Andorra estudia el establecimiento de impuestos por primera vez

La necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos para cubrir el presupuesto público ha obligado al Gobierno andorrano a incrementar las tasas de importación de tabaco, gasolina y licores anisados. El Gobierno está estudiando también el establecimiento de un sistema de impuestos, hecho que supondría una novedad de gran repercusión en un Estado donde no hay más contribuciones que las tasas pagadas por entrada de mercancias y las cargas fiscales locales que establece en cada uno de los pueblos el Comú, o Ayuntamiento.Sectores conocedores de la realidad andorrana interpretan las dificultades del Gobierno para cubrir su Presupuesto nacional como un "toque de atención muy serio" al modelo económico basado casi exclusivamente en "el turista que compra los productos que los andorranos han importado libres de tasas aduaneras". La crisis de los últimos años ha afectado al número de visitantes y, sobre todo, al volumen de sus compras. En consecuencia, ha decaído el volumen de mercancías importadas y también el de litros de gasolina que los andorranos importan para venderla a los turistas.

Este combustible constituye el talón de Aquiles del Presupuesto nacional. En 1981, y en años anteriores también, el 50% del Presupuesto se cubrió con los ingresos de las tasas de la gasolina. A este hecho se viene a añadir otro que atenta a este sistema: las autoridades francescas acaban de plantear al Gobierno andorrano la necesidad de que los expendedores del Principado compren la mitad de la gasolina a Francia y la otra mitad a España. Actualmente, casi toda llega de las refinerías españolas.

El pasado 17 de marzo fue aprobado el Presupuesto nacional para 1983, que apenas alcanza los 3.500 millones de pesetas, frente a los 5.000 millones de 1982. Esta disminución puede explicarse por el deseo del Gobierno de "ajustar al máximo y hacer unos cálculos equilibrados". El pasado año, el Principado se endeudó por valor de 1.500 millones de pesetas, que le fueron prestados al Estado por los bancos autóctonos.

"En el plazo de dos meses habremos terminado unos estudios previos sobre nuevas fuentes de ingresos del sector público", ha explicado a este periódico un alto cargo del Departamento de Finanzas de Andorra. El mismo portavoz ha matizado que estos nuevos ingresos se recabarán a través de impuestos. "Sin embargo, no se situarán totalmente en la perspectiva de una fiscalidad a la europea, ya que no es intención del actual Gobierno el establecimiento de una imposición directa. Las tres líneas previstas a desarrollar se sitúan en la fiscalización de transacciones inmobiliarias, en el establecimiento de unos derechos de registro sobre las sociedades y, finalmente, en una cierta fiscalidad sobre la banca".

Esta imposición al sector bancario, según el portavoz andorrano, se establecerá sobre el pasivo y no a partir de los beneficios que, por otra parte, el Estado andorrano no puede controlar por falta de mecanismos administrativos adecuados. "Una vez aprobadas estas sugerencias, el Consell de les Valls y el Gobierno podrían legislar, con un presupuesto anejo de inversiones para 1983", explicó la citada fuente.