Extremada la seguridad ante la vista de los recursos del 23-F

Fuertes medidas de seguridad han sido adoptadas en el Palacio de Justicia de Madrid y en sus accesos, ante la vista de los recursos de casación contra la sentencia del 23-F, que comienza hoy. El dispositivo, denominado plan Roco, está formado por 225 hombres de los distintos cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, y comprende tanto la vigilancia del edificio como de las terrazas y tejados colindantes, al igual que la red del alcantarillado de la zona. Un helicóptero sobrevolará permanentemente el lugar y estará en comunicación con las fuerzas desplegadas en torno a la sala de plenos del Tribunal Supremo.

A partir de hoy habrá también custodia para los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, que deberán examinar los recursos de casación de los veinte procesados y del ministerio fiscal. En medios allegados a la abogacía se aseguraba ayer que esta situación no es nueva para el presidente de la sala, Fernando Díaz de Palos, y para otros cuatro magistrados -Luis Vivas Marzal, Manuel García Miguel, Mariano Gómez de Liaño y Fernando Cotta y Márquez de Prado-, que cuentan con una dilatada vida profesional en el Supremo.Los observadores en temas judiciales hacen hincapié en la composición heterogénea de este tribunal, ya que junto a antiguos miembros destacados de Justicia Democrática, como Manuel García Miguel, se sientan hombres considerados de tendencia conservadora, como Luis Vivas Marzal y Mariano Gómez de Liaño.

La atención de los observadores estará centrada, sin embargo, en el fiscal general del Estado, José Antonio Burón Barba, un cordobés de 64 años de edad, que ejerció como maestro de escuela antes de iniciarse en la carrera judicial, que fue miembro de Justicia Democrática y que durante varios años estuvo destinado a la Audiencia Nacional. Él será el encargado de abrir la vista de apelación con un largo recurso, que afecta a 28 de los 33 procesados.

Según medios jurídicos, la sentencia firme podría significar el traslado de algunos de los procesados de los centros penitenciarios militares, donde se encuentran actualmente, a dependencias civiles. Este traslado afectaría a los condenados con penas que excedieran a los tres años y que se vieran desposeídos de su rango militar.

Página 11