60 agentes de las fuerzas de seguridad 'peinaron' el barrio del Pilar en busca de los secuestradores de Diego Prado

El populoso barrio madrileño del Pilar, situado al norte de la capital fue tomado ayer por cerca de 600 agentes de las fuerzas de seguridad, de los que unos 200 eran inspectores del Cuerpo Superior de Policía y el resto policías nacionales, que establecieron controles en todas las salidas del mismo y peinaron la zona en busca de un comando etarra posible autor del secuestro de Diego Prado. Al mismo tiempo aprovecharon la espectacular operación para indagar sobre el paradero de presuntos miembros de los GRAPO. La policía entró en más de 800 portales y controló una media de 20 pisos por bloque, según informó el Gobierno Civil, lo que da un total de más de 16.000 viviendas registradas o visitadas, según los casos. No hubo incidentes, ni tampoco se había producido ninguna detención a última hora de la tarde de ayer.La operación, que según noticias de última hora se proyecta extender a nuevas zonas urbanas, aledañas al barrio del Pilar, fue montada a partir de una información recibida por la policía, si bien la misma era tomada más como una hipótesis que como una pista de absoluta fiabilidad. "Ya puede suponer que sí no hubiera un indicio no movilizaríamos a 600 agentes" manifestaba un inspector. "Se reciben llamadas y se trabaja con llamadas", agregó.

Minuciosamente, la policía fue visitando inmueble tras inmueble, aprovechando en gran medida la valiosa información de los porteros de las fincas, que normalmente suelen conocer bien a los moradores de las mismas. Estos informaron a la policía, a requerimiento de ésta, sobre el carácter, situación y tiempo que llevaban viviendo los vecinos en las distintas casas.

Control sólo de los pisos sospechosos

Las fuerzas de seguridad centraron sus pesquisas en los pisos de alquiler, vacíos o recientemente ocupados, así como aquellos en que se registra gran movilidad de ocupantes, al igual que en las pensiones. A los propietarios de pisos en alquiler se les instó a que se personaran en la comisaría de la zona, en la calle de Ginzo de Limia, para que detallaran la personalidad de los ocupantes de sus pisos, si bien sólo una decena de éstos había acudido hasta anoche a la comisaría, y, en su mayor parte, para averiguar si efectivamente el registro era obra de la policía.

Según fuentes policiales, la colaboración ciudadana hizo innecesaria la exhibición por los agentes de mandamiento judicial para proceder a los registros. Sobre este punto variaban las versiones. El inspector general de Servicios, Angel García Torres, declaró que disponían en la comisaría de mandamientos judiciales facilitados por el juez de guardia de la Audiencia Nacional en virtud de la Ley 11/80 (Antiterrorista) para proceder a los registros en caso de sospecha. Sin embargo, otro inspector no corroboró que los mandamientos judiciales estuvieran preparados previamente, sino que, según sus palabras, había que solicitarlos al juez de la zona, pero que la operación no llevaba más de dos minutos.

En cualquier caso, era patente el desconocimiento de los vecinos sobre la licitud o no de la entrada de la policía en su vivienda. "A mí me han dicho que con la ley aprobada pueden entrar", declaró una de las vecinas de los edificios controlados.

Los inmuebles, en general, eran revisados por un inspector acompañado de dos policías nacionales. Estos tenían órdenes de que, si algún vecino se negaba a que su vivienda fuese registrada, la Policía Nacional permaneciera en la puerta en espera de que el inspector consiguiera el mandato judicial, procurando que en ningún momento se produjeran incidentes.

Los funcionarios no visitaban todas las viviendas, sino sólo aquellas que a tenor de alguna información de los porteros o de algún vecino podía infundirle sospechas. Un agente lo explicaba así: "Cuando entramos en una casa ya saben a lo que vamos". Alguno también se quejaba: "Estamos chupando escaleras desde las siete de la mañana". Los mismos funcionarios aseguraron que no se estaban registrando todas las viviendas, sino preferentemente aquellas cuyos moradores están en régimen de alquiler o reciben visitas frecuentes. "Cuando subimos a un piso", manifestó otro de los agentes, "ponemos en marcha nuestra psicología policial; si te sale una señora con niños, para qué vas a entrar".

Los agentes llevaban consigo, además de una fotografía del secuestrado, Diego Prado, un juego de fotos de cerca de 60 presuntos miembros de ETA y nueve presuntos miembros de los GRAPO. Estos últimos eran buscados porque, según la policía, el barrio del Pilar es un lugar de residencia habitual de grapo, aunque no afirmaron ni desmintieron su posible conexión con el secuestro de Diego Prado.

En todas las salidas del barrio del Pilar se establecieron controles visuales, en los que un miembro de la Brigada Regional de Información, experto conocedor de los miembros de ETA y GRAPO buscados, observaba la fisonomía de los automovilistas. Dicho control era muy discreto o muy diluido, pues muchas personas que lo cruzaron en coche no tuvieron la sensación de que la observación fuera muy rigurosa. Se produjeron algunos registros en automóviles, en su mayor parte furgonetas. En ningún momento, a lo largo de la jornada, los controles fueron estrictos ni el barrio llegó a estar bloqueado.

Un retén de los GEO, en la comisaría del barrio

Algunas unidades del Grupo Especial Operativo (GEO) permanecieron estacionadas en las inmediaciones de la comisaría del área (Ginzo de Limia, que era el centro operativo) en espera de que se produjeran posibles incidentes o enfrentamientos.

Toda la operación de peinado de la zona, cuya estrategia fue preparada el día anterior por agentes de paísano que la recorrieron, estuvo dirigida por Angel García Torres, inspector general de la Jefatura Superior de policía de Madrid.

Tras registrar los inmuebles, la policía continuaba en sus inmediaciones para ver si se producían movimientos sospechosos. Algunos inspectores manifestaron, sin embargo, su escepticismo ante la operatividad de dicha acción: "Esto es una bobada. ¡Aquí van a estar los terroristas, esperándonos a nosotros! Es una operación para justificar que se está haciendo algo, porque el secuestrado es íntimo amigo del Rey". Por otro lado, algunos inspectores. Confíaban en que de la operación saliera algo. "El secuestro de Villaescusa se resolvió así, con una pequeña pista".

La operación de rastreo del barrio del Pilar, cuya intensidad se aminoró al mediodía para que los agentes almorzaran en turnos, aunque se mantuvieron los controles, denotaba una notoria descoordinación. Una parte del tiempo lo consumieron los agentes en esperas por los alrededores de la zona, aguardando órdenes para saber a dónde dirigirse. El número 3 de la calle de la Villa de Marín llegó a ser visitado en cinco ocasiones por la policía, ante la estupefacción del portero, que no dijo nada a los agentes sobre dicha reiteración, porque "como no me preguntaron nada... "

Por otro lado, el hermetismo informativo fue total en la comisaría de Ginzo de Limia, roto sólo por Angel García Torres, coordinador de la operación, para elogiar la colaboración ciudadana y reconocer que en la citada comisaría poseían mandamientos judiciales firmados en blanco por el juez de guardia de la Audiencia Nacional, "como previene la Ley 11/80" (Antiterrorista). Asimismo, un funcionario de policía de la comisaría de Ventas fue encargado de facilitar algunos datos sobre la operación a los periodistas.

En las primeras horas de la mañana, un fotógrafo de EL PAIS, que estaba realizando su trabajo, fue retenido por la policía mientras se comprobaba su identidad a través de una llamada telefónica.