Los empresarios de la enseñanza anuncian un conflicto para el mes de abril si no existe acuerdo sobre las subvenciones oficiales

Las sesiones del 11º Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), principal organización empresarial del sector, concluyeron ayer después de un intenso programa de trabajo iniciado el pasado día 11.Los empresarios de la enseñanza no estatal agrupados en la CECE no apoyan la huelga convocada en el sector por algunos sindicatos, pero anuncian un conflicto para el mes de abril si no hay acuerdo en la negociación del convenio.

Esta respuesta empresarial se produciría de acuerdo con la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) y los Padres de Alumnos a fin de "lograr una actuación más homogénea y eficaz". La CECE decidió hacer balance de su estrategia en el convenio colectivo y en las conversaciones con el Ministerio de Educación durante el mes de mayo, en el transcurso de una junta general convocada con carácter extraordinario. La asamblea dio su voto de confianza a la junta directiva, que preside Angel Martínez Fuertes, para determinar durante este margen de tiempo las actuaciones más adecuadas a los debates del congreso, en los que han participado trescientas personas.

El ambiente entre los directores de centros es de "lógica preocupación", pues se ven abocados a negociar los aspectos económicos del convenio en función de las ofertas de subvenciones de la Administración Central para no desequilibrar excesivamente los presupuestos de los centros. Así, el incremento del 12% ofrecido a los sindicatos, que no aceptan los sindicatos promotores de la huelga por insuficiente, corresponde al aumento de las subvenciones anunciado a los sindicatos por el ministro Jose María Karavall. Los directores de centros no estatale consideran cuestiones perentorias de urgente clarificación la ampliación de las ayudas y la concesión de nuevos medios que resolverían la negociación del convenio colectivo.

Por otro lado, la CECE ha decidido mantener reuniones con sus representantes en cada gobierno autonómico para adaptar su estructura a la nueva ordenación política del Estado.