¿Qué Administración queremos?

La realidad de hoy es el lastre que nos ha dejado el Estado corporativo de la dictadura franquista, de una Administración poco eficaz, con mala imagen ante la opinión pública y cuyos rasgos más destacables son los siguientes:a) Una estructura de cuerpos cerrados que, mediante las juntas de retribuciones y la Comisión Superior de Personal, supone el control de hecho de las retribuciones de todos lo! funcionarios, así como del acceso a la Administración por una pequeña elite.

b) Como consecuencia de lo anterior nos encontramos, por una parte, con una diversidad de retribuciones dentro de los mismos grupos con iguales índices de proporcionalidad según la capacidad de precisión de los mismos y, por otra parte, con la imposibilidad de ascender si no es por la vía de la oposición a un cuerpo superior o del enchufismo para conseguir jefaturas.

c) Existencia en cada departamento ministerial de una multitud de organismos autónomos que en lugar de descentralizar el trabajo son un elemento de mayor burocratiz ación, de lentitud administrativa, de duplicidad de funciones y además contribuyen a diluir las responsabilidades, como bien se ha visto en el caso de la colza.

Discriminación sindical

Además, hay que añadir una situación sindical discriminatoría para los trabajadores de la Administración pública que ha obstaculizado su participación en la solución de estos problemas.

Así, amplios sectores de la misma (personal civil de la administración militar, funcionarios de las Cortes, personal civil que porta armas en el ejercicio de susfunciones) fueron excluidos del derecho de sindicación en el decreto del 17 de julio de 1977, y la ley de Acción Sindical aprobada por las Cortes del año siguiente reincidió en esta situación, privándoles de los derechos sindicales más elementales (elecciones sindicales, derecho de huelga, negociación colectiva).

A pesar de un intento de regulación de la acción sindical con la circular número 3 de la Presidencia del Gobierno, rebasada por la práctica de estos años, la realidad es que, discriminados en el terreno sindical, los trabajadores de la Administración pública no han sido consultados acerca de los sucesivos proyectos de reforma administrativa de UCD, como tampoco lo han sido las centrales sindicales ni los partidos políticos. La consecuencia de ello es que han prevalecido los intereses corporativos y estos proyectos se han quedado en agua de borrajas; sólo han cambiado las denominaciones de los conceptos retributivos (el coeficiente por el grado), a la vez que la carrera administrativa, al no articularse fórmulas de paso de un cuerpo a otro de nivel superior, ha pasado de poder ser una posibilidad de promoción profesional a significar un mero cambio de grado dentro del mismo cuerpo.

Sólo con el ANE, después del movimiento reivindicativo del año 1980, las centrales sindicales pudieron entrar a negociar las retribuciones de los funcionarios y fueron consultadas acerca de la distribución del 1% del incremento sobre la masa salarial previsto en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año.

La nueva situación a partir del 28-O

Es indudable que la ola de esperanza que ha acompañado la llegada del PSOE al Gobierno también se ha hecho sentir en amplios sectores de la función pública, particularmente ilusionados por la esperada reforma administrativa.

En esa perspectiva, el sindicato de Administración de Comisiones Obreras presentó, en diciembre pasado, un programa de medidas urgentes para iniciar el proceso de la reforma de la Administración pública así como criterios para la negociación colectíva de 1983. Ante esta actitud tendente a abordar, de manera global, una problemática tremendamente complicada, con muchos aspectos interrelacionados, el Gobierno ha optado por fragmentar la negociación.

Así, en una primera fase, y sin tomar en consideración otros temas, se abordó la cuestión del horario para, en una segunda ronda de conversaciones, discutir de las retribuciones con un procedimiento más que cuestionable: después de varias sesiones donde el Gobierno no hizo oferta alguna, el 23 de febrero el secretario de Estado se descolgó con una propuesta a firmar en veinticuatro horas o a dejar, cosa inadmisible en una negociación de estas características.

Esta premura en la firma, que ha imposibilitado la participación de los funcionarios (incluso de los que están afiliados a una central sindical) es la negociación, así como la parcelación de los temas a tratar en la negociación (horario, retribuciones, transferencias autonómicas, estabilidad en el empleo de los contratados administrativos, negociación colectiva del personal laboral, plan de creación de empleo en la Administración, reforma administrativa) han desembocado, en un acuerdo desigual que adolece de graves deficiencias.

Así, mientras que los enseñantes han conseguido un tope más alto en esta negociación, otros colectivos han salido perjudicados, como en el caso del personal laboral, cuyo poder adquisitivo, aun cumpliendo las previsiones del Gobierno, va a bajar tres puntos este año, al no haber contemplado una cláusula de revisión salarial. De la misma manera, un elemento positivo como las homologaciones viene contrarrestado por el hecho que el Estado dejara de aportar 15.000 millones de pesetas a MUFACE este año. En otro plano, este acuerdo tiene el defecto de cerrar la negociación por arriba, que tiende a reforzar el sindicalismo de UGT.

Bien es verdad que, por primera vez, los funcionarios 'han adquirido carta de naturaleza como trabajadores al poder negociar sus condiciones laborales. Se trata ahora de utilizar esta conquista para forzar en un sentido más progresista las negociaciones pendientes. En particular es preciso racionalizar los niveles de puesto base, eliminando diferencias dentro de un mismo cuerpo, y utilizar el reparto del 2,5% para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios más bajos.

Por último, conviene tener clara la perspectiva de apertura de la segunda mesa y las reivindicaciones que es preciso llevar a la misma en cuanto a la Administración pública se refiere. Los comunistas valoramos positivamente el anuncio de apertura de esa mesa entre Gobierno, patronal y sindicatos, que entendemos ha de abordarse con un planteamiento socioeconómicos audaz y una inequívoca componente de política de solidaridad, así como garantizar la estabilidad laboral del personal contratado.

Entendemos que en una negociación de ese tipo no pueden orillarse problemas como el de la creación de puestos de trabajo en la Administración y, más generalmente, el problema de la reforma administrativa. Es ésta la única manera de abordar con seriedad un acuerdo a tres años que tome en consideración a los trabajadores de la Administración pública. Sin un proyecto global claro de reforma administrativa, seguiríamos con una política de parcheo que perjudicaría los intereses de éstos e imposibilitaría mejorar, modernizar nuestra Administración, poniéndola realmente al servicio de los ciudadanos.

La apertura de un debate con el conjunto de los trabajadores de la Administración pública para fijar la posición a llevar a la segunda mesa ha de ser un objetivo prioritario en estos momentos.

Las facilidades que dé el Gobierno para el mismo será un indicador de hasta dónde pueda llegar el cambio en la Admínistración pública.