Un terrorista 'ultra' arrepentido implica en su confesión a policías municipales y guardias civiles

Viene de la primera página

La confesión de Manuel Reinero Banda se abre con una minuciosa explicación de cómo se proyectó el atentado contra el alcalde y el teniente de alcalde de Ripollet. Asegura el terrorista arrepentido que las órdenes fueron impartidas por el sargento Francisco Reina Lleonard y por el cabo Daniel López Collado, de la misma unidad.

Los dos policías municipales, según la confesión, le ordenaron también incendiar el Ayuntamiento y ejecutar a un policía municipal de nombre Luciano, para lo que le entregaron una fotografía extraída del fichero de la Policía Municipal. Ambas acciones no fueron llevadas a término porque una placa de hierro obstruía la ventana del Ayuntamiento y porque Manuel Reinero Banda manifestó "su firme propósito de no derramar ni una gota de sangre, fuera de la ideología que fuera".

Manuel Reinero Banda asegura que se entregaron donativos a los responsables de Fuerza Nueva de Sabadell y Móstoles, a la viuda de un guardia civil asesinado y que hizo también préstamos a un cabo primero de la Guardia Civil. Detalla que destinó 950.000 pesetas para la compra de diez metralletas, que debían ser adquiridas en Bélgica y traídas a España vía Andorra. Acaba confesando que el dinero producto de sus atracos, unos once millones de pesetas, los destinó a comprar sprays, y pagar viajes para que los miembros del EEL realizaron sus acciones terroristas.

Suspensión del juicio

La confesión de este ex industrial de Polinyà, creador del Comando número tres triple A y del EEL, continúa detallando nombres e implicando en sus acciones a un teniente de la Guardia Civil, actualmente destinado a Madrid y con graduación de capitán, de quien asegura que recibía las órdenes. Afirma que el teniente era el máximo responsable y quien impartía todas las órdenes, de cómo y cuándo se debían de hacer las acciones, asegurando siempre al dicente una total impunidad. Reinero afirma que el teniente le pro puso la venta de unas armas, de positadas en la Comandancia de Barcelona, y que él daría "como inutilizadas, pero que se encontrarían en perfecto funcionamiento". Finalmente no fueron entregadas.

Implica también a miembros de la Benemérita, asegurando que otros tres guardia civiles, entre ellos un cabo primero, protagonizaron un atentado contra el domicilio de unos presuntos atracadores de un miembro del EEL y contra el Ayuntamiento de Palau de Plegamans (Barcelona), porque no ondeaba en el edificio la bandera española. La confesión del ultra acaba asegurando que quemó un vehículo por orden del mencionado. teniente, averiguando después que se trataba de una venganza personal del mencionado teniente, por unos hechos acaecidos tiempo atrás y por los que acabó siendo arrestado en la sala de banderas de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona.

A raíz de esta confesión la sala de lo penal de la Audiencia Nacional decidió suspender el juicio que se debía celebrar, el 9 de marzo, contra los militantes del EEL, con la protesta de los abogados defensores, uno de los cuales, Enrique Chinchilla Ballesta, ha asegurado que esta confesión "es una venganza" y que "hay que ser muy cautos y críticos al aceptar esta versión de los hechos".

La causa judicial 86/60 está paralizada esperando el resultado de estas nuevas imputaciones y que se constate la realidad de las declaraciones de un hombre que ha sido calificado como de "dudosa catadura moral", y que llevó a cabo nueve atracos para subvencionar su empresa y el Ejército Español de Liberación.

Para el abogado penalista Chinchilla Ballesta, hay que deslindar lo que son hecho os delictivos comunes -los nueve atracos- y las acciones de carácter político, consistentes en los atentados a los locales del PSOE de Santa Perpétua de Mogoda y Sentmenat (Barcelona), al local de Los Amigos del Arte de Terrassa, y a los realizados contra el Ayuntamiento de Ripollet y los coches del alcalde y teniente de alcalde de la mencionada localidad, así como al de un presidente de una asociación de vecinos de Sabadell.

Los delitos comunes, según el letrado Chinchilla, fueron realizados por Manuel Réinero Banda y otros dos procesados. Los de carácter político fueron realizados por los demás acusados, que se encuentran en libertad provisional, y que "de alguna manera se les engañó y se les hizo creer que estaban luchando contra el marxismo".