Procesados tres funcionarios por el fraude a la Seguridad Social

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona decretó ayer el procesamiento de los inspectores de Trabajo Graciniano Gómez Catón y Manuel Ballesteros Pulido, como presuntos responsables máximos del fraude a la Seguridad Social descubierto por los servicios de la Inspección de Trabajo de Barcelona. Junto a ellos, fue procesado por los mismos cargos de cohecho, falsedad en documento oficial y estafa, el funcionario Francisco Gilabert, con destino en la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT) en el momento en que se produjeron los hechos. Los empresarios Rosendo Puigneró Sargatal; José Tres Arnal, gerente de Ondunova; Amadeo Cazador Puig, administrador de Tintes Viscolán, y el graduado social Esteban Cervantes Boira han sido, asimismo, procesados.Los tres funcionarios, cuya actuación se considera esencial por haber sido, al parecer, los promotores y mayores beneficiarios del fraude, se encuentran en ignorado paradero desde el pasado mes de enero, después de que les fuera comunicada a los dos inspectores la apertura de expediente administrativo por parte del Ministerio de Trabajo. El auto de procesamiento requiere a los tres procesados que presten fianza conjunta y solidariamente, en concepto de responsabilidad civil, de 1.500 millones de pesetas "y no verificándolo dentro de las veinticuatro horas si guientes, embárguenseles bienes bastantes a cubrir dicha suina", dice textualmente el auto.

Según el texto del auto de procesamiento, Manuel Ballestero Pulido, Graciniano Gómez Catón y Francisco Gilabert Alvarez "puestos de acuerdo entre sí y con distintos gestores administrativos graduados sociales y titulares o representantes de diversas empresas, de los que recibían dádivas en metálico, libraron en el caso de los dos primeros, con la colaboración del tercero, requerimientos de pago de cuotas atrasadas de la Seguridad Social adeudadas por numerosas empresas, en los que disminuían sustancialmente las bases de cotización y las cantidades a reclamar, produciéndose de este modo un perjuicio a la Hacienda Pública no exactamente calculado en este momento, pero no inferior a mil millones de pesetas".

Para Rosendo Puigneró Sargatal, titular efectivo de las empresas Rosendo Puigneró Sargatal, José Puigneró Sargatal y Aprestos Puigneró, se pide una fianza de 250 millones de- pesetas por estimar que existen indicios racionales de criminalidad de haber defraudado 205.266.007 pesetas. A los procesados José Tres Arnal y Amadeo Cazador Puig, ambos en prisión, se les solicita una fianza de cuarenta y sesenta millones de pesetas, respectivamente, por esti mar que defraudaron 31.785.714 y 43.531.354 pesetas cada uno. Al graduado social Esteban Cervan tes Boira, que se encuentra en ignorado paradero, se le requiere para que preste una fianza de cua renta millones de pesetas.

Con las nuevas resoluciones judiciales, son 46 las personas que se hallan procesadas por su presunta participación en el fraude, de las que treinta se encuentran en prisión provisional. El conflicto presenta en los últimos días dimensiones de mayor importancia, después de que el Ministerio de Trabajo destinara una inspectora especial de Trabajo a Barcelona para efectuar nuevas investigaciones relativas al fraude. Además de las cantidades inicialmente evaluadas, en las últimas semanas se ha procedido al levantamiento de nuevas actas complementarias.

Una de las empresas afectadas por las irregularidades, Manufacturas Nic, SA, presentó el jueves pasado suspensión de pagos ante el juzgado decano de Primera Instancia de Barcelona, con una significativa diferencia entre el activo declarado, de 405 millones de pesetas, y el pasivo, de 107 millones. La Delegación de Hacienda de Barcelona, por su parte, ha iniciado procedimientos de embargo contra varias de las empresas implicadas.