que, junto a los actos de cultivo, fabricación o tráfico de drogas, deben incluirse los de "elaboración" y "tenencia". El grupo que lidera Manuel Fraga considera que "no deben eliminarse los conceptos de elaboración, cuidadosamente distinguidos por la jurisprudencia" y que, por otra parte, "tampoco debe limitarse la tipificación de la posesión de drogas tóxicas a los casos en que estén destinadas al tráfico, puesto que la tenencia con finalidades distintas -como reelaboración o modificación química- debe ser igualmente penada".

El PSOE no ha aceptado por el momento la enmienda comunista que pide la despenalización total del tráfico de sustancias que no causen grave daño a la salud, que quedarían reguladas sólo administrativamente, a través de los delitos de contrabando. Tampoco se ha aceptado la enmienda del PCE que circunscribe la comisión de éstedelito a quienes promovieren, favorecieren o facilitaren el consumo ilegal "ajeno". El PCE argumenta que, según la jurisprudencia y la doctrina, "lo punible es solo el tráfico y no el consumo ni la tenencia para el propio consumo". Por su parte, los socialistas han retirado una enmienda que pretendía penalizar también la manipulación de estos productos.

El informe de la ponencia, que será sometido. hoy y mañana a debate en comisión, tras la aceptación de varias enmiendas del PNV, prevé la imposición de las penas superiores en grado cuando las drogas se difundan entre menores de dieciocho años, en centros docentes, unidades militares o establecimientos penitenciarios, cuando el culpable perteneciere a una organización que tuviera como finalidad difundirlas, así como cuando la cantidad poseída para traficar fuera de notoria importancia".

Una de las enmiendas del PNV, aceptadas por la ponencia, propone que la agravación de las penas en estos últimos supuestos no afecte solamente a los casos en que lo que se difunda entre menores, centros docentes, unidades militares o establecimientos penitenciarios, sino también cuando se trate de drogas tóxicas y estupefacientes.