Primeros contactos entre la jerarquía católica española y el vicepresidente del Gobierno socialista en los próximos días

Los intentos del Gobierno socialista de abrii un diálogo con la Iglesia católica sobre todos aquellos temas que sean de competencia del Estado están a punto de materializarse con una entrevista al más alto nivel entre el presidente de la Conferencia Episcopal, Gabino Díaz Merchán, y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.Un primer intento en enero fue aplazado por decisión de la jerarquía eclesiástica, que se sintió molesta por la rapidez con que el Gobierno planteó el tema de la despenalización del aborto. En medios eclesiásticos españoles se está preparando activamente el encuentro, que no tia sido desmentido en fuentes guibernamentales, y en los próximos días podría fijarse la fecha para las reuniones de las dos delegaciones, presididas por Díaz Merchán, y Alfonso Guerra.

Por otra parte, según ha podido saber EL PAIS enmedios solventes, la esperada reorganización de algunas diócesis españolas está a punto de producirse y afectará a cambios de sede y nombramientos de obispos hasta un número entre ocho y 12, incluidos los de los arzobispos de Madrid y Tarragona, el vicario general castrense y la creación de varios obispados auxiliares. La lista del Vaticano "no puede retrasarse por más tiempo", en opinión de los medios eclesiásticos consultados por este diario. No obstante, se opina también, es posible que los cambios no se produzcan todos de golpe, sino gradualmente

Una vez serenados los ánimos en los medios católicos después de la primera oleada de protestas por lo del aborto, que en ciertos sectores integristas del episcopado se han extremado hasta el punto de que han querido involucrar a la Monarquía, lo que no ha sentado bien en la Santa Sede, representantes del Gobierno y de la Conferencia Episcopal creen que es urgente el inicie, de un diálogo sobre todos los temas que deben desarrollarse a raíz de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979.

Los ministerios de Justicia y Hacienda tienen muy adelantados los trabajos del nuevo sistema de financiación para la Iglesia católica, que empezará a aplicarse el próximo año fiscal. A partir de entonces la retribución estatal a la jerarquía eclesiástica se distribuirá mediante la utilización de un porcentaje que se obtendrá del impuesto sobre la renta de las personas fisicas.

El acuerdo económico no es el que plantea mayores problemas en las relaciones, centrándose más los recelos existentes por parte de la Iglesia en la política educativa que siga el nuevo Gobierno, subvenciones a la enseñanza privada, educación religiosa en las escuelas públicas, becas y patrimonio artístico. Sobre todos estos temas, así como del desarrollo de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, las dos partes desean entablar cuanto antes los contactos regulares que conduzcan, en opinión de director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez-Pertierra, a una "pacificación" definitiva de las relaciones del Estado con la Iglesia católica y con otras iglesias y comunidades religiosas no católicas.

Nombramientos de obispos

Desde la renuncia por parte del rey Juan Carlos, en julio de 1976, del derecho de presentación, la Santa Sede, a través de las recomendaciones de su nunciatura en Madrid, nombra y cambia libremente a los obispos españoles. Las renuncias por motivos de edad (75 años) del arzobispo de Madrid-Alcalá, del de Tarragona, del vicario castrense y del obispo de Vic hacen que la designación de sus sustitutos esté ya fuera de plazo.

A pesar del secreto y del hermetismo que mantiene la nunciatura sobre los nuevos nombramientos, en medios eclesiásticos se señala al actual arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes Álvarez, para el puesto del cardenal Tarancón, en la importante archidiócesis de Madrid. En el caso de Tarragona y Vic, los candidatos que se barajan son los de monseñor Torruella, actualmente en el Vaticano y que fue obispo auxiliar de Barcelona a principios de los años-setenta o el abad de Poblet, Maur Esteva, para la archidiócesis de Tarragona, que deja vacante Josep Pont i Gol, y de Josep Mariá Guix, auxiliar de Barcelona, para sustituir a Ramón Masnou como obispo de Vic, informa Francesc Valls.

La nunciatura española no ha sido partidaria de recomendar el nombramiento de obispos nacionalistas en Cataluña, algo que hace extensivo al resto de las comunidades autónomas españolas, tema en el que no se cree oportuno que entre la Iglesia en su política de nombramientos, afirman fuentes eclesiásticas. Sin embargo, se cree que Juan Pablo II habría suavizado esa oposición recientemente.

Esa política cobra mayor importancia en el País Vasco, donde la Iglesia no está dispuesta a consentir la unificación de regiones eclesiásticas, como sería el deseo de los partidarios de colocar bajo una sola a las provincias vascas en España y sur de Francia, así como a Navarra. El artículo primero del acuerdo jurídico de 1979 lo especifica: "Ninguna parte del territorio español dependerá de obispo cuya sede se encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro Estado, y ninguna diócesis o circunscripción territorial española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera".

Los cambios en la jerarquía eclesiástica se han paralizado bastante desde la llegada a Madrid hace dos años del nuncio Antonio Innocenti, habiéndose producido tan sólo dos en las sedes de Sevilla y Tarazona. La etapa de nunciatura del anterior, Luigi Dadaglio, que supuso en la década de los setenta la llegada a las diócesis de una generación de obispos más preparados para la transición democrática (Tarancón, Jubany, Roca, Yanes, Torija, Dorado, Sebastián, Osés, Iniesta, Delicado, etcétera), contó también con un interés de modernización en el pontificado de Pablo VI, que no parece haber continuado en el de su sucesor Juan Pablo II, un Papa más defensor de la doctrina tradicional y de las costumbres de la Iglesia.

Por ejemplo, señalan los observadores religiosos, de producirse la sustitución de Vicente Enrique y Tarancón, en Madrid, por Elías Yanes, el cambio sería de una persona más liberal y tolerante, buen diplomático y negociador, por la de un obispo de una gran firmeza en la defensa de los derechos institucionales de la Iglesia, actualmente al frente de la comisión episcopal de enseñanza y catequesis, y que será un interlocutor duro para el Gobierno en las futuras negociaciones sobre educación.

En muchos sectores seglares y eclesíales de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas se vería de buen grado que continuara esa política de modernización en la jerarquía ecle si ástica para adaptarse a los cambios políticos y sociales que se están produciendo en la sociedad española.

Por ejemplo, se señala que uno de los campos más abandonados por las recomendaciones provenientes de Roma es el de la actividad de grupos parroquiales y sociales, en contacto directo con el pueblo, y que, sin embargo, está siendo el terreno más frustífero de gestión por el Opus Dei.