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Tensión creciente en el seno del Gobierno por las resistencias de Interior a la regulación de los derechos del detenido

Las resistencias de los cuerpos de seguridad al correcto desarrollo legal de algunos derechos constitucionales que afectan a la situación del detenido -el habeas corpus y la asistencia letrada- han incubado un conflicto entre los ministerios del Interior y Justicia, que está creando una tensión creciente que afecta también a otros miembros del Gabinete, según observadores bien informados. El retraso de los dos proyectos de leyes orgánicas ha dejado, por otra parte, al PSOE sin alternativa respecto a las iniciativas del PNV y del PCE, pendientes de estudio en el Congreso.

La concepción constitucional que contempla la libertad y la seguridad de la persona como bienes prioritarios choca frontalmente con el intento de los cuerpos de seguridad de imponer una filosofía menos estricta y que, en definitiva, permita practicar las diligencias policiales con menos garantías jurídicas para el detenido.Esta es la razón de que los textos sucesivos que ha venido preparando el Ministerio de Justicia desde diciembre del pasado año no hayan prosperado. En los últimos días, las negociaciones entre altos cargos de Justicia e Interior han registrado momentos de crispación, como cuando se intentó incorporar al proyecto de ley que el derecho a la asistencia letrada sólo pudiera ejercerse a partir de las primeras veinticuatro horas de la detención.

En líneas generales, el Ministerio de Justicia ha rebajado considerablemente sus posiciones iniciales. De la irrenunciabilidad total del derecho de asistencia letrada y de la libertad de elección de abogado en todos los casos, el departamento de Fernando Ledesma ha descendido a admitir la renuncia en los casos de delitos relacionados con el tráfico rodado y a establecer abogado de oficio para los detenidos incomunicados amén de reducir a cuatro horas el inicial periodo de ocho horas al término del cual podrán comenzar las diligencias policiales sin abogado.

En cuanto al habeas corpus o derecho a ser puesto inmediatamente a disposición judicial en los casos de detención ¡legal, el Ministerio de Justicia ha modificado también su primer texto, pero no en función de las objeciones del Ministerio del Interior -que ha estimado aplazable esta regulación y, por tanto, no ha entrado en la negociación sobre el mismo-, sino en atención a las consideraciones del Consejo General,del Poder Judicial. El texto actual mantiene la consideración de detención ilegal para las personas que "hayan sufrido en la detención o estén sufriendo malos tratos o torturas, aun estando legalmente detenidas o internadas".

Entre las modificaciones de contenido más sustancial figura una por la que se estima que el juez sólo admitirá las pruebas que le presente la persona que ha sido privada de libertad, "si se estimasen pertinentes". Asimismo, el juez, además de deducir testimonio para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse "por quienes hubieren ordenado la detención", lo deducirá también "cuando se aprecie la posible concurrencia de algún delito, habiéndose realizado denuncia falsa o simulado delito". También se ha introducido que, cuando se replantee ante la Audiencia Provincial la petición de habeas corpus denegada por el juez de instrucción, aquélla podrá denegarla de plano si su improcedencia "fuese manifiesta".

En el Ministerio del Interior se ha producido falta de coordinación, que ha contribuido a retrasar la solución del problema. El ministro, José Barrionuevo, se ha pronunciado a favor de la regulación de estos derechos y el subsecretario del Interior, Carlos Sanjuán, ha declarado con entusiasmo que, la regulación española de la asistencia letrada sería "la más progresista de Europa". Por su parte, el portavoz del departamento, Julio Fernández, informó ayer mismo a este periódico que las conversaciones "no deben ir mal" y que "se están poniendo de acuerdo" sobre los puntos en discusión.

Mientras tanto, la secretaria general técnica del Ministerio, María del Carmen Briones, interlocutora del departamento, se ha hecho eco más de las posiciones de los cuerpos de seguridad que de los altos cargos del Ministerio. La actitud de Carmen Briones, uno de los nombramientos más contestados dentro del PSOE (el diputado Pablo Castellano se refería a ella, entre otros, cuando habló de designaciones "indeseables"), es considerada por fuentes de Izquierda Socialista como continuadora de su actuación "represiva" con el Gobierno de UCD, especialmente durante su etapa de delegada de Trabajo en Cáceres, de donde pasó a asesora del subsecretario de Trabajo, José Miguel Prados Terriente.

Los planteamientos mantenidos por Interior en la regulación de estos derechos han creado malestar, entre otros sectores del PSOE, en la comisión de subsecretarios preparatoria de los Consejos de Ministros y en el seno del Grupo Parlamentario Socialista.

Fuentes de este último manifestaron a este periódico que el retraso en estos proyectos de ley puede plantearles una situación delicada en el Parlamento, ya que uno de los próximos plenos del Congreso deberá pronunciarse sobre la toma o no en consideración- de las proposiciones de ley del PNIV sobre el habeas corpus y del PCE sobre la asistencia letrada al detenido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de marzo de 1983

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