El Congreso rechazó la propuesta del Grupo Popular contra la reducción de la jornada a 40 horas semanales

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer una enmienda del Grupo Popular que pretendía la devolución al Gobierno del proyecto de ley que fija en cuarenta horas la jornada laboral máxima legal, y en treinta días como mínimo las vacaciones anuales. La Minoría Catalana y UCD se abstuvieron, en tanto que los comunistas, el Grupo Mixto y la Minoría Vasca votaron junto al PSOE. El Pleno designó, a partir de la mayoría de los votos unidos de los grupos Socialista y Popular, a Perfecto Andrés Ibáñez para cubrir la vacante de miembro del Consejo General del Poder Judial.

El Pleno se inició con el debate de la enmienda de devolución al Gobierno del proyecto de ley de fijación de la jornada laboral máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días. Fue defendida por Fernando Suárez, quien afirmó que todos los parlamentarios desean que los trabajadores vivan mejor, pero que el Gobierno está confundido si cree que reduciendo la jornada laboral aumentarán los puestos de trabajo. "Muy al contrario", dijo, "nosotros creemos que habrá más desempleados". Su afirmación de que al Grupo Popular le preocupan tanto más los desempleados o despedidos que a "los socialistas de nuevo cuño", hizo que la Cámara se dividiera entre aplau sos de su grupo y sonoros pitos de los escaños socialistas. Suá rez señaló que la ley provocará más costes, precios más altos, disminución de la competitividad, más crisis y más desempleos. Manifestó Suáréz su criterio de que la ley "atosiga y restringe los límites de la negociación entre la patronal y los sindicatos, por lo que supone un atentado a la autonomía de las partes", de la que hizo una encendida defensa posteriormente. Acusó a la ley de falta de claridad a consecuencia de defectos técnicos y precipitación.

Le respondió, en defensa del proyecto de ley, el diputado y sindicafi sta'sociali sta Manuel Chaves, quien afirmó que Fernando Suárez no había dado razones de fondo para justificar su enmienda a la totalidad "porque no las tiene, ya que nuestro objetivo es una incuestionable necesidad hoy para los trabajadores difícilmente rebatible". Mostró su estrañeza por el especial énfasis puesto por Fernando Suárez en la defensa de la autonomía de las partes y le preguntó porqué no se había manifestado de igual modo cuando en 1975 fue ministro de Trabajo, lo que provocó las protestas del Grupo Popular.

"Esta ley viene a ocumplir un compromiso del PSOE y del prospio Felipe González en la sesión d e investidura, y es una decisión que respaldan diez millones de votos".

Insistió Chaves en la idea de que el proyecto hace compatible la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y la redistribución del tiempo de trabajo entre un mayor número de trabajadores. Reconoció que la ley no es una panacea para resolver el desempleo, "ya que tiene una eficacia limitada", pero insistió en que es una medida que puede crear puestos de trabajo o al menos mantener los existentes. Añadió que la reducción de jornada no es una medida aislada, sino que debe ir acompañada del adelanto de la jubilación, la limitación de horas extras y la contratación temporal limitada.

No es indispensable

Fernando Suárez, en la réplica, afirmó que la ley no es indispensable, que el Acuerdo Marco Interconfederal la hace innecesaria por este año "por lo que podemos aprovechar el año 1983 para mejorar la ley sensiblemente" . "La ley", concluyó, "va a perjudicar nuestra competitividad con otros países europeos, y esto es precisamente lo que desea la Comunidad Económica Europea".

Santiago Carrillo, en nombre de los diputados comunistas, de Juan María Bandrés y del diputado de Esquerra Republicana Vicens, anunció su rechazo a la enmienda y su apoyo al proyecto, y acusó al Grupo Popular de usar permanentemente la expresión "golpe de Estado" e inconstitucionalidad en cuantas actuaciones está realizando el Gobierno socialista (aplausos en los escaños del PSOE).

Se mostró también a favor del proyecto de ley el diputado del PNV Andoni Monforte, quien señaló que el mismo "supone un avance social importante". No obstante , señaló que proyectos de este tipo deben tener un carácter excepcional y en el caso del debatido, carecería de efectividad si no se alcanza un nivel de productividad laboral parejo".

Expresó su perplejidad el diputado de la Minoría Catalana Joaquín Xicoy, quien, al anunciar la abstención de su grupo, indicó que sentían simpatía por la ley, porque mejora las condiciones de vida de los trabajadores, pero al mismo tiempo racionalmente estaban a favor de la enmienda a la totalidad, por considerar que el proyecto de ley está fuera de lugar, no va a generar empleo ni va, a mantener los puestos de trabajo. "No queremos ser cómplices del paro ni de la orgía que supone detener el paro rebajando las horas de trabajo". Casi, idéntica postura adoptó el Grupo Centrista, que se abstuvo.

Finalmente intervino el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, quien señaló que no es intención del Gobierno proceder en adelante a la modificación legal de la jornada de trabajo y dejar auténtica autonomía a las partes. Afirmó su convicción de la necesidad de la ley, ya que en su opinión empresas y trabajadores no han respetado hasta la fecha la regularización de las jornadas de trabajo establecidas en los acuerdos marco. La enmienda a la totalidad del Grupo Popular, obtuvo 96 votos a. favor, 178 en contra y 19 abstenciones.

Por el sistema de llamamiento nominal y papeleta se efectuó la votación para designar un miembro del consejo general del Poder Judicial. El único candidato, Perfecto Andrés Ibáñez, propuesto por el PSOE, con el beneplácito del Grupo Popular fue elegido por 237 votos a favor, tres nulos y 46 en blanco, presumiblemente de la Minoría Vasca y Catalana, Grupo Mixto -excepción de los diputados comunistas- y fugas del grupo Popular.

El pleno rechazó una proposición de ley del Grupo Popular sobre. Cámaras Agrarias, por entender el PSOE que es insuficiente y que tiene techos mucho menores que los del proyecto que el Gobierno enviará a las Cortes en mayo.