Juzgados por supuestas torturas en Bilbao tres inspectores del Cuerpo Superior de Policía

Tres inspectores de policía, encausados por un presunto delito de torturas, fueron juzgados ayer en la sala segunda de la Audiencia Territorial de Bilbao. El defensor de los policías admitió que el denunciante, Xabier Onaindía, ex dirigente del sindicato abertzale LAB, había sido torturado en comisaría, pero negó que los encausados fueran los autores de las presuntas torturas por lo que resultó la libre absolución de sus defendidos.Xabier Onaindía Ribera, médico en la residencia sanitaria de Cruces, dirigente por entonces del sindicato LAB y posteriormente elegido diputado por Vizcaya del Parlamento Vasco, fue detenido el 13 de junio de 1979, a la salida de su casa. Pueso a disposición judicial una semana después, Onaindía denunció torturas y malos tratos ante el titular del juzgado número tres de Bilbao.

El médico forense, por su parte, certificó que el detenido presentaba: "Rigidez en la columna vertebral, hematoma en cuero cabelludo, región parieto-occipital derecha, quemaduras en la región frontal derecha e izquierda, erosiones en ambas muñecas, equimosis extensa en extremidades inferiores, trastornos de tipo nervioso, neurosis reactiva, angustia e insomnio".

Tras una complicada tramitación, el 15 de enero de 1980 el mencionado juzgado convocó para su eventual reconocimiento a cuatro policías, de los que únicamente comparecieron dos. Uno de ellos admitió haber estado presente en el interrogatorio de Onaindía, pero negó haberle torturado. El otro afirmó haber participado en la detención, pero no en el interrogatorio. Durante el acto de reconocimiento se recibió en el juzgado un falso aviso de bomba. Onaindía, por su parte, pidió al juez que hiciera entrar en la sala a otros dos policías a los que había reconocido y que se encontraban de paisano en los pasillos de la Audiencia. La petición no fue admitida por el juez.

Reconocimiento

En marzo del mismo año, un segundo intento de reconocimiento -Onaindía denunció concretamente a cuatro policías, aunque dijo que la tortura fue realizada por otros doce agentes más a los que no reconoció- hubo de ser suspendido al no presentarse los inspectores convocados. Un telegrama firmado por el director general de la seguridad del Estado excusaba la existencia de tales policías "por necesidades de servicio". Un més después se celebró finalmente el acto. De un grupo de diez personas, entre las que figuraban policías y otros ciudadanos entremezclados, Onaindía reconoció a tres policías. Estos tres agentes, Amadeo Abonjo, Salvador Cano y Miguel Angel García fueron los juzgados ayer.Tanto el fiscal como el acusador particular y los representantes de los colegios de abogados y de médicos de Vizcaya, constituídos en parte, mantuvieron su petición de cinco meses de arresto mayor por tortura, otros cinco meses por amenazas y coacciones, 400.000 pesetas de indemnización y diez años de inhabilitación para cada uno de los procesados. El defensor admitió, por su parte, la existencia de torturas, probada por el parte del forense, pero negó cualquier participación en las mismas de sus patrocinados. Pidió que se siguiera investigando para descubrir a los verdaderos culpables.

Los acusadores subrayaron el obstrucionismo practicado por el Ministerio del Interior durante el período de instrucción de la causa (en junio de 1979 el titular de la cartera era el teniente general Antonio Ibañez Freire) y llamaron a declarar, entre otras personas, al secretario y al instructor del interrogatorio de Onaindía. La acusación llamó la atención sobre las contradicciones entre las declaraciones de uno y otro, po r ejemplo respecto al lugar donde se realizó el interrogatorio. Tras reafirmarse acusación y defensa en sus conclusiones, la causa quedó vista para sentencia.