El PSOE presentó ayer su política educativa municipal
"La redistribución de los medios de rinanciación y la nueva Ley de Régimen Local, serán los mecanismos que utilizaremos para conseguir los objetivos de política educativa municipal que presenta el PSOE para estas elecciones". Con estas palabras, Victorino Mayoral Cortés, diputado socialista por Cáceres y delegado federal de Educación del PSOE, presentó ayer el programa marco municipal de los socialistas en materia educativa.
Las dos líneas básicas del programa son, según Victorino Mayoral Cortés, la profundización en las reivindicaciones de la ciudadanía -puestos escolares, mejora de la calidad de la enseñanza, participación- y la participación de los municipios en la política socialista para todo el Estado. Es evidente, señala el programa socialista, que las actuales competencias de los entes locales en materia educativa "tienen que ser ampliadas" y así debe reflejarse en la nueva Ley de Régimen Local.Mientras tanto, el PSOE propone "un período de colaboración con la Administración Central -Ministerio de Educación- o autonómica, de forma que compartamos una serie de competencias".
En este sentido, la participación de los ayuntamientos se concreta, entre otros, en los siguientes puntos: Planificar, junto con la Administración correspondiente, la creación de puestos escolares a todos los niveles, intervenir activamente en la redacción de los proyectos de construcción, planificar y gestionar el transporte escolar, controlar los comedores escolares, supervisar y controlar la calidad en la construcción y en el equipamiento de los centros y utilización de los centros e instalaciones fuera del horario escolar.
La política educativa del PSOE en el ámbito municipal para los próximos años ha de basarse, según el manifiesto electoral presentado, en lograr la participación ciudadana en la administración educativa "a través de la puesta en funcionamiento de los consejos escolares a nivel local" para que sea posible una planificacion democrática de la educación.
En segundo lugar, en reivindicar la atribución de competencias a los ayuntamientos y diputaciones en materia de Educación y Cultura y, finalmente, en contribuir a la mejora de la calidad de la educación, lo que supone la dignificación y ampliación de la oferta pública, tanto en instalaciones como en actividades y servicios educativos.
