Interior ha ordenado que se impida pagar el posible rescate

Los servicios de la Seguridad del Estado tienen orden de impedir el pago de un posible rescate por la liberación de Diego Prado, secuestrado por un comando de ETA Militar el pasado 25 de marzo, según informaron ayer fuentes oficiales del Ministerio del Interior. Las mismas fuentes indicaron que no existe constancia de que la familia del secuestrado haya conectado por ahora con los terrorista.No obstante, en medios policiales encargados de la investigación del caso, se comentó ayer que los servicíos policiales de información conocen con bastante detalle algunos intentos realizados por miembros de la familia Prado para conectar con ETA Militar. "A la familia Prado se le ha hecho saber que la Policía tratará de impedir cualquier pago que se efectue a los terroristas". "Ahora bien", dijeron las fuentes oficiales, "el extranjero se pueden hacer cosas que la Policía española ya no puede controlar".

Respecto a la marcha de las investigaciones, comentaron que la actual situación es "de punto muerto", aunque se sigue trabajando en la búsqueda de nuevas pistas.

En este sentido, precisaron que los investigadores mantienen la creencia de que el secuestrado se encuentra en un piso del barrio del Pilar, concretamente en un agujero cuyas obras de construcción se prolongaron durante cerca de seis meses, según se ha podido saber a través de los presuntos etarras detenidos en los últimos días en Madrid.