El Supremo comienza hoy a examinar los recursos del fiscal y de los defensores sobre el proceso por el 23-F

A las 10 de la mañana de hoy, en la sala de plenos del Tribunal Supremo, se iniciará el recurso de casación interpuesto por el ministerio fiscal respecto a la sentencia dictada contra 28 de los procesados por la causa del 23-F. En esta misma vista, que durará aproximadamente una semana, se verán también los recursos planteados por 20 de los implicados. Este recurso de casación se efectuará al amparo de la ley orgánica de septiembre de 1980, por la que se actualizó el Código de Justicia Militar y se estableció el recurso de casación en la jurisdicción castrense, otorgándose esta posibilidad a los tribunales ordinarios.El Consejo del Poder Judicial ha definido recientemente la casación como un recurso de defensa de la ley y del acto procesal para que pueda intentar dejar sin efecto una resolución judicial. Este recurso se lleva a término por haberse cometido una infracción de un precepto penal o vulnerado determinadas normas procesales, bien en el momento del juicio oral o en el momento de redactar la sentencia.

Quedan al margen de este procedimiento judicial, y no son motivo de debate, el relato de los hechos acaecidos con ocasión del 23-F y que están recogidos d e manera inamovible en la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Los siete magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo empezarán hoy a examinar la sentencia del 23-F y comenzarán a barajar una triple hipótesis jurídica, una de cuyas posibilidades podría desembocar en la repetición de la vista del Consejo Supremo de Justicia Militar seguido contra los presuntos implicados en el golpe de Estado. Estas posibilidades han sido detalladas a este periódico por el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Central de Barcelona Juan Piqué Vidal:

- La primera de dichas salidas consistiría en la desestimación total de los recursos planteados. Consecuentemente, la sentencia dictada por el Consejo Supremo dé Justicia Militar pasaría a ser firme.

- La sala del Supremo podría considerar una segunda hipótesis, consistente en señalar la existencia de una infracción de ley y que significaría la redacción de una nueva sentencia, en la que se aplicasen de una manera adecuada los artículos del Código y por la que quedasen modificadas las penas impuestas a determinados procesados.

- Una tercera hipótesis sería la del reconocimiento de la existencia de un vicio jurídico cometido en las sesiones del Consejo o en la elaboración de la sentencia. La estimación de cualquiera de estos motivos, calificada como un quebrantamiento de forma, determinaría la retroacción de lo actuado al momento de cometerse la supuesta infracción, bien al trámite de redacción de la sentencia o bien al momento del juicio oral que se considerase adecuado.

En el caso de que los siete magistrados llegaran a esta última conclusión, la de volver a repetir determinada diligencia del juicio oral, en opinión del profesor Piqué Vidal, se respetaría el principio de unidad de las actuaciones, que comportaría la repetición de toda la vista judicial militar.

Esta posibilidad legal ha sido utilizada en contadas ocasiones por el Tribunal Supremo. Una de las más recientes fue ordenada por el alto organismo en 1981 a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona. A raíz de esta resolución se tuvo que repetir la celebración de un juicio oral seguido por un robo con homicidio. En aquella ocasión, el Supremo consideró que se había cometido una infracción formal, ya que la sala debía estar compuesta por cinco magistrados, dada la gravedad de la pena solicitada.

Recursos excepcionales

Con este recurso de casación se agota la vía jurisdiccional, es decir, la totalidad del procedimiento iniciado con la instrucción del sumario por el 23-F. Con carácter muy excepcional, y si se da una serie de requisitos contemplados en el artículo 954 de la ley de Enjuiciamiento Criminal -como podrían ser la aparición y revelación de hechos importantes-, podría plantearse un recurso de revisión ante el mismo Supremo, por el fiscal, los acusados o los familiares.

En esta vía de excepcionalidad se encuentra también la posibilidad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso puede ser utilizado al considerar que en la sentencia se han infringido algunos de los principios amparados por el texto constitucional. Esta vía será ejercida por los abogados de algunos procesados si fracasan en sus recursos de apelación.

La atención de los observadores estará centrada hoy en el fiscal general del Estado, José Antonio Burón Barba, un cordobés de 64 años de edad, que ejerció como maestro antes de iniciarse en la carrera judicial, miembro de Justicia Democrática y que durante varios año! estuvo destinado a la Audiencia Nacional. El será el encargado de abrir la vista de apelación con un largo recurso, que afecta a 28 de los 33 procesados.